Haití, el Estado fantasma y la economía de guerra: la trampa del Código Fiscal de 2023

Existe en Puerto Príncipe una frontera invisible que nadie traza en los mapas oficiales, pero que cada comerciante, cada conductor de tap-tap y cada residente conoce en carne propia. Es la línea donde termina la República y empieza otro régimen. No es simplemente una zona sin ley, como se suele repetir con una pereza intelectual culpable. Es una zona de otra ley.

El Estado haitiano no pierde solo kilómetros cuadrados: pierde la gramática del poder. Sigue publicando decretos, redactando códigos fiscales, como si ejerciera una soberanía plena y total sobre su capital. Ahora bien, Puerto Príncipe funciona hoy bajo un régimen de soberanía fragmentada. Cerca del 80 % de la ciudad escapa al control efectivo de la autoridad pública y depende de una coalición armada, Viv Ansanm («vivir juntos» en criollo), que ya no se limita a ejercer la violencia. Administra. Recauda. Arbitra. Regula.

El malentendido es trágico. El Estado haitiano piensa y actúa como una administración de tiempos de paz, con sus pesadeces y sus procedimientos, cuando lo que enfrenta es una economía de guerra urbana. Esa disonancia cognitiva, esa incapacidad para alinear los instrumentos del Estado con la realidad del terreno, explica el fracaso reiterado de las políticas públicas. La entrada en vigor operativa del Código Fiscal adoptado en enero de 2023, prevista para septiembre de 2025, cristaliza esa contradicción mortal. «Este texto es técnicamente sólido, quizá incluso necesario en abstracto». Pero descansa en un supuesto que ya no existe: el de un Estado capaz de garantizar el orden económico en su territorio.

«Un impuesto sin seguridad no es un impuesto. Es una extracción lisa y llana. Y cuando un Estado se empeña en extraer sin gobernar, no refuerza su soberanía. Financia involuntariamente su propia desaparición».

El error de diagnóstico: Viv Ansanm no es el desorden, es un orden rival

El primer error, y quizá el más grave, es semántico. El Estado y una parte de la comunidad internacional se empeñan en designar a Viv Ansanm como un conjunto de «pandillas». El término evoca la delincuencia, el caos, la anarquía. Es políticamente tranquilizador pensar que el enemigo no es más que una banda de maleantes desorganizados. Es intelectualmente falso.

Aquello a lo que nos enfrentamos es una estructura de recaudación rival, territorializada y racional. En los barrios controlados, la depredación no es aleatoria: es sistémica. Los derechos de paso están codificados. Los mercados funcionan con autorización. Los transportistas incorporan a sus costos fijos el «impuesto de seguridad» que imponen los grupos armados, exactamente como incorporarían el impuesto sobre el volumen de negocios (TCA). Esa realidad corresponde punto por punto a lo que el economista Mancur Olson teorizó con el concepto de «bandido estacionario». El bandido que se instala de forma duradera no tiene ningún interés en destruir la economía local. Al contrario, la captura y la protege mínimamente, porque la estabilidad maximiza su renta.

Frente a esa eficaz máquina de extracción, el Estado haitiano se comporta como si fuera el único recaudador legítimo. En realidad, se ha convertido en un recaudador secundario, un acreedor de segundo rango que llega después de la coalición armada. Esa doble fiscalidad (la de la pandilla y después la del Estado) no debilita la economía criminal. Desangra la economía legal.

El economista Paul Collier lo demostró empíricamente: una insurrección dura mientras siga siendo económicamente viable. En Haití, por una ceguera burocrática, el Estado ataca su propia base tributaria sin desarticular nunca la estructura de beneficios de la insurrección. En este contexto, el Código Fiscal de 2023 actúa como un acelerador del derrumbe. A partir de septiembre de 2025, su aplicación supondrá una capacidad de ejecución administrativa que el Estado ya no tiene. Los agentes del fisco no irán a revisar los libros contables en Canaan o en Torcel. Se ensañarán con los pocos supervivientes del centro de la ciudad y de Pétion-Ville.

El resultado es mecánico: las pequeñas estructuras cierran, las empresas que pueden moverse se trasladan a la República Dominicana o a Florida, y quienes se quedan caen en una informalidad negociada con los grupos armados para sobrevivir. La base imponible se contrae, la economía de guerra prospera y el Estado, falto de recursos, aprieta aún más el cuello de quienes todavía respetan la ley.

Este esquema suicida no es ni una maldición vudú ni una excepción haitiana. Otras naciones han mirado ese abismo de frente. Y algunas supieron retroceder antes de caer.

Bagdad: la lección de la asfixia económica

Hay que mirar hacia Bagdad, entre 2005 y 2007, para entender lo que está en juego en Puerto Príncipe. En aquella época, la capital iraquí era una ciudad capturada. Las milicias chiíes y los insurgentes suníes no se limitaban a poner bombas: controlaban barrios enteros, cobraban impuestos sobre el combustible, regulaban los mercados y aseguraban, a su manera, el comercio. El Estado iraquí, atrincherado en la Zona Verde, seguía sin embargo votando presupuestos y aprobando leyes que dejaban de aplicarse en cuanto se cruzaban los puestos de control.

El giro de 2007, el famoso «Surge», a menudo se ha entendido mal en Occidente como una simple victoria militar debida al envío de refuerzos estadounidenses. Es una lectura incompleta. La verdadera victoria fue administrativa y económica. Bajo la influencia de estrategas que habían comprendido que la insurrección era ante todo un sistema económico, las autoridades cambiaron de método.

Empezaron por identificar los «nodos económicos críticos». El gran mercado de Shorja, corazón palpitante del comercio mayorista de Bagdad, se aseguró con prioridad absoluta. ¿Por qué? Porque era el pulmón financiero de la ciudad. Después, la administración reintrodujo reglas sencillas, brutales, pero decisivas. Los camiones que transportaban bienes estratégicos quedaron sometidos a estrictas licencias de circulación. Las mercancías sensibles (combustible, materiales de construcción, fertilizantes) fueron objeto de controles focalizados.

Jurídicamente, esto fue posible gracias a reglamentos de emergencia (Emergency Powers Regulations). Esos textos daban a la autoridad administrativa la facultad de suspender o cerrar de inmediato actividades económicas identificadas como fuentes de financiamiento de las milicias, sin pasar por procedimientos penales largos e inaplicables. No era una denegación de justicia, era un acto de lucidez: el derecho ordinario no funciona cuando el juez tiene miedo de ser asesinado.

Cuando las milicias perdieron el acceso a los flujos comerciales, su capacidad para pagar a los combatientes se desplomó. La violencia no desapareció por arte de magia, pero retrocedió porque ya no era rentable.

Medellín: golpear el bolsillo antes que las cabezas

Más cerca de nosotros, Colombia ofrece otro espejo. En Medellín, en los años 90 y 2000, la dominación criminal descansaba menos en el terror puro que en la integración económica. Las organizaciones armadas poseían flotas de autobuses, empresas de construcción, edificios. El Estado colombiano terminó por comprender que la clave no era una fiscalidad más pesada, sino una reestructuración de los incentivos económicos.

En el marco de la política de «Seguridad Democrática», el Estado utilizó el derecho administrativo como un arma de guerra. La incautación y el congelamiento de activos («Extinción de Dominio») se convirtieron en herramientas masivas. No se buscaba necesariamente probar la culpabilidad penal de un individuo, lo que lleva años, sino demostrar el origen ilícito de un bien para incautarlo de inmediato.

Paralelamente, el Estado creó «burbujas de respiración» para la economía legal: alivios regulatorios, protección policial focalizada para las zonas industriales, acceso facilitado al crédito para quienes se negaban a pagar extorsiones. El objetivo no era subsidiar, sino mantener artificialmente con vida la economía legal mientras se estrangulaba la renta criminal. No fue la eliminación de Pablo Escobar lo que cambió Medellín; fue el momento en que la violencia dejó de ser la opción económicamente racional para una parte de la población.

El Decreto de Seguridad Económica: el acto de ruptura indispensable

Estas lecciones convergen en una urgencia absoluta para Haití. Ya no podemos esperar a que vuelva la seguridad para reactivar la economía. Tenemos que usar la economía para restablecer la seguridad. Eso exige un instrumento jurídico nuevo, que no es ni el Código Fiscal de 2023 ni el clásico estado de emergencia en materia de seguridad.

Haití necesita un Decreto de Seguridad Económica.

¿Cómo sería ese texto? No se trataría de una lista de buenas intenciones, sino de un mecanismo operativo de combate.

Primero, el reconocimiento de la realidad. El decreto debe empezar por reconocer jurídicamente el estado de excepción económica. Debe admitir que, en ciertas porciones del territorio, las condiciones ordinarias de la actividad comercial están suspendidas. Mientras esa realidad no se nombre en el Diario Oficial, el derecho seguirá siendo una ficción.

Segundo, la focalización de los flujos. El decreto debe instaurar un régimen de autorización previa para la circulación y el almacenamiento de los bienes estratégicos que alimentan la economía de la violencia: combustible a granel, materiales de construcción pesados y ciertos alimentos en grandes volúmenes con destino a las zonas rojas. No se trata de hacer pasar hambre a la población, sino de controlar a los mayoristas que, voluntariamente o bajo coacción, actúan como operadores logísticos de Viv Ansanm.

Tercero, el embargo administrativo preventivo. El Estado debe dotarse de la facultad de congelar de inmediato los activos (cuentas, existencias, vehículos) de toda entidad económica cuyos flujos financieros presenten anomalías graves que correspondan a las tipologías del lavado de dinero o del financiamiento del terrorismo, sin esperar una decisión penal. La carga de la prueba debe invertirse temporalmente: corresponde al titular de los fondos probar, en un plazo breve, el origen lícito de su tesorería.

Cuarto, el santuario fiscal. Para las empresas que aceptan jugar el juego de la transparencia total y que operan en las zonas aseguradas o estratégicas, el decreto debe suspender la aplicación de las nuevas cargas del Código Fiscal de 2023. A cambio de esa «tregua fiscal», esas empresas deben aceptar una trazabilidad total de sus flujos. Es un pacto: protección y alivio a cambio de transparencia y cooperación.

Recuperar la lucidez para salvar al Estado

La adopción de un decreto así exigirá un coraje político inmenso. Chocará con intereses poderosos. Hará poner el grito en el cielo a quienes se benefician de la ambigüedad actual. Se acusará al Estado de autoritarismo, o de atentar contra la libertad de comercio.

Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir cobrando impuestos sobre cadáveres? ¿Seguir dejando que las pandillas cobren el verdadero TCA del país mientras la Dirección General de Impuestos (DGI) persigue fantasmas?

El drama de Haití no es una fatalidad. Es el resultado de una negativa institucional a pensar la insurrección como una economía. Mientras persista esa negación, el Estado seguirá gobernando en el papel y perdiendo en el terreno. Un decreto de seguridad económica no sería una confesión de debilidad del Estado. Sería, por primera vez en mucho tiempo, un acto de lucidez.

Se trata de decirle a la nación, y al mundo, que el Estado haitiano ha comprendido por fin la naturaleza de la guerra que se le libra. Y que ha decidido, por fin, cortarles los víveres a quienes quieren su muerte.