¿Y si la producción arrocera del valle del Artibonito se hundiera ante la furia de las pandillas? Escenario de un derrumbe

Este 18 de octubre de 2025, un video difundido por Infos Partage capta lo que los economistas del desarrollo llamarían púdicamente una «perturbación de los sistemas de producción agrícola», un eufemismo que a duras penas disimula la brutalidad de lo que allí ocurre. Se ven siluetas en los campos del Artibonito que participan en lo que el medio describe como la destrucción metódica de los arrozales por parte de las pandillas armadas. El texto en criollo haitiano que acompaña las imágenes, «Men sa kap pase nan latibonit» (Esto es lo que está pasando en el Artibonito), tiene esa economía lingüística que, paradójicamente, dice más que largos informes: una violencia banalizada, una destrucción que se ha vuelto cotidiana, una catástrofe que ya ni siquiera es noticia, de tan normalizada como está.

Esta normalización de la destrucción constituye quizá, en muchos aspectos, el síntoma más preocupante de la crisis haitiana contemporánea. Porque, más allá de la imagen impactante (esos campos arrasados, esos campesinos expulsados), se perfila una cuestión económica de una agudeza vertiginosa: ¿qué significaría para la arquitectura económica de Haití el derrumbe de la producción agrícola en el Artibonito?

La concentración espacial de la producción

Las 28 000 hectáreas de tierras irrigadas de la llanura del Artibonito no representan más que una fracción modesta de las 281 500 hectáreas de tierras cultivables con que cuenta Haití. Sin embargo, según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para 2025/26, alrededor del 80 % de la producción nacional de arroz procede de esa zona. Esta concentración geográfica extrema crea una vulnerabilidad que los economistas de la seguridad alimentaria, desde los trabajos fundacionales de Amartya Sen sobre las hambrunas, han señalado en repetidas ocasiones como factor de inestabilidad estructural.

Para comprender la magnitud de esta concentración, conviene situarla en su contexto histórico. A comienzos de la década de 1950, cuando la firma estadounidense Knappen Tippets Abbett McCarthy realizó las grandes obras de riego que transformaron la llanura del Artibonito en una zona arrocera moderna, el objetivo era loable: crear un polo de producción capaz de cubrir una parte sustancial de las necesidades nacionales. La presa de Péligre, inaugurada en 1956, y los sistemas de riego que de ella se derivan permitieron efectivamente el auge de un cultivo intensivo del arroz. Pero ese éxito técnico fue creando una dependencia territorial cuyo alcance sus artífices probablemente no habían medido del todo.

La concentración se acentuó con el paso de las décadas por razones a la vez agronómicas y económicas. Por un lado, las demás zonas arroceras, en particular las del Noreste y el Sur, vieron estancarse, e incluso retroceder, su capacidad productiva por falta de inversiones en infraestructuras de riego y de mantenimiento de los sistemas existentes. Por otro, las economías de escala posibles en el Artibonito, gracias a parcelas más grandes y a un riego controlado, fueron marginando a las demás cuencas de producción. Resultado: una sola región carga hoy sobre sus hombros con la casi totalidad de la producción nacional.

Esta situación recuerda otras configuraciones históricas en las que la concentración geográfica de la producción de alimentos convirtió choques localizados en catástrofes nacionales. La Irlanda del siglo XIX, con su dependencia de la papa, cultivada principalmente en los condados del oeste y del sur, ofrece el ejemplo trágico más conocido. Cuando el mildiu azotó esas regiones entre 1845 y 1852, la ausencia de zonas de producción alternativas convirtió una epidemia vegetal en una hambruna que mató a un millón de personas y obligó a otros dos millones a exiliarse. Bengala en 1943 ilustra otro mecanismo: la perturbación del sistema de abastecimiento de arroz, concentrado en unos pocos distritos, combinada con decisiones políticas desastrosas, provocó una hambruna que costó la vida a unos tres millones de personas.

En el caso haitiano, la vulnerabilidad es tanto más aguda cuanto que no hablamos simplemente de una especialización regional (fenómeno banal y a menudo eficiente en economía), sino de una dependencia casi total respecto de un único territorio para un alimento que se ha vuelto central. Esta centralización crea lo que los teóricos de los sistemas complejos y de la resiliencia, como C.S. Holling o Brian Walker, llaman «falta de redundancia funcional»: cuando un sistema dispone de un solo medio para cumplir una función crítica, la falla de ese medio compromete todo el sistema.

Los riesgos inherentes a esta configuración son múltiples e interdependientes. Un choque climático (sequía prolongada, inundaciones catastróficas, huracán devastador) que afectara específicamente al Artibonito tendría repercusiones nacionales inmediatas. Una epidemia fitosanitaria que atacara las variedades de arroz cultivadas en la región podría diezmar la producción sin que otras zonas pudieran compensarla. Y ahora, con el auge de la violencia de las pandillas armadas que destruyen metódicamente las capacidades productivas de la región, es un choque antrópico el que amenaza con hacer caer todo el sistema.

A esta concentración geográfica se suma una concentración de las infraestructuras críticas. Los sistemas de riego, los canales de distribución de agua, los caminos de acceso a los mercados, las instalaciones de almacenamiento y de transformación, todo lo que permite que la producción se convierta en alimento disponible para la población, se concentra también en esa zona. La destrucción o la paralización de esas infraestructuras tendría efectos en cascada mucho más allá de la sola producción agrícola.

Las cifras de la dependencia: una aritmética de la vulnerabilidad

Haití importa actualmente alrededor del 80 % de su consumo de arroz, es decir, cerca de 515 000 toneladas al año según el informe del USDA para 2025/26, con un costo que ronda los 200 millones de dólares. Esta dependencia masiva de las importaciones coloca al país en una situación de «vulnerabilidad alimentaria estructural», un estado en el que los choques externos se transmiten directa y brutalmente a las poblaciones más frágiles.

El 20 % restante del consumo nacional procede esencialmente del Artibonito. Conviene precisar aquí lo que representa realmente esa parte de producción local en la ecuación de la soberanía alimentaria haitiana. Porque la soberanía alimentaria, tal como la conceptualizó la Vía Campesina y la retomaron los movimientos campesinos de todo el mundo, no se reduce a la capacidad de producir un alimento específico, por estratégico que sea. Designa más bien la capacidad de un país de garantizar, con su propia producción diversificada, la alimentación de su población según sus preferencias culturales, sin dependencia estructural de los mercados exteriores.

Desde esta perspectiva más amplia, Haití dispone todavía de una base agrícola nada desdeñable: producción de tubérculos (ñames, batatas, yuca), maíz, sorgo, frijoles, plátanos, frutas tropicales. Estas producciones, que provienen en gran medida de la agricultura familiar y campesina, contribuyen de forma significativa a la alimentación nacional. Pero el arroz ocupa un lugar aparte, no solo por su peso en el aporte calórico (30 %) y en el gasto alimentario (20 %), sino también por su dimensión simbólica y cultural: se ha convertido en el alimento de referencia, el que estructura las comidas cotidianas, sobre todo en el medio urbano.

Así pues, cuando hablamos de la producción del Artibonito como de un «estrecho margen de soberanía alimentaria», hay que entender esta formulación en un sentido preciso y limitado: se trata del único margen de maniobra del que dispone Haití para no depender totalmente de las importaciones en lo que respecta al alimento que ocupa hoy el lugar más central en la dieta de la población. Este matiz es crucial, porque revela la naturaleza particular de la vulnerabilidad haitiana: no una incapacidad absoluta de producir alimentos, sino una dependencia casi total de las importaciones para el producto que, sociológica y económicamente, se ha vuelto el más crítico.

Esta producción local de arroz, por modesta que sea en volumen, cumple varias funciones que van más allá de su simple contribución cuantitativa. En primer lugar, constituye un amortiguador parcial frente a las fluctuaciones de los precios internacionales, al ofrecer una alternativa, aunque limitada, al arroz importado cuando este se encarece demasiado. En segundo lugar, representa una reserva de saber hacer agronómico y de variedades locales adaptadas a las condiciones haitianas, un capital inmaterial que se perdería irremediablemente con el fin del cultivo nacional de arroz. Por último, mantiene viva la posibilidad (teórica, sin duda, pero simbólicamente importante) de una reconquista progresiva de la autonomía alimentaria.

El derrumbe de esta producción local, concentrada en el Artibonito, convertiría, pues, una dependencia ya masiva (80 %) en una dependencia absoluta (100 %) en el caso del arroz. Pero, más allá de la cifra, se cerraría todo un horizonte de posibilidad: el de un Haití capaz de alimentar a sus hijos con el arroz producido en su propia tierra. Esta configuración crea lo que los teóricos de los sistemas complejos llamarían una «fragilidad en cascada»: la falla de un elemento, el Artibonito, bastaría para provocar el derrumbe de todo el sistema de producción local de arroz y convertiría una vulnerabilidad grave en una vulnerabilidad absoluta.

El choque de las importaciones: cuando la aritmética se vuelve política

Si la producción del Artibonito se derrumbara definitivamente, la primera consecuencia sería un aumento mecánico de las importaciones. Para una población de unos 11 millones de habitantes, la necesidad anual ronda las 550 000 toneladas métricas. El aumento necesario para compensar la pérdida de la producción local equivaldría a unas 110 000 toneladas adicionales.

A un precio medio de entre 450 y 550 dólares por tonelada, ello supondría un sobrecosto anual de aproximadamente 50 a 60 millones de dólares. Para un país cuyo PIB total ronda los 8000 a 9000 millones de dólares y cuyas reservas de divisas son crónicamente deficitarias, este gasto adicional constituiría una carga macroeconómica considerable.

Pero este enfoque contable pasaría por alto lo esencial. Lo que está en juego en este aumento de las importaciones no es solo una cuestión de balanza comercial: es una transformación cualitativa de la relación de dependencia que une a Haití con los mercados internacionales. Los trabajos de Harriet Friedmann y Philip McMichael sobre los «regímenes alimentarios» nos enseñaron que los flujos de alimentos nunca son puramente económicos: son también relaciones de poder, instrumentos de dependencia, vectores de influencia geopolítica.

La inflación como mecanismo de transmisión de la vulnerabilidad

La desaparición de la producción local desencadenaría mecánicamente una presión inflacionaria cuyos canales conviene explicitar. En su estudio «De la distorsión de las señales de precios a la vulnerabilidad alimentaria: un análisis de la transmisión asimétrica en el mercado del arroz importado en Haití», realizado en 2020, Réginald demostró, mediante una rigurosa modelización econométrica con modelos autorregresivos de umbral (TAR), que esa transmisión es profundamente asimétrica.

Los resultados son inequívocos: las subidas de las cotizaciones mundiales del arroz se trasladan en más de un 80 % a los precios minoristas en Haití en el plazo de un mes, mientras que las bajadas solo se transmiten en un 50 % y con un desfase de 3 a 6 meses en promedio. Esta asimetría refleja una falla en el funcionamiento competitivo del mercado, ligada a su estructura oligopólica.

El análisis estructural realizado por Réginald revela que el mercado del arroz importado está dominado por un puñado de grandes importadores-mayoristas (no más de 3 a 5) para un consumo de más de 30 000 toneladas al mes. El índice de Herfindahl-Hirschman calculado se sitúa entre 1000 y 2000, lo que indica un mercado «moderadamente concentrado» según los criterios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero en realidad fuertemente oligopólico en el contexto haitiano. Estos oligopolistas están en condiciones de imponer sus márgenes, y algunos indicios apuntan a la existencia de una colusión tácita para mantener precios elevados.

Esta vulnerabilidad a los choques de precios internacionales, ya aguda, se volvería absoluta sin ninguna producción local que sirviera de colchón. La historia reciente ofrece una ilustración: en 2007-2008, cuando el precio mundial del arroz aumentó más de un 50 % en pocos meses, Haití vivió motines del hambre que causaron varios muertos y sacudieron al Gobierno.

Los datos recientes son elocuentes: entre agosto de 2024 y julio de 2025, la inflación superó el 30 %, mientras que el costo de los alimentos aumentó un tercio. En ese contexto, cualquier presión inflacionaria adicional no se mediría en puntos porcentuales abstractos, sino en comidas que se saltan, en niños que dejan la escuela, en familias que caen en el hambre.

La crisis de los medios de vida: la economía moral de la supervivencia

Las decenas de miles de productores de arroz y jornaleros agrícolas que obtienen directamente su sustento del cultivo del arroz en el Artibonito se verían privados de su principal fuente de ingresos. El efecto dominó no se detendría en la producción stricto sensu. Los 342 molinos censados que transforman el arroz paddy en arroz blanco cesarían su actividad. Las más de 8000 Madan Sara, esas comerciantes que constituyen la columna vertebral del sistema de distribución informal, verían desaparecer una parte sustancial de su volumen de negocios.

James C. Scott, en su magistral análisis de las sociedades campesinas, mostró cómo las comunidades rurales desarrollan complejas «economías morales», sistemas de reciprocidad y solidaridad que hacen posible la supervivencia colectiva. La destrucción brutal de esos sistemas no provoca simplemente una pérdida de ingresos: desgarra un tejido social, rompe lazos de solidaridad, atomiza comunidades.

Puerto Príncipe, destino tradicional del éxodo rural, es ya una ciudad asfixiada en la que las pandillas controlan alrededor del 85 % del área metropolitana, según las estimaciones de la ONU. La llegada masiva de refugiados económicos ejercería una presión insostenible sobre una infraestructura urbana ya deficiente. Mike Davis, en su análisis del «planet of slums», documentó cómo la urbanización sin industrialización crea barrios marginales en los que se hacinan poblaciones sin empleo formal, sin servicios básicos, en condiciones de precariedad extrema.

La soberanía alimentaria como horizonte perdido

El concepto de «soberanía alimentaria», tal como lo teorizó la Vía Campesina, no designa simplemente la autosuficiencia cuantitativa. Remite al derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas alimentarios, a controlar sus recursos productivos, a no depender estructuralmente de decisiones tomadas en el extranjero para su alimentación cotidiana.

La ironía trágica de la situación haitiana reside en que hace cuarenta años el país producía suficiente arroz para alimentar a su población. Lo que cambió no fueron las capacidades agronómicas, sino las reglas del juego económico. Las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI en la década de 1980, la reducción drástica de los aranceles (que pasaron del 50 % en 1986 al 3 % en 1995, mientras Estados Unidos mantenía los suyos entre el 3 % y el 24 %), la llegada masiva de arroz estadounidense subvencionado: otras tantas decisiones que fueron desmantelando la capacidad productiva haitiana.

Bill Clinton pidió disculpas públicamente en 2010 y reconoció que esas políticas habían «privado a los agricultores haitianos de la posibilidad de producir arroz para alimentar a su nación». Un reconocimiento tardío que no cambia en nada la realidad presente. La desaparición de la producción en el Artibonito llevaría esa dependencia a tal nivel que la noción misma de soberanía alimentaria quedaría caduca.

El círculo vicioso de la desestructuración

La agricultura haitiana, que representaba alrededor del 40 % del PIB nacional en la década de 1980, ha caído hoy a cerca del 30 %. La producción arrocera del Artibonito, aunque debilitada, sigue siendo un pilar simbólico y material del sector agrícola. Su desaparición enviaría una señal devastadora: si ni siquiera el granero histórico del país, la zona mejor dotada de infraestructuras de riego, puede seguir funcionando, ¿qué esperanza queda?

Los efectos psicológicos se propagarían con rapidez. Los inversores dudarían aún más en comprometer recursos en un sector percibido como condenado. Esa reticencia agravaría el deterioro de las infraestructuras y de las capacidades productivas, y crearía un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. Albert Hirschman había identificado este tipo de dinámica, que calificaba de «efectos de desaliento acumulativos»: una vez que un sector entra en una espiral de declive, los mecanismos de mercado tienden a agravarla.

Las generaciones jóvenes abandonarían definitivamente la tierra. El saber hacer agronómico (los conocimientos sobre las variedades de semillas adaptadas, las técnicas de gestión del agua, los calendarios de siembra) se iría diluyendo. Esta pérdida de capital humano constituye quizá, a largo plazo, el daño más irreversible, porque las infraestructuras pueden reconstruirse, pero los saberes perdidos son mucho más difíciles de recuperar.

Las consecuencias macroeconómicas: una sangría de la demanda efectiva

En el plano macroeconómico, la sangría que los márgenes asimétricos de los oligopolistas imponen al presupuesto de los hogares deprime la demanda efectiva y frena la diversificación productiva. Como demostró Surin, esta asimetría de transmisión actúa como un impuesto privado regresivo que acentúa la estrechez del mercado interno.

Las políticas públicas de subvención y protección del cultivo de arroz, ya fueran el crédito agrícola bonificado a través del Banco Nacional de Crédito, las compras públicas de la Empresa Nacional de Oleaginosas (ENAOL) o los aranceles, resultaron costosas (a menudo más del 5 % del PIB al año) y poco eficaces frente al dumping de las importaciones, favorecido por la transmisión asimétrica. Las subvenciones a los insumos favorecieron sobre todo el contrabando hacia la República Dominicana. Las compras públicas fueron irregulares y a menudo desviadas. La tasa de reembolso de los préstamos agrícolas no superó el 30 %.

Estas medidas apenas logran contrarrestar los efectos negativos de la transmisión asimétrica. Una mejor regulación de la transmisión de precios habría sido sin duda más eficaz y menos costosa para alcanzar los objetivos de soberanía alimentaria. El ahorro presupuestario así obtenido habría podido financiar bienes públicos esenciales (educación, salud, infraestructuras).

IV. Conclusión: entre lucidez analítica y responsabilidad intelectual

Al término de este análisis, se impone una convicción: la cuestión del Artibonito trasciende el marco de un problema sectorial agrícola. Es un desafío de supervivencia colectiva para Haití, pero también una prueba para la comunidad internacional y para las instituciones que pretenden regular la economía mundial.

Las imágenes difundidas esta mañana por Infos Partage (esas siluetas en los campos, ese texto que dice simplemente «Men sa kap pase nan latibonit») cuentan una historia que los análisis econométricos solo pueden rozar. Porque detrás de las estadísticas, de los modelos, de las pruebas sobre la asimetría de transmisión, hay vidas humanas, familias, comunidades.

El estudio de Réginald «De la distorsión de las señales de precios a la vulnerabilidad alimentaria» demostró con rigor la asimetría de la transmisión de precios y sus causas estructurales: la competencia imperfecta, la colusión tácita de los oligopolistas, la ausencia de una regulación efectiva. Cuantificó sus consecuencias: compresión del poder adquisitivo de los hogares, agravamiento de la inseguridad alimentaria (más del 20 % de la población en situación de inseguridad alimentaria manifiesta), freno a la demanda interna y al crecimiento.

Las transformaciones necesarias (como el restablecimiento de la seguridad, el refuerzo de la política de competencia para disciplinar a los oligopolistas importadores, la facilitación de la entrada de nuevos importadores, un mecanismo de amortiguación de los choques de precios mundiales, la reforma de los apoyos al sector arrocero, la promoción de la diversificación alimentaria) exigirían una voluntad política y unos recursos de los que apenas se ven señales en el horizonte.

El Artibonito no es solo el granero de Haití: es también el último baluarte material y simbólico frente a una dependencia alimentaria total. Cada campo destruido, cada agricultor que huye, cada temporada de siembra perdida nos acerca a un punto de no retorno. Este ejercicio prospectivo solo tiene sentido si contribuye, por modestamente que sea, a una toma de conciencia que aún podría permitir evitar lo peor.