La MINUSTAH sabía, el Estado nunca recibió los datos

Cuando los cascos azules dejaron Haití, el 15 de octubre de 2017, se llevaron mucho más que contenedores, vehículos y uniformes. Se marcharon con una memoria estratégica completa, construida pacientemente durante trece años: mapas criminológicos actualizados varias veces por semana, expedientes detallados sobre los jefes de pandillas, análisis de flujos financieros, doctrinas operativas probadas sobre el terreno. Una arquitectura de inteligencia que nunca encontró destinatario. No por retención, sino porque nada estaba preparado para recibirla.

Es lo que señala el International Peace Institute en su informe sobre la transición posterior a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH): la misión se fue «sin un plan claro de transferencia de capacidades», en un contexto en el que ningún organismo haitiano estaba en condiciones de absorber, proteger o explotar esos datos (IPI, 2018). No se transmite una base de inteligencia a un espacio administrativo vacío. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió.

Durante los años en que la MINUSTAH se enfrentaba a las pandillas, el corazón de la misión no eran los blindados, ni las patrullas, ni los puestos de control. Era una pequeña célula: el Joint Mission Analysis Centre. El JMAC fusionaba informes de patrulla, fuentes humanas, imágenes satelitales, observaciones discretas sobre el terreno. Producía expedientes completos: hábitos de los jefes, desplazamientos, enlaces, zonas de refugio, fuentes de liquidez. En 2007, fue ese trabajo el que permitió detener a Zachari y, después, a Ti Bazile, Evens Jeune, Belony, Ti Will. Nada espectacular. Solo una inteligencia meticulosa.

Después del terremoto de 2010, esa maquinaria se perfeccionó aún más. Los mapas producidos entonces (densidad de población, puestos de control informales, ejes de movilidad criminal) prefiguraban ya las fronteras del poder armado en 2020 o 2025. Quienes consultaron esos documentos subrayan hasta qué punto la fragmentación actual de Puerto Príncipe era visible en las capas SIG que la misión actualizaba cada semana (Security Council Report, 2017). La MINUSTAH veía venir lo que ocurriría después.

Pero ninguna institución haitiana recibió ese saber. Ningún organismo heredó los mapas, ni los métodos, ni los protocolos. La Organización Internacional de la Francofonía (OIF), en su nota sobre el período posterior a la MINUSTAH, recuerda que la misión dejó un país en el que «no se había creado ninguna estructura nacional duradera para garantizar la continuidad de las capacidades» (OIF, 2022). No es que el Estado haya olvidado. Es que nunca recibió.

Mientras tanto, las pandillas evolucionaban. A falta de una vigilancia estructurada, pudieron transformarse sin trabas. Se armaron a un nivel inédito. En 2007 disponían sobre todo de pistolas y de fusiles artesanales. En 2025, el país cuenta con entre 270 000 y 500 000 armas de fuego según Robert Muggah, una parte considerable de ellas en manos de los grupos criminales: AR-15, AK-47, fusiles de precisión de calibre .50, munición de guerra procedente principalmente de Florida. Su potencia de fuego supera a veces la de la policía.

Se federaron. En lugar de una multitud de pequeñas bandas, Haití se enfrenta ahora a grandes coaliciones: el G9, el G-Pèp, Viv Ansanm («vivir juntos» en criollo). Varios miles de combatientes organizados, que controlan cerca del 80 % de la capital según las estimaciones de la ONU. Una coordinación que la MINUSTAH nunca había encontrado en esas proporciones.

Construyeron economías diversificadas. Secuestro, combustible, mercados, carreteras, transferencias. Como muestra Robert Fatton, estos grupos ya no son solo depredadores: se han convertido en actores que capturan la renta, estructuran territorios, imponen reglas. Encarnan lo que la literatura denomina «criminal governance»: una autoridad paralela, con su fiscalidad, su justicia, su policía informal.

Tomaron la palabra. Públicamente. Cámaras, ultimátums, discursos. En 2024, una alianza criminal puede forzar la dimisión de un primer ministro y cerrar un aeropuerto. Es una mutación política, y ya no simplemente criminal.

Mientras las pandillas ganaban poder, el Estado avanzaba a oscuras. Sin herramientas de seguimiento, sin datos, sin doctrina. Tras la salida de la MINUSTAH, no se estableció ningún relevo. Comisarías abandonadas, vehículos inmovilizados, comunicaciones averiadas. La policía se replegó en intervenciones puntuales, breves, sin continuidad: exactamente el modelo que Kalyvas identifica como el más propicio para el arraigo de la violencia.

No fue una falla moral. Fue una falla estructural. Para transmitir, hace falta un receptáculo. Para heredar, hace falta una institución. Haití no tenía ni lo uno ni lo otro.

La MINUSTAH, sin embargo, había comprendido algo esencial: una zona no se estabiliza con una operación, sino con una presencia. «Despejar, mantener, construir». Una lógica paciente, que combina inteligencia, ocupación del terreno y reconstrucción. Ese saber existe. Fue puesto a prueba. Pero nadie, en 2017, estuvo en condiciones de mantenerlo vivo tras la salida de la misión.

En 2025 llega la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Con sus analistas, sus mapas, sus doctrinas. Se acumula una nueva memoria. Una nueva maquinaria se pone en marcha. Nada garantiza que tenga éxito, pero su capacidad de análisis será real. Sin embargo, la cuestión no es esa. Está en otra parte: ¿qué quedará cuando se vaya?

Si no se crea ahora una célula nacional para recibir lo que la GSF descubra, la historia se repetirá. Como en 2017. Como en 2004. Una misión llega, comprende, actúa, se va, y el país se queda solo, con un vacío más pesado que antes.

Pero nada de eso es ineluctable. Otras naciones supieron transformar la ayuda internacional en capacidad duradera. Colombia absorbió los métodos estadounidenses hasta convertirlos en su doctrina. El Salvador institucionalizó el análisis posconflicto. El saber extranjero no está hecho para seguir siendo extranjero: está hecho para volverse local.

Y es ahí donde se juega el futuro. No en una batalla decisiva contra un grupo armado. No en una intervención espectacular. Sino en la creación, en el corazón del Estado, de un espacio donde el saber ya no se pierda. Donde las misiones internacionales ya no se marchen con lo que aprendieron. Donde la memoria se convierta en una continuidad y no en un paréntesis.

Lo que viene ahora puede ser una ruptura. La GSF no se quedará eternamente. Pero su salida no está condenada a abrir un abismo. Puede ser un umbral. Un paso. La primera vez que Haití decide que el conocimiento producido en su territorio le pertenece. La primera vez que una arquitectura extranjera se convierte en una capacidad nacional.

Nada obliga al país a repetir el guion de 2017. Nada impide inventar otro futuro. La historia nunca está escrita de antemano. Espera a que alguien la tome en serio.

La verdadera pregunta es sencilla: ¿decidirá Haití, esta vez, conservar la memoria?