Financiar la guerra con la máquina de imprimir billetes

Un presupuesto puede financiar una guerra necesaria y, por la forma en que la paga, debilitar a aquellos mismos a quienes dice defender. El presupuesto rectificativo del 2 de junio pone lo esencial del esfuerzo en la seguridad. Era necesario. Pero lo financia poniendo en marcha la máquina de imprimir billetes y creando nuevos impuestos sobre el consumo y sobre el salario, es decir, sobre una población que ya está al límite. Al mismo tiempo, el dinero de la diáspora, que todavía permitía comer a las familias, está amenazado desde el extranjero. Es esa espada suspendida sobre las familias, más que las cifras del decreto, lo que hay que mirar.

Antes de ser un cuadro de cifras, un presupuesto responde a una pregunta sencilla: quién va a pagar, y para qué. En cuanto al para qué, el rectificativo del 2 de junio es claro: la seguridad. En cuanto a quién va a pagar, lo dice en voz baja. Pero es precisamente esa respuesta la que decide la suerte de millones de personas.

Porque el país sobre el que cae este presupuesto no es un país en reposo. Más de la mitad de sus habitantes, cerca de 5.7 millones de personas, padecen hambre aguda, según el último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). La economía retrocede por séptimo año consecutivo. La inflación rozó el 32 por ciento a finales de 2025. Más de un millón de personas han huido de sus hogares. Es un cuerpo sin reservas. La verdadera pregunta, por tanto, no es si el texto es coherente. Es qué cobra, y a quién, cuando ese cuerpo ya está al límite de sus fuerzas. Y la respuesta es dura: cobra sobre todo allí donde más duele.

¿Quién paga la seguridad?

La orientación, para empezar, es clara. Los quince mil millones de gourdes añadidos a la inversión van casi todos a la fuerza: la Policía pasa de 7.7 a 19 mil millones, las Fuerzas Armadas reciben dos mil millones más, el Fondo de Apoyo a la Seguridad se reflota y el financiamiento de los partidos políticos cae a cero. En el día a día, el equipamiento y el abastecimiento pasan por delante de la ayuda a los hogares. Tras años de espera, es una elección clara y defendible. El problema no está ahí. Está en la factura, y en el nombre de quien la paga.

Cuadro 1. Los grandes equilibrios del presupuesto rectificativo 2025-2026

Fuentes: Cuadro de Operaciones Financieras del Estado (TOFE), Le Moniteur, número especial 29, 5 de junio de 2026, pp. 7-8. Los porcentajes de variación pueden no cuadrar exactamente con los montos redondeados que se muestran.

El déficit se ahonda, de 20.6 a 30.5 mil millones. Para cubrirlo, el decreto recurre a una fuente que el presupuesto inicial no había previsto: un anticipo de 16.5 mil millones del Banco de la República de Haití (BRH). Dicho claramente, el Estado financia su guerra poniendo en marcha la máquina de imprimir billetes. Ahora bien, la economía funciona en dólares, y la inflación seguía rondando el 20 por ciento a comienzos de 2026. En esas condiciones, imprimir dinero equivale a cobrar un impuesto que nadie ha votado y que los más pobres pagan primero: el alza de los precios.

Ese impuesto no figura en ningún artículo y, sin embargo, es el más pesado del decreto. Golpea a aquellos cuyos ingresos no siguen el ritmo de la inflación: los asalariados, los bolsillos modestos, las familias que no tienen ahorros en dólares. Los salarios públicos, por su parte, solo aumentan un 1.3 por ciento, muy por debajo de los precios. Dicho de otro modo, el Estado empobrece por la vía monetaria a aquellos mismos a quienes quiere armar. Por lo demás, este anticipo no es solo un puente tendido sobre los meses que quedan. En parte, cubre déficits ya acumulados desde el inicio del ejercicio, en octubre de 2025. El verdadero riesgo viene después: si el presupuesto del año completo, en septiembre, vuelve a recurrir al banco central, el corte pasajero se convertirá en una herida duradera.

Cuadro 2. La estructura del financiamiento del déficit

Fuentes: TOFE, sección H (Financiamiento), Le Moniteur, p. 7. El aporte del BRH es nulo en el presupuesto inicial y aparece en su totalidad en el rectificativo.

A este gravamen silencioso, el decreto añade otro visible, dirigido al mismo contribuyente. Eleva del diez al quince por ciento la retención en la fuente sobre los complementos salariales: las primas, los aguinaldos, las compensaciones por vacaciones no disfrutadas, las horas extras. Y no se trata de un anticipo que se recupera más adelante: es una retención definitiva. Cinco puntos más, dicho así, parece poco. En relación con lo que ya se retenía, no es poco: la retención aumenta un cincuenta por ciento. Ahora bien, esos complementos no son un lujo. Son las horas que se hacen para llegar a fin de mes, el aguinaldo de fin de año, las vacaciones que se venden por no poder tomarlas. Es la parte del salario que sirve, precisamente, para aguantar frente al alza de los precios. Y es esa parte la que el Estado vuelve a recortar, justo cuando más útil resulta.

La comparación con el artículo 2 termina de desconcertar. El mismo decreto exime de impuestos el salario base del sector exportador. No es un gesto neutro: dicho claramente, es un subsidio a ese sector, puesto que el Estado renuncia a un ingreso para abaratar el costo de la mano de obra y sostener el empleo en la industria de ensamblaje. Y, al mismo tiempo, aumenta un cincuenta por ciento la retención sobre los complementos salariales de todos los demás. Por un lado, alivia un ingreso del trabajo. Por el otro, grava más el que sirve para comer. ¿Por qué esta elección?

Queda el tercer canal: los nuevos impuestos al consumo, que, como se verá, también recaen sobre los más modestos. Tres instrumentos, pues, y un solo punto en común: todos meten la mano en el mismo bolsillo. No es tanto falta de medios como falta de imaginación. Existían otras vías, y nada del otro mundo. En 2002, ante una urgencia comparable, Colombia financió su seguridad sin imprimir dinero: mediante un impuesto especial sobre el patrimonio, avalado por su Corte Constitucional. Un impuesto justo exige tiempo y trabajo político. Imprimir no exige nada de eso. Gravar, retener, imprimir: son las tres soluciones más fáciles, y las tres recaen sobre la población. Entre el esfuerzo y la facilidad, el decreto eligió la facilidad. Y es la población la que paga.

Proteger, pero ¿en qué condiciones?

Varios de los nuevos impuestos y aranceles del decreto buscan proteger la producción local y, con el tiempo, sustituir lo que el país importa. La idea es buena. A ningún país le conviene depender indefinidamente de lo que compra en el extranjero. El problema, por tanto, no es el principio. Tiene que ver con dos condiciones, sin las cuales un impuesto protector no protege nada. Primero, es necesario que un productor local pueda realmente abastecer el mercado. Después, hay que darle tiempo para desarrollarse antes de que el aumento recaiga sobre el consumidor. En Haití, hoy, faltan ambas condiciones: la inseguridad separa a los productores de sus campos y de sus clientes, y el decreto protege de inmediato lo que solo podrá responder más adelante. El cuadro siguiente clasifica las medidas. Los ejemplos que siguen muestran lo que se esconde detrás de cada tasa.

Cuadro 3. Las medidas fiscales del decreto, por naturaleza e incidencia

Nota de lectura: en verde, las medidas que alivian la carga; en rojo, las que la agravan, incluida la retención en la fuente del artículo 3, cuya tasa se eleva al quince por ciento. Fuentes: Decreto, artículos 2 a 6, 13, 23, 24 y 36, Le Moniteur, pp. 2-6. El decreto fija las tasas, pero no desglosa la recaudación esperada de cada medida; el análisis de incidencia sigue siendo cualitativo.

Tomemos el tomate. El decreto grava al quince por ciento la pasta, el kétchup y las salsas, productos que el país compra casi íntegramente a la república vecina. Ahora bien, existe una fábrica local: la SHAISA, creada en 1976 en Croix-des-Bouquets, que producía con las marcas Famosa y Tina. Su propia dirección reclamaba públicamente este aumento del arancel ya en 2018. En ese punto, el decreto le da la razón. Pero esa fábrica se encuentra en la llanura de Cul-de-Sac, precisamente donde crece el tomate, y esa llanura es hoy un campo de batalla. En la primavera de 2026, los combates por su control dejaron allí numerosos muertos y echaron a los caminos a miles de habitantes. Las rutas hacia el Norte y el Artibonito están en manos del mismo grupo armado. Un impuesto puede proteger una producción frente a las importaciones. Nada puede hacer por una producción que la guerra ha separado de sus campos y de sus mercados.

Lo mismo ocurre con la salchicha, gravada al cuarenta por ciento. También aquí existe una fábrica local de embutidos: Carisa, abierta en 2018 en el parque industrial del aeropuerto, que elabora hot dogs, salchichas, salami y mortadela a partir de carne de ave y especias locales. He aquí una producción que merece protección. Pero es joven y todavía pequeña frente a un mercado dominado por la importación. Está instalada en esa parte de la capital que la inseguridad asfixia, donde abastecerse y hacer entregas ya es una hazaña. Un ejemplo lo recuerda: HMP, una fábrica de embutidos más antigua, quebró, no por falta de clientes, sino porque la inseguridad terminó por estrangular su actividad. Sustituir las importaciones no ocurrirá, pues, de la noche a la mañana. El alza de los precios, en cambio, es inmediata. Golpea un producto de la canasta popular, vendido sobre todo por el pequeño comercio callejero. Y ese comercio, para hacer entrar su mercancía, ya paga un peaje a los grupos armados. El impuesto del Estado se suma a ese peaje y reduce todavía más un margen ya escaso, a la espera del regreso de una producción local que depende, ante todo, del regreso de la seguridad.

Los aranceles no se detienen en la salchicha. Alcanzan a toda una canasta de higiene: el papel higiénico y los pañuelos de papel, al treinta por ciento; los cosméticos, champús y desodorantes, al diez; el jabón y las toallas sanitarias, al cinco, y también los pañales. Sin embargo, una parte de esos productos se fabrica en Haití. El jabón, para empezar: se produce en el país, incluso en talleres de economía social. Las toallas sanitarias también: una empresa social, ANACAONA, las produce en Puerto Príncipe, en modelos lavables y reutilizables. El problema, por tanto, no es que no haya nada que proteger. Es que esa fabricación sigue siendo pequeña y no reemplaza a las toallas y los pañales desechables que compran las familias, casi todos importados. El impuesto, en cambio, actúa de inmediato: encarece productos de primera necesidad, y en primer lugar para las mujeres y las familias. Esa producción solo tomará el relevo si cambia de escala, en condiciones de seguridad y con el tiempo.

Una última medida, de otra índole, va en el mismo sentido. El artículo 7 obliga a toda la cadena del gas propano, desde los microcentros de llenado hasta los minoristas, a regularizarse en quince días: patente y autorización de funcionamiento. De lo contrario, el importador paga quinientas mil gourdes de multa, el distribuidor o el minorista cien mil, y el establecimiento puede ser clausurado. Poner orden en un sector peligroso, en gran parte informal y que escapa al fisco, es en sí algo positivo. Pero la medida cae de golpe sobre una cadena abrumadoramente informal. Y como el precio del propano no lo fija el Estado, a diferencia del de la gasolina o el diésel, el costo de esa regularización se traslada de inmediato al precio de venta. Una vez más, una medida defendible, pero cuyo momento hace pagar al hogar, esta vez a través del gas de cocina.

Podría alargarse la lista: el alcohol, donde la protección no cambia casi nada para un clairin que sigue siendo artesanal; el pescado salado o los equipos solares, donde el alivio, en cambio, da en el blanco. Pero el tomate y la salchicha dicen lo esencial. Y no es un reproche: es una cuestión de método. Proteger una producción que existe no es un error. Todo depende del momento, y de lo que se ponga junto al impuesto. Para que un arancel termine sustituyendo las importaciones, hacen falta dos cosas: un territorio seguro, donde sea posible abastecerse, producir y vender; y una estrategia para ayudar a las empresas a crecer hasta alcanzar esa meta. Sin eso, y aplicado de inmediato, el impuesto hace subir los precios ahora, para una producción local que solo seguirá más tarde, si es que sigue. El orden de las etapas importa tanto como las etapas: primero asegurar, después acompañar, por último proteger. Es cierto que el Ministerio de Comercio lanzó, con fondos públicos, algunos programas que van en la buena dirección: la ayuda a los jóvenes egresados de oficios técnicos, Zouti pou Demen, o el apoyo a las mujeres emprendedoras. Pero todavía no constituyen una verdadera estrategia de cadena productiva, y descansan en una apuesta: que la situación económica mejore.

¿Recuperar es devolver la vida?

Recuperar un barrio y asegurarlo es una cosa. Mantenerlo de verdad es otra. Y a menudo se confunden. Asegurar es expulsar de él las armas, apostar allí la guardia, impedir que el grupo regrese: eso es tarea de la fuerza. Mantener es hacer volver al Estado allí de donde se había retirado, con el agua, la electricidad, la escuela, el dispensario, la ayuda a los agricultores, una administración detrás de una ventanilla. Las dos cosas no son equivalentes, y ahí está toda la dificultad: se puede asegurar una zona sin hacer volver nunca al Estado.

Por lo demás, la seguridad no hace ese trabajo. Solo lo hace posible. Porque el mercado no se reabre por decreto. Nunca ha sido el Estado el que organiza el sector informal: en cuanto el miedo retrocede, la gente vive, intercambia y reconstruye sus circuitos por sí misma. Lo que le corresponde al Estado, y que nadie hará en su lugar, es la presencia civil, los servicios públicos, el acompañamiento. Y es ese trabajo el que lo decide todo.

Y ese trabajo decide si las familias comen o no. Porque el hambre, aquí, no tiene nada de abstracto: nace de la inseguridad. Donde los grupos armados dominan el terreno, los campesinos que todavía cultivan deben negociar el acceso a sus campos y ceder una parte de su cosecha. Los pequeños comercios cierran. Los empleos desaparecen. Eso es lo que está matando de hambre al país. El tomate bloqueado en la llanura de Cul-de-Sac, el puesto de salchichas que ya no consigue abastecerse, no son detalles: son los primeros signos de ese estrangulamiento, que las cifras del hambre muestran a gran escala.

Frente a ello, el presupuesto da en el blanco: se ocupa de la seguridad, que es la raíz de esa hambre. Queda por saber con qué medios se mantendrá el terreno una vez recuperado. Y ahí el presupuesto muestra una debilidad. El dinero realmente nuevo y realmente haitiano, el anticipo del banco central, financia la reconquista. Pero lo que permite mantener un territorio (hacer volver la escuela, la justicia, la asistencia técnica agrícola) depende de otro dinero: la agricultura conserva cerca de 14 mil millones, financiados en gran parte por la ayuda extranjera, cuyo monto y calendario no fija el Estado. El dinero de la reconquista es, pues, haitiano; el de la reconstrucción es extranjero, e incierto. México muestra el peligro. Desde 2006, su ejército combate a los grupos criminales. Veinte años después, sigue patrullando los mismos territorios: la fuerza recuperó terreno, pero el Estado civil no llegó detrás para mantenerlo. Una reconquista que no se consolida es una reconquista que habrá que repetir.

Cuadro 4. La inversión pública por entidad

Fuentes: Detalle de los créditos por entidad (Le Moniteur, pp. 9-12) y Programa de Inversiones Públicas (pp. 71-97). Policía (código 1212, p. 40) y Fuerzas Armadas (código 1217, p. 45) verificadas en el ejemplar oficial. Educación y Universidad del Estado, en orden de magnitud; Justicia, sin la Policía Nacional. Los porcentajes de variación pueden no cuadrar exactamente con los montos redondeados que se muestran.

El mismo desequilibrio se repite dentro de la seguridad. El Ministerio de Justicia alcanza los 55 mil millones, pero el aumento va a la Policía. Lo que viene después del arresto, los jueces, los tribunales, las cárceles, se queda en el mismo nivel. Ahora bien, reforzar la capacidad de arrestar sin reforzar la de juzgar y encarcelar, en cárceles ya hacinadas, solo consigue atascar la maquinaria. Una policía que arresta sin poder juzgar ni encarcelar no hace retroceder la violencia: la recicla.

La base civil, por su parte, se desmorona en silencio. La educación, primera partida civil del Estado, conserva el mismo monto que antes. Con la inflación, eso equivale a una reducción. Y, sin embargo, cuenta con la herramienta que precisamente le falta a la seguridad: un ingreso que le está reservado, el Fondo Nacional de Educación. Se deja estancado lo que da frutos a largo plazo, y se financia con la máquina de imprimir lo que se ve de inmediato.

Y el hilo se debilita desde fuera

Todo esto se juega dentro del país. Pero el consumo de las familias haitianas todavía se mantenía en pie gracias a un hilo llegado del extranjero: el dinero de la diáspora. Cerca de cuatro mil millones de dólares al año, casi una quinta parte de la riqueza nacional, cuya mayor parte paga los gastos de todos los días, empezando por la comida. Ahora bien, el 25 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Gobierno estadounidense a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) de entre 330 000 y 350 000 haitianos, y excluyó el control de los tribunales. La medida no sería inmediata, y todavía no se puede cuantificar su efecto sobre los envíos. Pero la amenaza llega en el peor momento. El presupuesto ya recorta el ingreso de las familias; y ahora el apoyo venido del extranjero, el que amortiguaba el golpe, también podría desaparecer, por razones sobre las que Haití no tiene ningún control. Sería el segundo filo de la espada.

Lo que muestra la autopsia

Puestas una junto a otra, estas piezas forman una misma imagen. Sobre las familias pende una espada, el hambre, que ya afecta a más de uno de cada dos haitianos. Está sujeta por dos hilos, y esos dos hilos sostienen lo mismo: lo que las familias pueden comer. El primero, en el interior, es el poder adquisitivo, lo que el salario todavía permite comprar. El presupuesto lo desgasta: la máquina de imprimir billetes alimenta la inflación, la retención recorta el salario, los nuevos impuestos encarecen la canasta. El segundo, en el exterior, es el dinero de la diáspora, que paga la otra mitad de la canasta y que una decisión extranjera amenaza con cortar. Ninguno de estos gestos nace de la malevolencia; nacen del reflejo, de la facilidad. Pero el efecto no depende de la intención. Un presupuesto que tira del hilo que debería reforzar, justo cuando el otro amenaza con ceder, no financia solamente una reconquista: acerca la espada.

Recuperar, mantener, devolver la vida

Nada de esto era inevitable, y nada lo es todavía. La verdadera prueba será el presupuesto de septiembre, que esta vez abarcará un año entero. Lo fácil sería prorrogar este decreto tal cual: la máquina de imprimir billetes para financiar y la seguridad como prioridad casi única. Sería un error. Financiar un presupuesto de un año entero imprimiendo dinero alimentaría la inflación, justo cuando más importan el valor de la gourde y la credibilidad de la transición. El presupuesto de septiembre puede hacerlo de otro modo, e inscribir lo necesario para mantener de verdad el terreno recuperado: un impuesto específico y mesurado, en lugar de la máquina de imprimir billetes; una partida presupuestaria nacional para hacer volver al Estado a las zonas recuperadas; recursos para los tribunales y las cárceles, no solo para la policía; una protección del ingreso de los más pobres frente al alza de los precios; y cuentas claras sobre el uso de cada gourde. Gobernar por decreto es a veces necesario. Hacerlo sin rendir cuentas no lo es nunca.

Un presupuesto revela las verdaderas prioridades de un Estado mejor que cualquier discurso. Este afirma una: recuperar el terreno. Era necesario. Pero recuperar y asegurar no basta. Hay que mantener, y mantener, como hemos visto, es hacer volver al Estado. El éxito de este esfuerzo no se medirá por los miles de millones gastados hoy. Se medirá más adelante, por señales sencillas: el agua que vuelve, una oficina del Estado que reabre, una cosecha que llega hasta una ciudad, una familia que regresa a su casa, un mercado que renace allí donde había una barricada. El decreto del 2 de junio no produce eso. Abre, en el mejor de los casos, la vía. El presupuesto de septiembre dirá qué camino elige el país: el de la facilidad, ya tomado, o el de la reconstrucción. Dos hilos sostienen todavía a las familias por encima del hambre. El primero viene del extranjero, es el dinero de la diáspora, y Haití no puede hacer nada: la decisión se tomó en Washington, y lo amenaza. El segundo es interior, es el poder adquisitivo de las familias, y ese sí lo tiene todavía en sus manos el Estado. Ahí está la verdadera elección, y es enteramente haitiana. Recuperar el territorio era necesario. Pero una tierra recuperada donde ya no se puede vivir no es una victoria. La única victoria que cuenta será haber mantenido con vida al país.

Fuentes y referencias

Fuente primaria. Decreto por el que se establece el Presupuesto Rectificativo del ejercicio fiscal 2025-2026, Le Moniteur, año 181, número especial 29, Puerto Príncipe, 5 de junio de 2026. Agregados y financiamiento: TOFE y cuadro de equilibrio, pp. 7-8; créditos y anulaciones, pp. 9-12 y 31-57; Policía (código 1212) y Fuerzas Armadas (código 1217) verificadas en el ejemplar oficial, pp. 40 y 45; medidas fiscales, artículos 2 a 6, 13, 23, 24 y 36, pp. 2-6, entre ellas los aranceles del artículo 4, que afectan en particular a la salchicha (partida 1601, 40 por ciento), el papel y diversos artículos de higiene y cuidado personal (hasta el 30 por ciento), así como las toallas sanitarias y los pañales (5 por ciento); obligación de regularización de la cadena del gas propano y sanciones correspondientes, artículo 7 y siguientes, pp. 5-6; Fondo de Apoyo a la Seguridad, pp. 65-66.

Coyuntura y población. Inflación: variación interanual del 31.9 por ciento en septiembre de 2025 y del 20.6 por ciento en marzo de 2026 (IHSI; BRH). PIB real en retroceso del 2.7 por ciento en 2025, séptimo año consecutivo de contracción; cerca de la mitad de la población por debajo del umbral de 3 dólares diarios; más de un millón de personas desplazadas (Banco Mundial; OIM, 2025-2026). Inseguridad alimentaria aguda: unos 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, en fase 3 o superior de la CIF, de ellas cerca de dos millones en fase 4, septiembre de 2025-febrero de 2026, con un deterioro previsto para la temporada de escasez de marzo-junio de 2026 (CIF; PMA).

Cadenas productivas e inseguridad. Transformación local del tomate: SHAISA (fundada en 1976, Croix-des-Bouquets), marcas Famosa y Tina, única fábrica del país en este segmento registrada hasta 2018; aumento del arancel sobre la pasta importada reclamado por su dirección ya en 2018 (Le Nouvelliste, 2017-2018). Transformación local de embutidos: Carisa (Carisa Food, fundada en 2018, parque industrial del aeropuerto, Carrefour Fleuriot, Puerto Príncipe), hot dogs, salchichas, salami y mortadela a base de carne de ave y especias locales, presentada como alternativa nacional a las marcas importadas (carisafood.com). Quiebra de una fábrica de embutidos más antigua, HMP, atribuida al deterioro del entorno de seguridad y no a una falta de demanda (fuentes sectoriales, 2025-2026). Derivados del tomate mayoritariamente importados de la República Dominicana; embutidos de consumo masivo todavía importados en gran parte. Croix-des-Bouquets y la llanura de Cul-de-Sac bajo el dominio de 400 Mawozo y de la coalición Viv Ansanm, control de las rutas hacia el Norte, enfrentamientos de mayo de 2026; zona metropolitana de Puerto Príncipe en gran parte bajo control de grupos armados (ACLED; InSight Crime; International Crisis Group, 2025-2026). Programas del Ministerio de Comercio e Industria en favor de las microempresas: Zouti pou Demen, inserción de jóvenes egresados de escuelas técnicas mediante dotación de equipos y acompañamiento (inscripciones abiertas en diciembre de 2025), y Proyecto de Apoyo al Emprendimiento Femenino, PAEF (mci.gouv.ht, 2025-2026).

Remesas y TPS. Remesas de la diáspora del orden de 4 mil millones de dólares, alrededor del 20 por ciento del PIB (IHSI; BRH; Banco Mundial). Decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del 25 de junio de 2026 (Mullin v. Doe y Trump v. Miot, seis votos contra tres) que autoriza a la administración a poner fin al TPS de los nacionales haitianos y excluye el control de los tribunales; población afectada estimada en unos 350 000 beneficiarios (DHS; Congressional Research Service); entrada en vigor diferida y evaluada caso por caso. Fuentes: SCOTUSblog, CNN, The Washington Post, 25-26 de junio de 2026.

Colombia. Decreto Legislativo 1838 del 11 de agosto de 2002, sentencia C-876 de 2002 de la Corte Constitucional, Ley 863 de 2003 (SUIN-Juriscol; SIPRI; Banco Mundial).

México. Militarización de la lucha contra los grupos criminales desde 2006 y creación de la Guardia Nacional en 2019, sin reconstrucción paralela del aparato civil (creación de la Guardia Nacional mediante reforma constitucional, Diario Oficial de la Federación, 2019).