La deuda de sangre: de la complicidad a la redención de las élites y del Estado

Manifiesto por un «Impuesto de Guerra» y una Unión Sagrada: por qué el sector privado y los poderes públicos deben pagar juntos la factura de la reconquista o perecer por separado.

EL FIN DEL MITO DEL «TITANIC»

Existe una ilusión tenaz en la cúspide de la pirámide social haitiana, una quimera que durante mucho tiempo arrulló las noches de Pétion-Ville, de Kenscoff y de las alturas inaccesibles. Es la ilusión del «Titanic»: la creencia arrogante de que se puede sobrevivir indefinidamente, copa de champán en mano, en los camarotes de primera clase, mientras el casco del barco está desgarrado en tercera clase y el agua sube.

Esa ilusión ha muerto. Los acontecimientos recientes nos lo han demostrado con una brutalidad pedagógica. La violencia ya no tiene fronteras geográficas. Ya no pide «salvoconducto» para subir hacia las alturas. Cuando Bel-Air, Solino o el centro de la ciudad arden, el humo ennegrece los muros de las villas más fortificadas, y toda la economía se asfixia.

Hoy, mientras las fuerzas del orden, en un arranque de dignidad, asaltan los bastiones criminales para intentar salvar lo que queda de la República, se plantea una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿Dónde están las élites? Y por «élites» no entiendo solo a los capitanes de industria, sino también a esa clase política depredadora que ha dirigido el Estado.

Hay que tener el valor de decirlo sin complacencia: si este país está fracturado, es porque lo han roto metódicamente. Roto por una élite económica que con demasiada frecuencia practicó la secesión silenciosa y se negó a invertir en el bien común. Roto por unos poderes públicos que convirtieron el Estado en un comedero personal y dejaron que las pandillas llenaran el vacío de las funciones soberanas.

Pero ya no es hora de juicios morales, porque el tribunal está en llamas. Es la hora del cálculo de supervivencia. Las operaciones de reconquista cuestan caro. La reconstrucción social («el Build») cuesta todavía más. El Estado, exangüe, saqueado, no puede llevar solo esa carga.

Este texto es un llamado a la movilización general. Explica por qué y cómo las élites económicas y los poderes públicos deben pasar de la condición de culpables pasivos a la de accionistas de la seguridad.

AUTOPSIA DE UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Antes de pedir a las élites que paguen, hay que recordarles por qué tienen una deuda. La fractura haitiana no es un accidente de la naturaleza: es una construcción humana.

1. La secesión de las élites económicas

Durante décadas, una parte del sector privado haitiano vivió en una burbuja de impunidad fiscal y social. El modelo era sencillo: la importación masiva, la renta de monopolio y la desinversión total en el tejido social circundante.

Se construyeron muros cada vez más altos para protegerse de la miseria, en lugar de construir escuelas para reducirla. Peor aún, por pragmatismo cínico, algunos segmentos del sector privado creyeron poder «comprar la paz» financiando a jefes de bandas para proteger sus convoyes o sus almacenes.

Era un pacto fáustico. Al alimentar al cocodrilo para que se comiera a los demás, terminamos por engordarlo lo suficiente para que nos devore. Hoy las pandillas ya no piden limosna: lo exigen todo. La élite económica es responsable de haber creído que podía prosperar en un océano de desamparo sin mojarse nunca.

2. La traición de los poderes públicos

Pero no nos engañemos: si la élite económica pecó de egoísmo, la élite política pecó de depredación. Los poderes públicos cargan con la responsabilidad abrumadora de haber abdicado.

Fueron senadores, ministros, directores generales quienes, durante veinte años, utilizaron a las pandillas como herramientas de regulación electoral. Fueron las aduanas del Estado las que dejaron entrar los contenedores de armas y municiones que hoy matan a nuestros policías.

El Estado no fue «desbordado» por las pandillas: en muchos aspectos, las incubó. Pedir hoy al sector privado que contribuya sin exigir a los poderes públicos un mea culpa y una reforma drástica sería una estafa.

Estamos, pues, ante una «doble quiebra». Para salir de ella, hace falta una «doble movilización».

EL MODELO COLOMBIANO: CUANDO LAS ÉLITES PAGAN PARA SOBREVIVIR

El Estado haitiano está técnicamente en quiebra. No puede financiar una guerra de alta intensidad y una reconstrucción social («Plan Marshall») con sus ingresos actuales. Hace falta dinero fresco, ya.

El argumento clásico de la patronal es conocido y atendible: «Ya pago mi seguridad privada, mis generadores, mi agua, mis caminos. El Estado no me da nada, me roba a través de la aduana. ¿Por qué iba a dar un centavo más?»

Es un razonamiento válido en tiempos de paz. Es un razonamiento suicida en tiempos de guerra.

La Colombia de 2002: al borde del abismo

Para entender lo que es posible, miremos la Colombia de Álvaro Uribe. En 2002, cuando asume el cargo, el país está de rodillas. A comienzos de la década de 2000, algunas estimaciones consideraban que una parte muy importante del territorio escapaba a la autoridad del Estado, hasta cerca del 40 % según observadores citados por el Congressional Research Service estadounidense. El país registra entre 28 000 y 29 000 homicidios al año, es decir, cerca de 80 muertos al día. Con cerca de 3000 secuestros anuales, Colombia es la capital mundial del secuestro. Las fuerzas armadas están desmoralizadas y mal equipadas, y el Estado ya no tiene medios para pagar adecuadamente los salarios militares ni para comprar material. Las élites económicas transfieren masivamente sus capitales a Miami y Panamá.

Ante esta situación, Uribe hace una apuesta audaz: pedir a los ricos que financien su propia supervivencia.

El impuesto para la seguridad democrática (2002-2006)

En agosto de 2002, el Estado colombiano establece un impuesto extraordinario destinado a financiar el esfuerzo de seguridad, con una tasa del 1.2 % sobre el patrimonio líquido fiscal poseído al 31 de agosto de 2002, para los contribuyentes sujetos al gravamen. La medida está enmarcada jurídicamente en el Decreto 1838 de 2002 y destinada explícitamente a preservar la seguridad democrática. Previsto inicialmente por un tiempo limitado, el impuesto se prorroga y genera recursos sustanciales para el Estado (El Tiempo informa, por ejemplo, de 2.41 billones de pesos ya recaudados en 2004).

Estos fondos extraordinarios permiten al Estado colombiano financiar el equipamiento de las fuerzas armadas y de la policía, la ampliación de la red de puestos protegidos en el territorio, así como el refuerzo de las capacidades de inteligencia y de justicia. El esfuerzo es masivo y se mantiene durante varios años.

Resultados en cifras: el vuelco colombiano

En 4 años (2002-2006), los resultados son espectaculares. El cuadro siguiente muestra la evolución de los principales indicadores de seguridad:

Fuentes: Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, Policía Nacional, diversas fuentes secundarias concordantes

El cálculo racional de las élites colombianas. Las élites colombianas aceptaron contribuir porque entendieron una verdad sencilla: un patrimonio de 100 millones de USD en un país en guerra civil no vale nada, porque no puede generar ingresos ni transferirse con seguridad. En cambio, un patrimonio de 98 o 99 millones de USD (después de impuestos) en un país seguro lo vale todo, porque vuelve a ser productivo. La inversión extranjera directa aumentó con fuerza después de 2004-2005, la confianza económica volvió y las élites recuperaron un Estado capaz de proteger sus actividades.

Esa es la lección: las élites colombianas no pagaron por altruismo. Pagaron porque era su única posibilidad de supervivencia económica.

Las lecciones para Haití

El modelo colombiano nos enseña tres verdades ineludibles. Primera verdad: sin un financiamiento masivo e inmediato, ninguna reconquista es posible. Los blindados que hoy entran en Bel-Air necesitan municiones, combustible, primas para los hombres que arriesgan la vida. El Estado haitiano no puede pagarlo solo. Segunda verdad: la desconfianza hacia el Estado es legítima. Por eso el dinero debe gestionarlo un fondo independiente con derecho de veto de los aportantes, exactamente como en Colombia, donde representantes del sector privado participaban en la gobernanza de los recursos. Tercera verdad: el cálculo es racional. Si el sector privado haitiano acepta contribuir para financiar la reconquista, recupera un país donde las fábricas, los bancos y los comercios pueden funcionar sin extorsión.

LA PROPUESTA HAITIANA: EL «FONDO DE DEFENSA Y RECONSTRUCCIÓN»

Inspirada en el modelo colombiano, esta es la estructura concreta que propongo para Haití.

1. Mecanismo de contribución

Contribución extraordinaria del 1 % al 1.5 % de los activos netos para las empresas cuya facturación anual supere los 50 millones de gourdes y para los patrimonios individuales superiores a 10 millones de USD. Duración: 3 años (renovable según los resultados). Meta de recaudación: 150 a 200 millones de USD al año.

2. Gobernanza del fondo

Comité tripartito de gestión: 5 representantes del sector privado (elegidos por los aportantes), 3 representantes del Estado (Ministerios del Interior, de Defensa y de Finanzas) y 2 observadores internacionales (ONU, Banco Mundial u organización de la sociedad civil). Reglas de decisión: todo gasto superior a 1 millón de USD requiere el acuerdo de 6 de los 10 miembros (entre ellos, al menos 3 representantes del sector privado). Auditorías trimestrales obligatorias publicadas en línea.

3. Asignación de los fondos

60 % para el equipamiento táctico de la Policía Nacional de Haití (PNH) y de las Fuerzas Armadas de Haití (FADH), es decir, blindados, drones, chalecos antibalas y primas de riesgo pagadas directamente a los policías en el frente; 30 % para los programas de alta intensidad de mano de obra (HIMO) en las zonas reconquistadas (salarios para los jóvenes que reconstruyen las infraestructuras: carreteras, escuelas, centros de salud), y 10 % para la justicia y la inteligencia (protección de testigos, formación de jueces, células de inteligencia financiera).

No es caridad. Es una prima de seguro de vida. Las élites que contribuyan hoy recuperarán un país donde sus empresas puedan funcionar sin extorsión.

EL ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO: CUANDO EL SECTOR PRIVADO SABE HACER LO QUE EL ESTADO YA NO SABE

El dinero es necesario, pero no suficiente. La élite haitiana posee un recurso que el Estado ha perdido: la competencia logística. Los poderes públicos están esclerotizados, son lentos, burocráticos. Los grandes grupos privados (agroalimentación, distribución, construcción) saben gestionar cadenas de suministro complejas en tiempo real.

1. La alianza logística de crisis

Cuando la PNH recupera Bel-Air o Solino, hay que llevar de inmediato agua, comida, cemento. El Estado no sabe hacerlo rápido. El sector privado, sí. Las empresas deben poner su flota de camiones, sus almacenes y, sobre todo, sus cuadros de logística a disposición del esfuerzo de reconstrucción. Imagine una «Task Force» en la que los expertos en logística de la gran distribución organizan el abastecimiento de los barrios damnificados bajo escolta policial. Sería una demostración de fuerza y de eficacia que las pandillas no podrían igualar.

2. La inteligencia empresarial

Es un tema tabú. El sector privado es la primera víctima de la extorsión, pero también la fuente de información más precisa. Los empresarios saben quién cobra el impuesto, dónde, a qué hora y por qué circuitos. Hay que romper la omertá. Hace falta una célula de enlace confidencial a través de la cual el sector privado pueda proporcionar inteligencia financiera a la policía sin temor a represalias. Dejar de pagar la «protección» a las pandillas para financiar a la policía es un riesgo inmenso, sin duda. Pero seguir financiando al propio verdugo con la esperanza de ser devorado el último es una muerte segura.

EL «ESCUDO SOCIAL»: CREAR OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

Hemos hablado de dinero y de logística. Hablemos ahora de la fractura económica. Si recuperamos Bel-Air militarmente, ¿qué haremos con los jóvenes de 20 años que viven allí? Si la economía formal no les ofrece ninguna perspectiva, la pandilla seguirá siendo su única opción.

La iniciativa «Zonas de Oportunidad Económica»

El acompañamiento de las élites debe ser un Choque de Inversión Productiva en las zonas reconquistadas. Hay que crear talleres de subcontratación en los márgenes de los barrios populares (confección textil, ensamblaje electrónico, transformación agroalimentaria), desarrollar centros de llamadas y servicios digitales (Haití cuenta con una mano de obra francófona y creolófona que puede atender a los mercados norteamericanos y caribeños) y financiar, conjuntamente entre el sector privado y los donantes internacionales, programas de formación profesional acelerada (de 3 a 6 meses para formar soldadores, electricistas, mecánicos).

No es RSE para quedar bien en un informe anual. Es estrategia contrainsurgente. Un joven con nómina ya no pone bombas. Defiende su empleo.

EL DEBER DE LOS PODERES PÚBLICOS: EL FIN DE LA DEPREDACIÓN

Este manifiesto sería incompleto e injusto si solo se dirigiera al sector privado. El Estado no puede limitarse a tender la mano para cobrar el cheque de las élites. Debe reformarse, o desaparecer. Para que el sector privado acepte pagar este «Impuesto de Guerra» y comprometerse, los poderes públicos deben dar garantías inmediatas, y que les cuesten sangre, de su cambio de chip.

El fin de la impunidad aduanera. Es el escándalo absoluto. No se puede pedir a los policías que mueran en el frente si los aduaneros siguen dejando entrar, a cambio de sobornos, las municiones que los matarán. El Estado debe poner los puertos bajo una tutela de seguridad militarizada y transparente. Cada bala que entra es una traición del Estado a sus propias tropas.

La justicia o el caos. Las operaciones de reconquista van a producir prisioneros. Si la cadena penal (jueces, fiscales) sigue liberando a los jefes de pandillas a cambio de dinero, todo este esfuerzo será en vano. La élite judicial también debe elegir bando. Hacen falta tribunales especializados y blindados, y jueces «sin rostro» (protegidos y anónimos) para tratar los casos de terrorismo urbano, como hizo Italia contra la Mafia.

La ejemplaridad en el tren de vida. No se puede pedir un esfuerzo extraordinario a los empresarios si los ministros y directores generales siguen paseándose en carroza y dilapidando los escasos recursos. La austeridad del Estado debe ser el espejo del esfuerzo de guerra que se pide a la nación.

LA UNIÓN SAGRADA O EL SUICIDIO COLECTIVO

Haití está en una encrucijada. La opción del «statu quo» ya no existe. La opción de la fuga masiva de capitales es una ilusión (las fábricas y las tierras no se llevan en una maleta). La fractura entre la élite y el pueblo, entre lo privado y lo público, es la brecha por la que se han colado las pandillas. Para cerrar esa brecha hace falta algo más que cemento: hace falta un nuevo contrato social.

De un lado, una élite económica que acepta por fin pagar el precio de su seguridad e invertir en la economía productiva de las zonas populares. Del otro, un poder público que deja de ser un depredador para volver a ser un protector.

Señores capitanes de industria, señores dirigentes políticos: la Historia los mira.

Los blindados que entran en Bel-Air les ofrecen una ventana de oportunidad, quizá la última. No la desperdicien por avaricia o por cinismo. Conviertan esta reconquista militar en una refundación nacional.

Si se niegan a pagar hoy la factura de la paz, tengan por seguro que mañana pagarán el precio del derrumbe total. Y ese precio no se negocia.