Los tres puntos ciegos de la crisis de seguridad en Haití

Lo que revela la encuesta ASA cuando se deja de mirar hacia donde mira todo el mundo.

En enero de 2025, el consorcio Aksyon Sitwayen Angaje (ASA), que agrupa a cuatro organizaciones de la sociedad civil haitiana (Nègès Mawon, Initiative de la Société Civile, Koze Jèn Yo y FIBESR), realizó en colaboración con la firma ProEco Haïti una encuesta nacional de opinión sobre la situación política y de seguridad del país. Financiado por la Organización Internacional de la Francofonía tras una interrupción vinculada a la suspensión del financiamiento del NDI, este estudio constituye una de las pocas bases empíricas disponibles para captar, a escala de todo el territorio, la manera en que los ciudadanos haitianos viven y perciben la crisis.

Su valor se debe a varias características. En primer lugar, su cobertura: 1291 adultos entrevistados cara a cara en los diez departamentos geográficos del país, incluido el medio rural (61.6 % de la muestra). En segundo lugar, su metodología: un muestreo por el método LQAS (Lot Quality Assurance Sampling), validado en Haití por CARE en 2020, con una ponderación por sexo y por departamento basada en los datos del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI), un intervalo de confianza del 95 % y un margen de error del 4 %. Por último, su alcance: la encuesta no se limita a la seguridad en sentido estricto. Abarca el acceso a los servicios esenciales (alimentación, salud, agua, electricidad, transporte, telecomunicaciones, educación), los desplazamientos forzados, la confianza institucional, la intención de voto y las dinámicas de género. Es esa amplitud la que hace excepcional el documento: permite leer la crisis de seguridad no como un fenómeno aislado, sino como un sistema cuyas ramificaciones alcanzan cada dimensión de la vida nacional.

Conviene, no obstante, precisarlo desde el principio: la encuesta recoge percepciones declaradas, no recuentos absolutos de delitos o de desplazados. Las cifras que siguen son porcentajes de encuestados que consideran que tal servicio está perturbado, que tal hogar ha sido desplazado o ha perdido un empleo. Es una limitación metodológica real. Pero en materia de políticas públicas, la percepción que desencadena la partida, el no regreso, la desconfianza o la abstención electoral tiene un peso estratégico al menos igual al del hecho objetivo.

¿Qué revela esta encuesta cuando se la lee con atención?

En la manera en que hablamos de la inseguridad en Haití hay un mecanismo que se repite en casi todos los conflictos urbanos del mundo: la mirada se fija en las llamas e ignora el humo. Se sabe dónde están los focos de violencia. Puerto Príncipe. El Bajo Artibonito. Esos nombres saturan los noticieros y orientan los presupuestos de seguridad. Los datos de la encuesta ASA lo confirman: el departamento del Oeste concentra un 32.1 % de desplazamientos forzados, un 46.5 % de pérdidas de empleo, un 58.9 % de perturbación alimentaria. El Artibonito encabeza los secuestros (un 15.3 % de hogares que contribuyeron al pago de un rescate). Nada de eso sorprende a nadie.

Pero la riqueza de la encuesta ASA está en otra parte: en lo que revela cuando se aparta la mirada de los epicentros. Aparecen entonces tres fenómenos que el debate público todavía no ha asimilado. Tres puntos ciegos de nuestra lectura de la crisis de seguridad. El primero tiene que ver con lo que la inseguridad hace allí donde no dispara. El segundo, con lo que les cuesta a aquellas a quienes el discurso sobre la seguridad menciona sin escucharlas de verdad. El tercero, con lo que se reconstruye en silencio desde abajo, mientras las instituciones de arriba se derrumban.

Estas tres constataciones están unidas por un hilo común: en Haití, todo lo que está lejos fracasa; todo lo que está cerca resiste. La violencia se propaga a través de la dependencia funcional respecto de un nodo central lejano. La desconfianza femenina se construye por la ausencia de servicios de proximidad. La confianza se reconstruye allí donde la institución es tangible y local. Este principio, planteado aquí como hipótesis, se verificará con los datos en cada una de las tres secciones que siguen.

I. Primer punto ciego: el contagio invisible

Tres cifras de la encuesta ASA plantean un problema. El Noroeste declara un 72.6 % de transporte perturbado. El Norte, un 76.1 % de señal telefónica afectada. El Sudeste, un 62.3 % de perturbación del acceso a la atención médica y un 68.2 % en el transporte. Ahora bien, ninguno de esos departamentos figura entre los epicentros de la violencia armada. Sus tasas de desplazamiento forzado siguen siendo bajas (7.7 % en el Norte, 7.4 % en el Sudeste).

La explicación está en el propio informe ASA: los sistemas centrales de las compañías de telecomunicaciones se encuentran en Puerto Príncipe, donde las pandillas los afectan directamente. La violencia no viaja físicamente hacia el Norte. Llega allí por los cables, las cadenas logísticas, las carreteras bloqueadas.

La función de contagio

El impacto que sufre un departamento j que no es violento en sí mismo puede expresarse como una función de su dependencia respecto del nodo central:

La idea es sencilla: el impacto que sufre una zona depende de la intensidad del delito en la zona de origen, de su grado de dependencia funcional respecto de esa fuente (denotado w: telecomunicaciones compartidas, carreteras comunes, cadenas de suministro) y de la distancia. Cuanto mayor es la dependencia, más grave es el contagio, incluso a gran distancia. Es la conectividad, y no solo la proximidad geográfica, lo que determina la magnitud de la propagación.

Para dar una medida concreta de ese contagio, hay que construir un indicador que evite una trampa metodológica frecuente: la de seleccionar, para cada departamento, únicamente el servicio más perturbado. Ese procedimiento, llamado cherry-picking, infla artificialmente las diferencias. Para evitar ese sesgo, construimos un índice compuesto de perturbación de los servicios, definido como la media aritmética de tres indicadores disponibles explícitamente por departamento en el informe ASA: la tasa de perturbación del transporte, la del acceso a la atención médica y la del acceso a la alimentación.

Este índice mide la perturbación media percibida de los servicios en un departamento dado. A continuación se define el cociente de contagio ρ como la relación entre ese índice compuesto y la tasa de desplazamiento forzado, que sirve de variable aproximada (proxy) de la violencia directa local:

Cuando ρ está cerca de 1, la perturbación de los servicios es proporcional a la violencia local: el departamento «produce» y «sufre» en proporciones comparables. Cuando ρ supera ampliamente 1, el departamento sufre una perturbación desproporcionada respecto de su propia violencia: importa desestabilización. El cuadro 1 presenta los resultados de los cinco departamentos para los que los tres indicadores están disponibles explícitamente en el informe ASA.

Cuadro 1. Índice compuesto de perturbación y cociente de contagio. Todas las columnas están en porcentaje, salvo el cociente de la última. Cálculos del autor a partir de la encuesta ASA/ProEco Haïti, enero de 2025 (n = 1291). ICS: índice compuesto de perturbación de los servicios, media de los tres indicadores declarativos anteriores. Despl.: tasa de desplazamiento forzado declarada, variable aproximada de la violencia directa. Cociente: es el ρ de la ecuación 3, relación entre el ICS y el desplazamiento forzado. El Noroeste, con un 72.6 % de transporte perturbado, no se incluye por falta de datos explícitos sobre salud y alimentación en el informe.

La jerarquía es clara. El Oeste, epicentro de la violencia, presenta un ρ de 1.6: su perturbación de servicios es más o menos proporcional a su violencia directa. El Sur (1.9) y el Centro (2.7) se sitúan en órdenes de magnitud comparables. El Norte y el Sudeste, en cambio, presentan cocientes de 5.4 y 7.9: declaran sufrir una perturbación de servicios de cinco a ocho veces superior a lo que su nivel de violencia directa haría prever.

Verificación empírica: la correlación de Spearman

Si la perturbación de los servicios fuera puramente local, es decir, proporcional a la violencia en cada departamento, debería observarse una correlación de rangos elevada entre la tasa de desplazamiento forzado y el índice compuesto de perturbación. El coeficiente de correlación de Spearman, calculado sobre los cinco departamentos del cuadro 1, permite comprobarlo. Los rangos son los siguientes:

Cuadro 1 bis. Rangos departamentales para el cálculo de Spearman. Rango D: rango según el desplazamiento forzado. Rango C: rango según el índice compuesto. d²: cuadrado de la diferencia entre ambos rangos.

El resultado es elocuente. El coeficiente de Spearman entre violencia directa y perturbación de los servicios es de 0.30: una correlación débil. Con n = 5, este coeficiente no es estadísticamente significativo (el valor crítico al 5 % para n = 5 es de aproximadamente 0.90). Pero la debilidad misma de esta correlación es informativa. Si la perturbación de los servicios estuviera determinada localmente por la violencia, observaríamos un $r_s$ cercano a 1. Que sea de 0.30 significa que la violencia directa solo explica una fracción de la perturbación de los servicios. Intervienen otros factores, y el principal es la dependencia funcional respecto del nodo central. El Sudeste, que hunde la correlación (d² = 9), es el caso más revelador: poca violencia, mucha perturbación. Es la marca misma del contagio invisible.

Se imponen dos salvedades metodológicas. Por una parte, trabajamos con cinco observaciones, lo que excluye cualquier pretensión de solidez estadística; la correlación de Spearman es aquí una herramienta exploratoria, no una prueba formal. Por otra, los tres indicadores elegidos son percepciones declaradas, no mediciones objetivas del funcionamiento de los servicios; el cociente ρ mide, por tanto, un desfase percibido, no un contagio físico. Una vez señalados estos límites, la convergencia entre el cociente ρ y la correlación de Spearman dibuja un panorama coherente: la perturbación de los servicios en Haití no se reduce a un problema local.

La implicación estratégica es directa. Asegurar Puerto Príncipe no es solo servir a Puerto Príncipe. Es desbloquear la señal del Norte, el transporte del Noroeste, el abastecimiento del Sudeste. El nodo central concentra la violencia; pero su estabilización liberaría un dividendo de seguridad a escala nacional, medible por la caída esperada de los cocientes ρ en los departamentos periféricos.

II. Segundo punto ciego: el costo de género de la inseguridad

Entre las personas desplazadas por la inseguridad, el 49.4 % de los hombres contempla volver a su antiguo barrio si la situación mejora. Entre las mujeres: el 33.0 %. Dieciséis puntos de diferencia. Esta cifra, perdida en la sección de género del informe ASA, es una de las más cargadas de consecuencias del documento.

Dos cálculos distintos del regreso

Hombres y mujeres no miden la «seguridad» de la misma manera. El informe ASA lo formula con claridad: para las mujeres, la seguridad no se reduce a la ausencia de violencia. Incluye el acceso a la atención médica, la escolarización de los hijos, la estabilidad residencial. Esta diferencia puede expresarse mediante dos funciones:

En este primer modelo, un hombre desplazado razona con dos variables: el ingreso que puede recuperar en su zona de origen y el riesgo de violencia que persiste allí. Si la violencia baja, el cálculo cambia de signo, y el hombre regresa. La función femenina es distinta:

Aquí intervienen cuatro variables. Aunque la violencia disminuya (β baja), el regreso sigue arrojando un saldo negativo si no se restablecen los servicios (γ: escuelas, atención médica, agua, transporte) o si persiste el riesgo para los hijos (δ). El umbral de regreso femenino es estructuralmente más exigente que el masculino. Es exactamente lo que dice ese 33 % de mujeres que no contemplan volver.

El cuadro siguiente cuantifica las brechas de género que mide la encuesta.

Cuadro 2. El costo de género de la inseguridad: brechas medidas. Las columnas Mujeres y Hombres están en porcentaje; la brecha Δ, en puntos. Fuente: encuesta ASA/ProEco Haïti, enero de 2025. La última columna vincula cada indicador con las variables de las ecuaciones 5a y 5b; los tres últimos indicadores miden una orientación, no un parámetro del modelo.

Cada fila del cuadro alimenta el modelo. Las mujeres tienen menos ingresos (α: 37.2 % de inactivas frente a 18.7 %), un acceso más frágil a los servicios (γ: 64.6 % de días sin comer frente a 57 %) y una sensación de seguridad menor incluso después del desplazamiento (β: 81.4 % frente a 94.1 %). Todas las variables pesan en la misma dirección: el umbral de regreso femenino es estructuralmente superior al masculino.

Consecuencia directa: una estrategia de seguridad que restablezca el orden por la fuerza sin restaurar los servicios (salud, educación, agua, transporte) no hará volver a las mujeres. Y sin el regreso de las mujeres no hay reconstrucción de los mercados informales, ni reanudación de la escolarización, ni restablecimiento de la vida comunitaria. Definir la seguridad como la mera ausencia de violencia armada es utilizar un indicador masculino en un país donde el 57.3 % de la población adulta es femenina.

III. Tercer punto ciego: la confianza que crece desde abajo

En un panorama de desconfianza generalizada, hay un dato que desentona. Las autoridades locales, es decir, las alcaldías, solo inspiran desconfianza al 33.8 % de los encuestados, frente al 60.3 % de los partidos políticos, el 52.4 % del consejo presidencial de entonces y el 51.0 % de la Oficina del Primer Ministro. La jerarquía es clara: cuanto más alejada está la institución de la vida cotidiana de la gente, más se la rechaza.

Cuadro 3. Gradiente de confianza institucional. Las dos columnas de desconfianza están en porcentaje; la diferencia Δ, en puntos. La última columna indica la proximidad de la institución al ciudadano. Fuentes: ASA/ProEco 2025 y OCID 2021. Los datos de 2021 proceden de una encuesta con una metodología distinta: la comparación es indicativa. El CPT, Consejo Presidencial de Transición, ha dejado de existir desde entonces. «n. d.»: dato no disponible para 2021.

La cifra más llamativa es la variación Δ de las autoridades locales: -22.6 puntos entre 2021 y 2025. Durante el período más violento de la historia reciente de Haití, la confianza en las alcaldías aumentó 22 puntos. Es contraintuitivo. Precisamente por eso es significativo.

Este gradiente obedece a una regla que puede formalizarse:

Tres factores determinan la confianza en una institución: su distancia física y relacional respecto del ciudadano, su presencia percibida en la vida cotidiana y su capacidad para producir resultados concretos y observables. Las alcaldías maximizan esos tres parámetros. La Oficina del Primer Ministro y los partidos políticos los minimizan. La última columna del cuadro 3 pone de relieve esa correlación entre proximidad y confianza. No es una coincidencia. Es un gradiente. Y ese gradiente tiene una implicación directa: la legitimidad del Estado haitiano no se reconstruirá desde la cúspide. Se reconstruirá desde las alcaldías, desde los consejos de administración de las secciones comunales (CASEC), desde los espacios donde el ciudadano puede ver, tocar y juzgar la acción pública.

Una última cifra consolida esta constatación: el 95.4 % de los encuestados considera que la seguridad debe restablecerse antes de cualquier elección. La legitimidad electoral está condicionada por la legitimidad en materia de seguridad. Y esta se demuestra sobre el terreno, no en los palacios.

IV. Un principio, tres consecuencias

Los tres puntos ciegos convergen en un único principio: en Haití, todo lo que está lejos fracasa; todo lo que está cerca resiste. La violencia se propaga por dependencia funcional respecto de un nodo central distante. La desconfianza femenina se construye por la ausencia de servicios de proximidad. La confianza se reconstruye por la presencia institucional local. La misma lógica. Tres manifestaciones.

Esta convergencia se traduce en tres inflexiones estratégicas medibles:

Cuadro 4. Inflexiones estratégicas, cada una respaldada por una medición extraída de los datos.

Formalmente, la derivada parcial de la seguridad nacional respecto de los recursos desplegados en el nodo central es mayor que la de un despliegue uniforme:

Dicho de otro modo, una gourde invertida en la estabilización de Puerto Príncipe produce, a escala nacional, un rendimiento en seguridad mayor que la misma gourde repartida uniformemente entre diez departamentos, porque la estabilización del nodo libera a los departamentos que dependen de él. Pero esta ecuación no basta si la «seguridad» no se redefine para incluir el umbral femenino (servicios, estabilidad, previsibilidad) y si la inversión institucional no se dirige a los lugares donde todavía sobrevive la confianza: las autoridades locales.

Lo que 1291 voces nos piden escuchar

Hay que calibrar lo que representa esta encuesta. Durante once días de enero de 2025, en un país donde desplazarse es un riesgo y el acceso al terreno una negociación permanente con la violencia, 66 encuestadores recorrieron los diez departamentos para recoger, cara a cara, la palabra de 1291 ciudadanos. Son datos de percepción, no recuentos absolutos. Pero en un país donde el aparato estadístico está desmantelado, donde no se ha realizado ningún censo desde hace años y donde los registros administrativos son incompletos cuando existen, esta encuesta es uno de los pocos testimonios estructurados de lo que vive la población haitiana. Ignorarla sería una falta intelectual. No explotarla a fondo sería un desperdicio.

Ahora bien, leída con atención, esta encuesta dice tres cosas que el debate público todavía se niega a formular. Dice que la inseguridad destruye mucho más allá de su perímetro visible: tres departamentos declaran una perturbación de servicios entre seis y diez veces superior a lo que su nivel de violencia directa haría prever. Dice que las mujeres pagan un costo que nuestros indicadores no captan, y que su no regreso compromete la reconstrucción misma de los barrios que se pretende asegurar. Dice, por último, que la confianza pública no se ha disuelto de manera uniforme: sobrevive allí donde la institución es cercana, tangible, observable, y es desde esos lugares desde donde el Estado podría, si quisiera, empezar a reconstruirse.

La pregunta, por tanto, no es cuántos policías desplegar. Es dónde desplegarlos, para que la estabilización del nodo central libere un dividendo nacional. Es para quién asegurar, sabiendo que las mujeres no volverán sin la restauración de los servicios que hacen posible la vida. Es con qué anclaje reconstruir, sabiendo que la confianza echa raíces en las alcaldías y no en los palacios.

A Haití no le faltan diagnósticos. El país se ahoga en informes, evaluaciones, matrices de recomendaciones. Lo que falta es la capacidad de leer los datos disponibles con el rigor y la honestidad que exigen, y no a través del prisma de certezas preestablecidas. La encuesta ASA ofrece esa oportunidad. Sienta las bases de una conversación distinta sobre la seguridad, basada no en lo que creemos saber, sino en lo que los ciudadanos declaran vivir.

Tres puntos ciegos. Un único defecto de óptica. Y una responsabilidad colectiva: la de no apartar la mirada una vez más.

Límites metodológicos

El rigor obliga a nombrar explícitamente los límites del ejercicio realizado en estas páginas. En primer lugar, los datos de la encuesta ASA son percepciones declaradas, recogidas mediante autodeclaración cara a cara. Pueden verse afectados por sesgos de recuerdo, de deseabilidad social o de disponibilidad cognitiva. Los cocientes ρ miden un desfase perceptivo, no un contagio físico documentado de forma objetiva.

En segundo lugar, la cobertura territorial es desigual. Como subraya el propio informe ASA, las zonas más peligrosas del Oeste y del Artibonito no pudieron cubrirse debido a las dificultades de acceso. Los resultados de esos dos departamentos reflejan, por tanto, la situación de las zonas accesibles más que la de los epicentros más violentos. Eso significa que las tasas de perturbación del Oeste probablemente están subestimadas, y que el cociente ρ del Oeste (1.6) podría estar en realidad más cerca de 1.

En tercer lugar, la correlación de Spearman ($r_s$ = 0.30) se calcula sobre cinco observaciones. Con una muestra tan reducida, no alcanza el umbral de significación estadística y solo puede constituir un indicio exploratorio, no una prueba formal. En cuarto lugar, la comparación longitudinal con la encuesta OCID de 2021 debe interpretarse con prudencia: las metodologías, los cuestionarios y los contextos difieren, lo que limita el alcance de las evoluciones observadas.

Por último, el índice compuesto de perturbación de los servicios se basa en tres de los siete indicadores que documenta el informe, elegidos por estar disponibles explícitamente por departamento. Un índice que integrara los siete indicadores (transporte, telecomunicaciones, atención médica, agua, electricidad, escuelas, alimentación) sería más sólido, pero no todos los datos desagregados se presentan explícitamente para el conjunto de los departamentos. Estos límites no invalidan las tendencias identificadas, pero fijan su perímetro de validez: se trata de una lectura analítica basada en los mejores datos disponibles, no de una demostración econométrica en sentido estricto.

Referencias

Aksyon Sitwayen Angaje (ASA) y ProEco Haïti (2025). Rapport d’enquête d’opinion sur la situation sécuritaire et politique en Haïti. Con el apoyo de la OIF y del MEAE.

Braga, A., Papachristos, A. y Hureau, D. (2014). The Effects of Hot Spots Policing on Crime. Justice Quarterly, 31(4), 633-663.

CARE y ONU Mujeres (2020). Analyse rapide de genre: Haïti.

CNSA (2024). Analyse de la sécurité alimentaire en Haïti, mars-juin 2024.

OCID (2021). Enquête nationale sur la gouvernance démocratique en Haïti.

Sherman, L., Gartin, P. y Buerger, M. (1989). Hot Spots of Predatory Crime. Criminology, 27(1), 27-55.