Solino, o el método que falta

Desde comienzos de año se han multiplicado las señales enviadas en dirección a Solino. El 26 de marzo, la ministra de Planificación y Cooperación Externa, Sandra Paulemon, recibió a los representantes del proyecto «Retour au Quartier - Solino» («Regreso al barrio»), en la línea de una hoja de ruta trazada por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. El 17 de abril, una delegación interministerial encabezada por el ministro de Juventud, Deportes y Acción Cívica, Pythagore Dumas, recorrió la zona acompañada de funcionarios de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA), de la Alcaldía de Puerto Príncipe y de Protección Civil, con el fin de evaluar los daños y orientar las intervenciones. En la prensa empiezan a circular cifras: un millar de viviendas por reconstruir, varios miles de jóvenes por formar en los oficios de la construcción. Se han anunciado farolas. Existe una voluntad gubernamental. Ya es algo.

Queda la pregunta que ninguna visita, ningún anuncio y ningún comunicado ha planteado todavía con claridad: ¿sabemos lo que estamos emprendiendo?

La tentación es responder que sí, porque el vocabulario parece familiar. Reconstruir después de un desastre: Haití lo hizo, o más bien lo intentó, en 2010 y en los años siguientes. La reconstrucción posterior a una catástrofe es un terreno bien señalizado, con sus manuales, sus indicadores, sus donantes especializados, su doctrina probada. Se evalúan los daños, se movilizan los recursos, se reconstruye, se reactivan los servicios, se acompaña el regreso de la población. La gramática es conocida. El problema es que esa gramática no se aplica a lo que le ocurrió a Solino.

Un sismo, una inundación, un incendio: estos sucesos comparten una característica decisiva. Golpean un tejido, pero dejan intacto lo que no es de piedra y chapa. Los vecinos siguen siendo los vecinos. La panadera sabe todavía a quién le fía. El conductor de tap-tap sigue conociendo el nombre de los niños que ha visto crecer. El contrato tácito de convivencia que mantenía en pie el barrio antes de la catástrofe persiste en medio de los escombros. El cemento, cuando vuelve, viene a asentarse sobre un sustrato que ha sobrevivido. Es esa continuidad invisible la que hace posible la reconstrucción en el sentido en que se la entiende habitualmente. No es una creación: es una reparación.

Solino no está en esa situación. Lo que le ocurrió no es un desastre, es un desalojo. Una violencia organizada, ejercida por la coalición Viv Ansanm («vivir juntos» en criollo) tras casi dos años de presión, expulsó a los habitantes de sus casas, incendió las construcciones, saqueó los bienes, borró, poco a poco, las huellas materiales de una vida colectiva. Pero hizo más. Dispersó a la gente. Rompió las cadenas de vecindad. Obligó a cada uno a marcharse solo, deprisa, sin avisar a los demás, porque avisar era ponerse en peligro. Cuando hoy se piensa en el regreso, no es un barrio dormido lo que se intenta despertar. Es una población dispersa de la que ya nadie sabe con exactitud quién es, dónde vive, qué quiere.

No tenemos, en el lenguaje corriente, una palabra para designar lo que ocurrió. «Desplazamiento forzado» suena demasiado administrativo, «limpieza» está políticamente cargada, «desalojo» sigue siendo demasiado civil. Esta carencia léxica no es un detalle. Mientras un fenómeno no se nombra con propiedad, la respuesta que se le opone sigue siendo, por defecto, la que se aplica al fenómeno vecino que tiene el nombre más claro. Y el fenómeno vecino con el nombre más claro, en materia urbana haitiana, es la catástrofe natural. Se toma su gramática, se aplica, y no se ve lo que se le escapa.

Lo que se le escapa es que la materia prima de la reconstrucción de Solino no es, en primer lugar, el concreto. Es el tejido humano que se ha deshecho. No es una cuestión sentimental, es una cuestión operativa. Reconstruir un millar de viviendas para una población de la que todavía no se sabe quién querrá volver, cuántos, en qué condiciones, es correr el riesgo documentado de producir un barrio dormitorio que sus propios habitantes abandonarán en cuanto puedan. Ya se ha visto en otros lugares, en contextos comparables, cada vez que se trató la reconstrucción como un problema de oferta de vivienda.

Hay que añadir algo que complica todavía más la lectura: el Solino de antes no era un óptimo que restaurar. Era ya una zona de pobreza concentrada, de construcciones anárquicas, de servicios básicos ausentes, de agua que no llegaba, de electricidad que parpadeaba, de escuelas que apenas funcionaban. La falta de un catastro fiable, la ocupación de terrenos non aedificandi, el hacinamiento en las laderas y al borde de los barrancos habían producido pacientemente, década tras década, una vulnerabilidad de la que la captura por las pandillas fue la consecuencia más que la causa. Un territorio sin propiedad documentada es un territorio cuyo uso nadie puede defender jurídicamente. Un territorio por el que el Estado no pasa nunca es un territorio cuyas reglas acabará organizando otro. Así que lo que hoy se llama el Solino por reconstruir es en realidad un equilibrio deficiente que terminó por ceder, y no un orden sano interrumpido brutalmente.

Esto cambia la pregunta. «Reconstruir», en sentido literal, equivaldría a restablecer la configuración que produjo la caída. Evidentemente, nadie desea eso, aunque sea a menudo lo que ocurre, porque lo más fácil es reconstruir tal cual lo que conserva el recuerdo y reclaman los derechohabientes. La alternativa, «refundar», entraña sus propios riesgos: una refundación decidida desde arriba, con plano de ingeniero y reconfiguración autoritaria de la trama urbana, abre la puerta a lo que Beirut vivió con Solidere en la década de 1990: un centro reconstruido del que sus antiguos habitantes fueron excluidos poco a poco, un espacio materialmente impecable y socialmente vaciado. La historia no es haitiana, pero la advertencia sí lo es.

Y esta advertencia pesa tanto más cuanto que Solino no es un barrio aislado. Es una muestra de esa constelación de barrios populares que, desde hace al menos tres décadas, han servido a la economía política haitiana. La historia reciente, la que está documentada, muestra vínculos reiterados entre las dinámicas territoriales de los barrios populares y los usos políticos o criminales que se han hecho de ellos. Jamaica formalizó este modelo hasta darle un nombre, las garrison constituencies, cuya genealogía ha reconstruido minuciosamente la literatura académica, de Obika Gray a Laurie Gunst. Haití no llegó a ese grado de formalización, pero el fenómeno de las «bases», el empleo de jóvenes de los barrios populares en funciones de movilización o de protección y, después, el surgimiento de pandillas territoriales como Gran Grif en el Bajo Artibonito, todo eso pertenece al ámbito de lo que puede citarse sin conjeturas.

En ese marco, volver a Solino con algunos equipamientos y un discurso de reactivación es correr el riesgo de renovar, sin saberlo, el arreglo que produjo la caída. Es devolver la zona a un estado de funcionamiento suficiente para que la vida se reanude, sin tocar las condiciones estructurales que la convertían en un terreno abonado para cualquiera que decidiera servirse de ella. La reconstrucción cosmética no preserva la paz: la debilita al darle la apariencia de un restablecimiento. Permite a los actores políticos pasar página, cuando la página ni siquiera se ha escrito.

Porque hay un fenómeno, documentado por Charles Tilly a lo largo de periodos extensos, que conviene nombrar: la rutinización de la violencia colectiva. En cada ciclo, el umbral de lo admisible sube. Los zenglendos de la década de 1990 operaban todavía con una lógica de depredación individual; los chimè politizaron la violencia, pero la contuvieron en marcos clientelistas; Viv Ansanm sube un peldaño más, con la coalición, el control territorial duradero y el desafío frontal a la soberanía. En cada peldaño, lo que era impensable en el anterior se convierte en la nueva línea de base. No es una fatalidad psicológica, es un fenómeno de memoria social: la generación siguiente opera a partir del precedente, no del origen. Si Solino se reconstruye sin refundar el contrato que lo gobierna, el próximo ciclo, si llega, partirá de Viv Ansanm como norma, no como excepción.

Por eso lo que Solino necesita, antes de todo programa, antes de toda partida presupuestaria, antes de todo anuncio con cifras, es un método. Un método que no separe el diagnóstico de la acción, que no trate «lo que hay que comprender» y «lo que hay que hacer» como dos tiempos sucesivos, sino como dos caras de un mismo gesto. Este método se despliega en cinco capas articuladas (física, de tenencia de la tierra, demográfica, económica e institucional), cada una con su propia observación y su traducción operativa, cada una llamando a la siguiente.

La primera capa es física, y es también la más inmediatamente decisiva. Antes que nada, hay que levantar una cartografía detallada del terreno: topografía, pendientes, comportamiento de los suelos, zonas inundables, capacidad portante de las edificaciones que quedan en pie. El Solino de antes de las pandillas ya tenía una parte significativa de sus edificaciones levantada sobre terrenos donde nunca debió construirse: al borde de los barrancos, sobre suelos inestables, en bolsas expuestas a la escorrentía. Esta cartografía no desemboca en un informe que se archiva, sino de inmediato en una decisión: qué debe demolerse porque puede reconstruirse en otro lugar, qué debe reconfigurarse porque puede repararse con un refuerzo estructural, qué debe abandonarse como zona non aedificandi y transformarse en espacio público o en calles. Esta decisión no es solo técnica: toca la memoria de los lugares y las pertenencias, y supone una consulta a los habitantes que es en sí misma un acto de reconstrucción social, porque los devuelve a la posición de sujetos de su lugar y no de objetos de un proyecto. La audacia sin cartografía es brutalidad. La cartografía sin audacia es gestión. La primera capa plantea las dos a la vez.

La segunda capa es la de la tenencia de la tierra, y es en ella donde se decide buena parte de lo que separa una reconstrucción cosmética de una reconstrucción fundacional. Se trata de establecer quién ocupaba qué, a qué título, desde cuándo. Títulos oficiales, posesiones que pueden documentarse mediante testimonios, ocupaciones preexistentes reconocidas por la comunidad. Pero esta observación no tiene sentido si no va seguida, sin solución de continuidad, de la regularización sistemática de la tenencia, con inscripción en la Dirección General de Impuestos (DGI), reconocimiento de los usos antiguos y entrega de títulos oponibles a terceros. Perú llevó a cabo una operación comparable con el COFOPRI en la década de 1990, con todas las críticas que se quiera sobre su mercantilización, pero demostrando que una regularización masiva es factible en pocos años. Para una población que acaba de ser expulsada, que ha perdido hasta los papeles que probaban su existencia administrativa, el título de propiedad es más que un documento jurídico. Es el reconocimiento público de que unas personas vivieron allí, construyeron allí, pertenecen a ese lugar. Hace a su titular jurídicamente defendible, económicamente visible, fiscalmente identificable. Es la llave que abre todo lo que vendrá después.

La tercera capa es demográfica, y su dificultad propia es mayor de lo que parece. Quién ha vuelto ya, quién quiere volver, quién se ha reinstalado en otro lugar de forma duradera: en la parte alta de Delmas, en Pétion-Ville, a veces en Tabarre, a veces en la República Dominicana, cuando redes familiares preexistentes lo hacían posible. La población de referencia no está reunida en un campamento donde se la pudiera contar; está dispersa en una miríada de arreglos improvisados: en casa de una tía, en una habitación alquilada, en una vivienda que ya acoge a tres familias. Un censo focalizado, realizado en colaboración con las organizaciones de base, las iglesias y las escuelas que han mantenido el contacto con los desplazados, es la única manera de ajustar la oferta de reconstrucción a la demanda real. Este censo no vale como estadística, vale como calibración: las cifras que hoy se adelantan (mil viviendas, varios miles de jóvenes) flotan sin anclaje empírico mientras no se asiente esta capa. Y obliga a una decisión. Si la población que quiere volver es de trescientos hogares y no de mil, reconstruir para mil es fabricar el barrio dormitorio que nadie quería. Si es de dos mil, es condenar a la mitad de los derechohabientes a quedarse fuera. Observar para calibrar, calibrar para decidir, en un solo gesto.

La cuarta capa es económica, y es la que sostiene la reconstrucción del tejido productivo en el sentido más concreto. Hay que cartografiar las cadenas de subsistencia de antes, entender cómo funcionaban los talleres, los comercios, los vínculos de empleo, identificar lo que puede reactivarse, lo que se ha perdido para siempre, lo que debe sustituirse por otra cosa. Pero esta cartografía, una vez más, solo vale en la medida en que permite una decisión de estructuración activa, y esa estructuración se juega simultáneamente en dos planos: el de la cadena productiva y el de la infraestructura financiera que la hace viable.

En el primer plano, la formación en los oficios de la construcción, si se imparte en el aula durante meses antes de que los jóvenes salgan a buscar un empleo que no existe, reproduce el fracaso clásico de los programas haitianos de formación profesional. La alternativa es concebir la propia obra como escuela: los jóvenes de Solino reconstruyen Solino, bajo la dirección de maestros de obra; la reconstrucción se convierte en la certificación y, al hacerlo, rehacen el barrio como suyo. La materialidad del gesto produce el vínculo social, y no al revés. Pero una obra-escuela no crea una cadena productiva. Para que la competencia adquirida genere empleo duradero, es necesario que, a partir de los jóvenes formados, se constituyan cooperativas o pymes de la construcción arraigadas en el barrio, capaces de presentarse a licitaciones públicas más allá de Solino una vez superado el período de arranque. Eso supone una ingeniería que va más allá de la formación: acompañamiento en la estructuración jurídica, alianzas con centrales de compra para los materiales, certificación técnica reconocida y una cláusula de contenido local exigible, inscrita en cada contrato público celebrado para la reconstrucción, no como recomendación, sino como cláusula contractual cuyo incumplimiento acarree sanciones. Esa cláusula existe en otros lugares, en las concesiones mineras chilenas o peruanas, en algunos programas de desarrollo urbano. Sin ella, la formación es un gasto, no una inversión. Con ella, la cadena productiva existe porque cuenta con los encargos para desplegarse.

En el segundo plano, el de la infraestructura financiera, la reconstrucción económica de Solino puede apoyarse en un recurso del que no disponían las generaciones anteriores de urbanistas: la inclusión financiera digital. Cuatro modelos, en contextos muy diferentes, convergen hacia una misma arquitectura: WeChat Pay y Alipay en China, PromptPay en Tailandia, UPI en la India, M-Pesa en Kenia. El mecanismo cabe en pocas palabras. La vendedora de fritay (frituras callejeras) no necesita una cuenta bancaria clásica abierta en una sucursal de Delmas. Necesita un código QR en su puesto. El cliente paga con su teléfono. El dinero llega a una billetera móvil que puede servir de inmediato para saldar la deuda con el mayorista, pagar la electricidad, enviar dinero a la familia en provincias, comprar el material para la obra vecina. La desmaterialización es completa; el efectivo pasa a ser residual. Haití ya dispone de la infraestructura técnica con MonCash y NatCash; lo que falta no es la tecnología, sino la densificación del uso a escala de un barrio entero, respaldada por un programa decidido de equipamiento de los comercios y de capacitación en su uso. Cada transacción deja un rastro, y ese rastro constituye un historial. Seis meses de historial de ingresos diarios, documentados y suavizados, permiten conceder a la vendedora un microcrédito ajustado a su flujo real, que su título de propiedad viene a complementar como garantía si el monto lo justifica. El perfil de riesgo se invierte: cuantas más transacciones hace, más visible se vuelve para el sistema financiero y más acceso tiene a productos que consolidan su actividad. Y esta infraestructura produce un efecto colateral que sería necio ignorar: la economía de las pandillas descansa en el efectivo, en la liquidez sin rastro, en la posibilidad de extorsionar a un comerciante cuyos ingresos son invisibles. Un barrio donde los pagos son mayoritariamente digitales es un barrio donde la extorsión cotidiana pierde eficacia. No es una protección absoluta (ningún dispositivo lo es), pero es una fricción estructural añadida a la ecología económica del crimen.

Antes de abordar la última capa, hay que nombrar lo que mantiene unidas las cuatro anteriores como promesa política, y no como simple apilamiento técnico: la dimensión simbólica. Medellín, durante la alcaldía de Fajardo, a comienzos de la década de 2000, instaló en sus comunas más degradadas edificios deliberadamente monumentales, encargados a arquitectos de primer nivel. Los Parques Biblioteca, de los que la Biblioteca España en Santo Domingo Savio, diseñada por Giancarlo Mazzanti, es el ejemplo más conocido, asumían una tesis clara: los edificios públicos más bellos deben estar allí donde la gente ha recibido históricamente lo peor. Es una inversión simbólica, y produjo un efecto de contagio documentado, porque las demás comunas quisieron lo que Santo Domingo había recibido, y la presión política se volvió colectiva. En Solino, una demostración así podría tomar la forma de un centro cultural y educativo de gran calidad arquitectónica, con biblioteca, salas de trabajo, espacio de debate, equipamiento digital, laboratorios de idiomas y de programación. Un lugar donde los niños del barrio preparen sus exámenes en las mismas condiciones que los de Pétion-Ville, donde los adultos sigan cursos de formación, donde se celebren con regularidad concursos de debate y encuentros intelectuales. No es estética: es la señal material de que otra jerarquía espacial es posible. Sin esa señal, el método sigue siendo técnico. Con ella, se vuelve político en el sentido pleno.

La quinta capa es institucional, y es la que cierra el círculo. ¿Quién se encarga de integrar las cuatro anteriores? ¿En qué nivel del Estado puede arbitrarse cuando la capa de la tenencia contradice a la capa física, cuando la capa económica exige una elección que la capa demográfica no valida? ¿Con arreglo a qué rendición de cuentas se dicta ese arbitraje? Estas preguntas no son accesorias. Un diagnóstico sin una autoridad que lo integre sigue siendo un documento. Y un documento, en Haití, se archiva. Pero esta capa contiene también, en su traducción operativa, lo que quizá sea la demostración más poderosa de lo que puede ser un Estado refundado a escala de un barrio: el ciclo fiscal visible.

La titulación de la tierra crea propietarios. Los propietarios, a los que la bancarización digital hace visibles, se convierten en contribuyentes de manera no punitiva. La DGI ya no cobra un monto fijo arbitrario, sino que calibra una contribución proporcional a un flujo documentado, con una tasa baja compensada por una base ampliada: impuesto predial sobre lo edificado, patente, impuesto sobre el volumen de negocios (TCA) de los comercios registrados. Y (es aquí donde la refundación del contrato se vuelve tangible) una parte identificada de esa recaudación se destina al propio barrio, en forma de servicios visibles: la escuela que funciona, con comedor; las calles mantenidas; la recolección diaria de la basura; el puesto de salud abierto día y noche; el alumbrado que no falla; el agua a menos de doscientos metros de cada vivienda. El ciudadano ve regresar su impuesto. Es esa visibilidad del retorno la que legitima al Estado como actor económico y no solo como fuerza de seguridad. No es una especulación: las federaciones urbanas colombianas experimentaron con este mecanismo a partir de la década de 2000, y es una de las razones por las que los habitantes de las comunas desfavorecidas de Medellín acabaron pagando su impuesto predial. Porque veían, calle tras calle, lo que eso producía.

La seguridad debe pensarse entonces no como presencia, sino como arquitectura y como contrato. Las Unidades de Policía Pacificadora de Río de Janeiro, citadas durante un tiempo como modelo, se derrumbaron precisamente porque descansaban en una presencia policial sin contrapartida contractual con los habitantes y sin articulación con los demás eslabones de la cadena penal. La alternativa es hacer de la presencia de seguridad uno de los términos de un pacto local explícito, renovable, cuya ruptura sea pública: los habitantes se comprometen a denunciar, a cooperar, a participar en comités de seguimiento, a cambio de garantías sobre la permanencia de la protección. Ese pacto solo es un mecanismo de corresponsabilidad si se inscribe en una arquitectura que una a la policía, la inteligencia y la justicia en un dispositivo permanente. Sin esa articulación, la recaptura del territorio por las pandillas no es una hipótesis lejana: es la trayectoria más probable.

Queda por decir lo que este artículo no pretende ser. No es una hoja de ruta operativa, no es un plan de ejecución, no es una nota de política pública. Es un método, sometido a discusión, que se sostiene o no se sostiene como tal. Ninguno de los dispositivos haitianos actuales, tomado por separado, está estructurado para conducir una operación integrada de esta naturaleza. El Ministerio de Planificación y Cooperación Externa (MPCE) producirá su capa de planificación; el Ministerio de Deportes y Acción Cívica, sus programas de juventud; la Alcaldía, su componente de ordenamiento urbano; la DINEPA, su red de agua; la policía, su dispositivo de seguridad. Cada uno rellenará sus informes de ejecución. La integración, que es precisamente de lo que se trata, no se habrá producido en ninguna parte. No es que falte voluntad: es que falta un marco.

Ese marco puede inventarse al pensar Solino. También puede no inventarse, en cuyo caso la reconstrucción de Solino no habrá sido más que el intervalo entre dos destrucciones. Ya hemos vivido varias. La diferencia, esta vez, es que el método existe si se lo elige, y que esa elección no es técnica. Es política, en el sentido más sobrio del término: se trata de saber si el Estado quiere demostrar que es capaz de reaparecer en algún lugar, de forma duradera, íntegra, como un Estado. Solino puede ser el ejemplo. No lo será por la lista de cosas anunciadas; lo será por la coherencia de lo que se haga, en el orden en que deben hacerse las cosas.

Lo reproducible es el método. No la cifra.