La segunda edad de Viv Ansanm

Desde hace algunas semanas, la ofensiva policial se intensifica en el área metropolitana. Se han recuperado posiciones que Viv Ansanm («vivir juntos» en criollo) controlaba desde hacía tiempo, se han liberado hace poco algunas facultades, se multiplican los golpes. Los enfrentamientos no han cesado, los disparos todavía se oyen a lo lejos, ninguna zona ha vuelto plenamente a la normalidad, pero los avances son reales. En ese mismo intervalo, sin embargo, los componentes metropolitanos de la coalición han enmudecido. Las ruedas de prensa de Jimmy Chérizier se han vuelto escasas, los videos de propaganda casi han desaparecido, los ataques espectaculares contra las instituciones soberanas del Estado han cesado. Ese silencio, instalado justo cuando la presión aumenta, es la verdadera novedad. Pide una lectura, y esa lectura no es tranquilizadora. Viv Ansanm entra en su segunda edad, aquella en la que una organización criminal deja de acumular mediante la violencia espectacular para empezar a arraigarse en los circuitos económicos de la sociedad que parasita. Es el momento más peligroso, porque es aquel en que la batalla parece dar un vuelco cuando en realidad solo está cambiando de terreno.

Nombrar el objeto

Las palabras con que se designa a Viv Ansanm no son intercambiables. Cada una dicta una doctrina. Pandilla pide policía, insurgencia pide contrainsurgencia, organización terrorista pide sanción y ataque selectivo, mafia pide desmantelamiento financiero. Equivocarse de calificación es equivocarse de estrategia.

El informe de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime de marzo de 2026 propuso la calificación más precisa disponible hasta la fecha. Los jefes de Viv Ansanm son intermediarios armados. Intermediarios violentos, incrustados en los propios circuitos por los que se ejerce el poder político y económico en Haití. Desde su formación, la coalición habría tenido la capacidad material de tomar Puerto Príncipe y nunca lo hizo. No se sustituye un sistema del que se obtiene una renta. El marco complementario de la gobernanza criminal, construido por Enrique Desmond Arias (2017) y por Benjamin Lessing (2020), ilumina la lógica: actores armados ejercen funciones propiamente gubernamentales (regulación, tributación, arbitraje) en territorios donde el Estado está ausente o en negociación tácita con ellos. Lessing distingue tres regímenes según que los criminales coexistan con el Estado, lo penetren o lo sustituyan. Viv Ansanm no responde a un régimen único, sino a una configuración híbrida en la que coexisten, según los territorios, las tres lógicas: sustitución parcial en algunos barrios urbanos, penetración en las interfaces políticas, coexistencia en las zonas rurales de expansión reciente. Esa heterogeneidad es en sí misma un factor de resiliencia, porque complica cualquier estrategia de respuesta unificada.

Esta tesis de la intermediación no invalida la posibilidad mafiosa: la aplaza. Un intermediario armado que dispone de rentas duraderas, de interfaces estabilizadas con las élites y de tiempo suficiente, y que logra disciplinar la violencia en su seno, termina deslizándose hacia la configuración mafiosa. Deja de ser intermediario para convertirse en padrino. La literatura internacional documenta esta trayectoria con una regularidad inquietante. La condición más a menudo subestimada es precisamente la última: la capacidad de reducir el costo de la violencia interna. Mientras no se logre, la estructura sigue siendo un cártel inestable, a la mexicana, y no una mafia, a la siciliana. Por lo demás, esta transición no es inevitable. En algunos contextos (México, Brasil, Nigeria), la incapacidad para estabilizar la violencia interna produce un equilibrio duradero de fragmentación antes que una consolidación mafiosa. Haití se sitúa hoy en la bisagra entre esos dos desenlaces, y la llanura de Cul-de-Sac ofrece, en estos últimos días, una ilustración descarnada.

En qué aprende a convertirse una coalición

Peter Lupsha (1996) propuso la secuencia canónica: una fase depredadora, de acumulación violenta; una fase parasitaria, de instalación duradera en ciertos sectores gravados en paralelo al Estado; una fase simbiótica, en la que la estructura criminal y las estructuras económicas y políticas legales se vuelven mutuamente dependientes. Viv Ansanm recorrió la depredación en 2024, consolidó el parasitismo en 2025 y en 2026 entra en el umbral simbiótico.

Lo que implica la aproximación simbiótica, Diego Gambetta (1993) lo había establecido para Sicilia. Una mafia es, ante todo, una industria de protección privada, que prospera en los intersticios de un Estado incapaz de garantizar la seguridad de los contratos, las propiedades y las personas. La extorsión es su cara visible; la provisión de un orden alternativo, su cara productiva, y es esa segunda cara la que la vuelve imposible de desarraigar una vez instalada. Federico Varese (2011) precisó las condiciones del arraigo: una demanda latente de protección, una élite local dispuesta a transigir, una debilidad coercitiva duradera del Estado. Haití reúne las tres. Maurizio Catino (2019) añadió un punto decisivo sobre la resiliencia: las estructuras más difíciles de desmontar no son las pirámides, que ofrecen una cabeza que cortar, sino las federaciones horizontales de unidades semiautónomas que comparten reglas y una simbología. Es exactamente hacia esa arquitectura hacia donde Viv Ansanm se reconfigura hoy.

El arraigo a través de la élite

El núcleo del problema no es la potencia de fuego de los grupos armados, sino la transformación de su relación con las élites económicas y políticas. Buonanno, Durante, Prarolo y Vanin (2015) reconstruyeron el nacimiento de la mafia siciliana, que no surge de un vacío de Estado, sino de la demanda concreta de grandes terratenientes privados de la protección feudal tras la unificación italiana. Las élites compraron protección; los intermediarios armados se convirtieron en mafia al vendérsela. Acemoglu, Robinson y Santos (2013) documentaron el mecanismo colombiano, en el que los paramilitares producían votos a cambio de la protección política de las rutas de la cocaína y de las tierras usurpadas. Los autores hablan de monopolio de la violencia, expresión que designa menos una conquista que un reparto: el Estado no solo pierde el control coercitivo, sino que se convierte en una institución compartida con los intermediarios.

El costo económico de ese reparto es elevado. Pinotti (2015) estimó la pérdida de PIB por habitante en dieciséis puntos porcentuales en treinta años para las regiones italianas más expuestas. Para Haití, un reciente documento de trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, elaborado por Grazzi, Llamas, Lotti y Peña (noviembre de 2025), estableció por primera vez una estimación causal equivalente. Aprovechando la heterogeneidad geográfica de la violencia entre distritos y cruzando datos de ACLED, de Business Activity Trends de Meta y de imágenes nocturnas de la NASA, los autores documentan que un hecho violento adicional en un distrito se asocia con una caída de alrededor del 3.1 por ciento de la actividad económica en los diez días siguientes. A un horizonte de cinco meses, un hecho político o civil adicional produce una contracción persistente de entre el 1.5 y el 2.5 por ciento, con efectos de hasta el 6.2 por ciento sobre la luminosidad nocturna. Al cabo de un año, el efecto persiste en torno al 1 por ciento. Los servicios a los hogares y los servicios profesionales son los más afectados; el sector público muestra una resiliencia relativa. Estos coeficientes se miden localmente, a nivel de distrito, y no pueden agregarse mecánicamente a escala nacional, pero su perfil indica una dinámica acumulativa persistente, es decir, una violencia que no solo produce un choque puntual, sino que deja cicatrices duraderas. Es precisamente por la acumulación de esas cicatrices como se instala el techo de desarrollo de las economías bajo dominio mafioso.

Ese techo no es teórico. Se paga en inversión desalentada, en emigración de talento, en selección adversa de los políticos. Daniele y Geys (2015) mostraron que la presencia mafiosa degrada de forma medible la calidad de los cargos electos, al favorecer perfiles menos íntegros y menos capaces de producir políticas públicas eficaces. Barone y Narciso (2015) documentaron la captura sistemática de la contratación pública por empresas vinculadas a la mafia. El propio marco institucional acaba modificado: las decisiones de inversión, las decisiones políticas, la cultura económica. En Haití, esta dinámica no responde a un modelo histórico importado. Se construye en interacciones contemporáneas, en las que ciertos segmentos económicos y políticos encuentran, al menos a corto plazo, un interés en la estabilización local que ofrecen los actores armados, sea cual sea su naturaleza. Ese interés, aunque no se formule públicamente, constituye la materia prima de toda interfaz duradera con las élites.

La mutación bajo presión

Viv Ansanm surgió públicamente en febrero de 2024 sobre una arquitectura de doble vector. Un eje horizontal, formado por los barones territoriales del G9 y del G-Pèp. Un eje vertical, encarnado por Chérizier, a cargo del discurso mediático. Esa configuración ofrecía dos asideros: la posible fragmentación de los barones y la posible decapitación de la cúpula. La presión coercitiva ejercida desde finales de 2025 no ha producido ni lo uno ni lo otro. Ha producido una reorganización interna. El eje vertical, expuesto por naturaleza a los golpes, se ha convertido más en un costo que en un activo, disciplinado y marginado no porque haya sido vencido, sino porque atrae el fuego. El eje horizontal, en cambio, se ha consolidado. A cada barón le interesa volverse más autónomo, diversificar sus rentas, insertarse localmente entre los actores económicos y políticos que pueden protegerlo. La fragilidad por heterogeneidad se convierte en resiliencia por distribución.

El modelo de franquicia identificado por la GI-TOC, en el que Canaan se ramifica hacia Montrouis, 5 Segond hacia Kenscoff y Cabaret, y 400 Mawozo hacia Mirebalais y Lascahobas, no es más que la traducción espacial de ese mecanismo. La coalición se convierte en un cártel laxo, una coordinación de operadores soberanos, con reparto implícito de las zonas y una simbología unificadora. Esta horizontalización tiene, sin embargo, un reverso que enseña la experiencia regional: la multiplicación de los conflictos por la renta entre barones ahora más autónomos, y la tentación de absorber por la fuerza las bolsas de territorio que todavía se resisten a alinearse. Los enfrentamientos abiertos en la llanura de Cul-de-Sac entre el 15 y el 20 de abril de 2026, en los que Chen Mechan, el Taliban de Jeff Gwo Lwa en Canaan y 400 Mawozo de Lanmò Sanjou lanzaron una ofensiva conjunta contra las pandillas de Pierre 6 y de Terre Noire, con decenas de víctimas civiles atrapadas entre dos fuegos, ilustran esta dinámica. La coalición habla menos hacia fuera y consume más violencia en sus márgenes, tanto para disciplinar a las pandillas no alineadas como para extender su dominio. Es la señal de una estructura que aún no ha resuelto el problema de la estabilización interna, sin el cual ninguna mafia digna de ese nombre se instala de forma duradera.

La federación no es homogénea en su trayectoria. Mientras sus componentes metropolitanos aprenden la disciplina del silencio, algunas franquicias rurales en plena expansión siguen de lleno en la fase depredadora. La masacre de Jean-Denis en la noche del 28 al 29 de marzo de 2026, reivindicada por Gran Grif y documentada por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos con cerca de setenta víctimas, el redespliegue en Pont-Benoit y la toma de Marchand-Dessalines el 1 de abril, y el reparto público de dinero a la población local por parte de los hombres de Kokorat San Ras, aliado cercano de Gran Grif, revelan una temporalidad completamente distinta. Estas células no callan: consolidan por la fuerza e inician, mediante la redistribución selectiva, el paso de la depredación pura a una forma embrionaria de gobernanza criminal local. Viv Ansanm vive, pues, simultáneamente varias fases de la secuencia de Lupsha según los territorios: depredación activa en el Artibonito, estabilización mediante la franquicia en expansión e inicio simbiótico en el área metropolitana. Esta asimetría interna es el sello de las arquitecturas de franquicia, y vuelve aún más compleja cualquier tentativa de respuesta unificada.

En el otro extremo del espectro, en algunas partes de la llanura y en la zona metropolitana, indicios sobre el terreno apuntan a una forma aún más avanzada de incrustación. Algunas comerciantes que compran productos importados a ciertos mayoristas ya arraigados en esos ejes gozan de una exoneración de hecho en los peajes controlados por las pandillas. El cobro ya no se realiza directamente sobre el paso de la mercancía: se integra aguas arriba en el precio de compra, a través de una cadena de suministro parcialmente cautiva. Esos operadores no son actores nuevos. Están arraigados desde hace mucho en su comunidad, son socialmente reconocidos y estructuran la economía local, lo que vuelve el arreglo especialmente opaco: la comerciante no trata con una pandilla, se abastece donde siempre ha comprado. Es precisamente esa dilución de la coerción en la rutina comercial lo que la literatura sobre la mafia identifica como un umbral de maduración, el momento en que una organización criminal deja de amenazar porque el mercado se ha reorganizado en torno a ella. Ninguna prueba directa permite hoy documentar un uso de esos canales para blanquear fondos ilícitos, y hay que atenerse a esa constatación. Pero la estructura misma del dispositivo crea la posibilidad de ese uso a medida que se consolida, y es precisamente ese tipo de vuelco el que debe poder atacarse, antes de que se vuelva irreversible, remontando hasta los cuellos de botella formales ineludibles: los puertos de importación y los mayoristas aguas arriba.

En este contexto, el silencio público de la coalición no admite una sola lectura. Puede ser disciplina estratégica: es nuestra hipótesis central. Puede ser también saturación operativa impuesta por la presión militar, o incluso negociación implícita con ciertos segmentos de la élite que preparan una amnistía. Las tres hipótesis no se excluyen; probablemente coexisten según los actores y los territorios. Lo que comparten es la conclusión estratégica: un repliegue de la visibilidad no es un repliegue de la estructura.

La trampa de la economía informal

Aquí interviene una dificultad propia de Haití que la literatura clásica subestima. Las herramientas canónicas para desmantelar las economías criminales se concibieron para contextos en los que domina la economía formal. Registros de la propiedad, conocimiento del cliente bancario, beneficiarios finales, auditorías de la contratación pública: todas suponen un sustrato formal denso por el que el capital ilícito debe pasar para transformarse en patrimonio utilizable. En Haití, donde la parte informal de la actividad supera con mucho a la formal según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI), ese sustrato solo existe en estado de archipiélago. El capital ilícito puede circular, acumularse y transmitirse sin atravesar los escasos cuellos de botella formales. Una estrategia calcada de los precedentes europeos sería en gran medida inoperante.

La respuesta debe repensarse en función de la estructura real de la economía haitiana. Cuatro palancas merecen examen.

Primero, los cuellos de botella formales ineludibles. Incluso en una economía mayoritariamente informal, ciertas operaciones transitan necesariamente por infraestructuras formales: los puertos de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y Saint-Marc para los contenedores; los operadores regulados MonCash, NatCash, Caribe Express y Unitransfer para las transferencias por encima de un umbral; los notarios para las operaciones inmobiliarias significativas; la contratación pública y las concesiones. Esos cuellos de botella representan una fracción minoritaria de la economía, pero una fracción mayoritaria de los flujos ilícitos útiles, porque la renta, para convertirse en patrimonio, tiene que acabar desembocando en ellos. Concentrar la trazabilidad en esos puntos, en lugar de perseguir la ilusión de una formalización general, es la primera decisión de método.

Después, la extraterritorialidad financiera. En la economía dolarizada del Caribe, los activos ilícitos acaban transitando por el sistema bancario estadounidense, a través de los bancos corresponsales, las redes Visa y Mastercard y las transferencias electrónicas internacionales. Esa dependencia es una palanca. La Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro estadounidense, la OFAC y los mecanismos del tipo Global Magnitsky permiten una trazabilidad y una coerción que superan lo que el Estado haitiano podría producir por sí solo. Organizar una cooperación sistemática con esos mecanismos es más eficaz que multiplicar instrumentos nacionales mal dotados.

Tercera palanca, la persecución de los activos pesados. Una economía informal diluye los flujos, pero concentra los patrimonios. La renta criminal, para ser útil, se materializa en bienes inmuebles, hoteles, complejos comerciales, casas de cambio, participaciones en empresas exportadoras. Esos activos son localizables, y su propiedad, rastreable mediante investigación forense. La ley Rognoni-La Torre en Italia y la extinción de dominio colombiana produjeron resultados decisivos por esa vía. Una legislación haitiana inspirada en esos modelos, adaptada a las limitaciones locales en materia de prueba y de ejecución, cambiaría la relación costo-beneficio de la integración criminal en la economía legal.

Por último, una instancia de investigación híbrida según el modelo de la CICIG guatemalteca o de la MACCIH hondureña, con magistrados internacionales, autonomía procesal y un mandato explícito sobre los casos de interfaz con las élites. Estas estructuras son políticamente frágiles: acaban desmanteladas en cuanto se vuelven eficaces. Pero, mientras funcionan, producen resultados que ningún aparato judicial nacional expuesto a la corrupción puede obtener. No se trata de eludir la soberanía haitiana, sino de permitir que la justicia haitiana trate casos que no puede instruir sola.

Estas cuatro palancas no son equivalentes en viabilidad inmediata. En un horizonte de doce meses, y dada la capacidad estatal actual, la extraterritorialidad financiera y la persecución de los activos pesados aparecen como las más directamente movilizables y las más susceptibles de producir efectos tangibles a corto plazo. Las otras dos siguen siendo estratégicas, pero su activación depende de decisiones políticas de más largo aliento.

La ventana es estrecha

Viv Ansanm todavía no es una mafia. Es un dispositivo de intermediación armada en fase de maduración que se desliza hacia la configuración mafiosa. La distinción no es académica. Combatir a un intermediario es desarticular circuitos de intermediación. Combatir a una mafia es arrancar de raíz una institución económica adversa. El primer ejercicio es difícil; el segundo, más aún, y las sociedades que fracasan en él pagan durante varias generaciones.

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) acaba de entrar en funciones; sería prematuro prejuzgar sus resultados. No es prematuro afirmar que no bastará si el Estado haitiano y sus socios no construyen en paralelo el segundo piso de la respuesta, el que ataca la renta y las interfaces, y no únicamente a los portadores de armas. Las estimaciones causales recientes con datos haitianos indican que a cada hecho violento adicional corresponde una contracción medible y duradera de la actividad. Dejar que la transición tipológica se complete es aceptar inscribir en la estructura haitiana, durante al menos una generación, el techo de desarrollo que la literatura internacional asocia a las economías bajo dominio mafioso.

El intermediario no quiere ocupar el lugar del Estado: quiere que el Estado exista lo justo para que haya algo que exprimir. El padrino ya ni siquiera quiere exprimir: quiere ser parte del Estado, en sus nombramientos, en sus contratos, en sus arbitrajes. Haití se encuentra, en 2026, en la bisagra que separa ambas figuras. El silencio actual de la coalición, lejos de anunciar su derrota, indica que la bisagra está girando. Todavía es posible sujetarla. Pero nadie, hasta hoy, ha construido las herramientas que lo permitirían.

Réginald Surin

Economista