La ventanilla ha desaparecido, el impuesto permanece

Un camión sale de Puerto Príncipe una mañana cualquiera. El conductor sabe que pagará; todavía no sabe dónde. El punto de cobro se le indicará por el camino, y rara vez es el mismo de una semana a otra. Ninguna barrera en la calzada, ningún puesto, ninguna presencia armada visible. El gravamen existe; la ventanilla, en cambio, no aparece por ninguna parte. Esta escena no es el relato de un único convoy: reconstruye un mecanismo descrito por separado, y en términos convergentes, por varios operadores del transporte, el comercio y la logística. Otros testimonios van más lejos: algunas empresas comunican de antemano las placas de matrícula y los colores de sus vehículos, y sus convoyes atraviesan las zonas bajo control sin detenerse en ningún sitio, porque el derecho de paso se ha pagado en otro lugar, más arriba en la cadena, según un calendario acordado. Hay que guardarse de inmediato del error simétrico: los puestos visibles no han desaparecido. Barreras muy reales controlan todavía ejes importantes, y siguen cobrando. Lo que describen esos testimonios no es una sustitución, sino una superposición: el aparato de cobro tiene ahora dos pisos, de los cuales solo uno está a la vista.

Sin embargo, parte de la respuesta a la crisis haitiana descansa en una lectura muy distinta de esa economía: la coalición como un agregado de depredadores sin modelo, cuya fiscalidad se reduciría a sus barricadas en las carreteras y cuya asfixia se lograría destruyendo esas instalaciones visibles. Esa lectura tiene una consecuencia operativa directa: convierte el puesto de peaje en el objetivo central de la reconquista económica. Tiene también una virtud poco común en este asunto: es falsable. Si la coalición no fuera más que eso, el cobro debería cesar allí donde no hay barrera. Pero lo que se observa es lo contrario: en circuitos enteros no hay ningún puesto visible y el cobro persiste. Un gravamen que no necesita su ventanilla para cobrarse ya no pertenece al terreno del peaje oportunista; pertenece al de una gobernanza criminal, con base imponible, tarifas, registros y recaudación.

La fiscalidad visible

El estrato visible de esa economía está ampliamente documentado. International Crisis Group traza su secuencia: a partir de mediados de 2021, algunas pandillas se apoderan de un tramo de la carretera nacional que une la capital con el sur del país y luego extienden su dominio a los demás ejes que salen de Puerto Príncipe, hasta controlar todas las carreteras que conectan la capital con el resto del territorio. Al mismo tiempo, la extorsión se amplía a empresas de mayor envergadura implantadas en los bastiones de la coalición: compañías de transporte, concesionarios, centrales eléctricas, fábricas, sociedades que operan en los parques industriales y en los puertos. El mismo informe señala un detalle que lo dice todo sobre el registro en el que se instala esa economía: en al menos cuatro de los grandes cementerios de la capital, las pandillas cobran ahora por los entierros, en sustitución de la tasa que el Estado percibía por ese servicio. El propio Grupo de Expertos de las Naciones Unidas emplea, por lo demás, el vocabulario fiscal: los grupos armados, escribe, imponen una tributación informal que alimenta sus actividades. La escala no es anecdótica: estudios citados por el Grupo de Expertos sitúan entre 60 y 75 millones de dólares anuales los ingresos obtenidos solo con la extorsión al transporte de contenedores, y estiman que el total, si se suman el transporte público, las estaciones de servicio, los rescates y las contribuciones de actores económicos o políticos, es varias veces superior.

Esa fiscalidad se extiende, además, de los flujos al patrimonio. En Carrefour, municipio de medio millón de habitantes sin policía ni ejecutivo legítimo, la prensa documenta un orden ya instalado: lugartenientes asignados por barrio que cobran peajes y extorsiones, multas impuestas por una justicia paralela, huelgas generales decretadas y acatadas, e incluso la pretensión de instalar el ejecutivo municipal; el Grupo de Expertos sitúa allí, además, a una parte de los jefes de la coalición, replegados bajo la presión de los drones. Testimonios sobre el terreno procedentes del mismo municipio, corroborados por denuncias que circulan públicamente, describen ya la etapa siguiente: un impuesto exigido sobre las propias viviendas, alberguen o no un comercio. Después de la circulación, los servicios y las remesas, la residencia: a esa fiscalidad paralela solo le faltaba su impuesto sobre la propiedad. La ventanilla, esta vez, es el domicilio del contribuyente.

Hay que tomarse en serio ese vocabulario, porque describe una estructura. El puesto de peaje es a la economía criminal lo que la aduana es al Estado: un punto de contacto entre el contribuyente y el recaudador. Tiene las propiedades de una aduana: una base imponible amplia, un rendimiento regular, un personal asignado. Y tiene también su debilidad: una dirección.

Cuando la ventanilla se convierte en blanco

Dos fuerzas empujan a este modelo a desdoblarse, y ambas son racionales. La primera es militar. En un entorno saturado de drones, y tras las designaciones como organizaciones terroristas de 2025, la visibilidad se ha vuelto un bien costoso; lo que vale para los hombres vale para las instalaciones: todo lo que es fijo e identificable es un blanco. El propio Grupo de Expertos señala que los ataques con drones han sacudido a las pandillas y modificado parte de sus tácticas. La respuesta racional de un recaudador amenazado no es renunciar al impuesto, sino diversificar su cobro. La segunda fuerza es económica. La barricada física es un instrumento tosco: genera congestión, expone a los cobradores, multiplica los roces y las ocasiones de cobros salvajes por parte de los escalones subalternos. Un sistema de suscripción, pagado aguas arriba y cobrado al por mayor en lugar de vehículo por vehículo, cuesta menos, rinde más y no se puede destruir con un lanzacohetes. Si las barreras subsisten pese a todo, es porque cumplen otras funciones además del cobro: marcan la soberanía sobre un territorio, filtran las entradas, dan sustento a los escalones locales. El puesto visible permanece; ya no es todo el sistema.

Esa adaptación dejó de ser una hipótesis el 27 de marzo de 2026, fecha en la que el Grupo de Expertos la documentó en su informe provisional (S/2026/241). Las pandillas, se lee allí en sustancia, adoptan nuevas modalidades de cobro para eludir las operaciones policiales dirigidas contra las barricadas ilegales: un control más estrecho de las casas de transferencias de dinero, operaciones realizadas con uniformes y equipo de la policía, y peajes «encubiertos», en los que el recaudador ya no bloquea la carretera, sino que observa desde los edificios vecinos, anota quién pasa y luego alcanza a sus objetivos para cobrar lo que se le debe. El anexo dedicado a la extorsión describe la continuación lógica: tras el desmantelamiento de barricadas en torno a las principales zonas portuarias, los grupos conservaron las listas de sus objetivos, dieron instrucciones de pagar fuera de la carretera y desplegaron vigías encargados de identificar a los usuarios comerciales antes de ir a cobrar el gravamen directamente en sus locales. Un operador logístico entrevistado por el Grupo describe una relación que se ha vuelto duradera, casi contractual, entre pandillas y grandes empresas, en la que la protección de las mercancías es la contrapartida de la extorsión. El informe llega hasta la contabilidad del sistema: en una localidad, cada retiro de una transferencia de dinero está sujeto a una retención obligatoria, consignada en un segundo registro llevado por cuenta de la pandilla y cotejado con el registro oficial, y las casas de transferencias están obligadas a entregar lo recaudado.

Los testimonios de los operadores afinan este cuadro, y cada uno de los mecanismos que describen merece un nombre. El primero es el cobro aguas arriba: el gravamen remonta la cadena de valor y se cobra a los comerciantes y a los cargadores, una sola vez y al por mayor, en lugar de al borde de la carretera. El segundo es la ventanilla móvil: puntos de pago rotatorios, que se indican a los transportistas sobre la marcha, imposibles de localizar para un ataque e ineludibles para quien paga. El tercero, tal como lo describen varios operadores, se asemeja a una suscripción: programas de afiliación a los que se adhieren compañías de transporte, una tarifa por camión, listas de vehículos declarados de antemano, con placas y colores comunicados por adelantado, que transforman el derecho de paso en un estatus. Ya no se vende un paso; se vende una certeza. Es exactamente la definición que Diego Gambetta daba de la industria de la protección: el producto nunca fue la barrera; la barrera no era más que la interfaz de venta, y una interfaz, como en cualquier sistema de pago, puede desmaterializarse. Algunas fuentes describen también cobros realizados dentro o en las inmediaciones de ciertas infraestructuras logísticas, con modalidades que hacen su neutralización mucho más compleja que la de una barricada en la carretera; los detalles que permitirían identificar las instalaciones afectadas se omiten aquí deliberadamente. No se arrasa una instalación legítima para alcanzar la ventanilla que se aloja en ella. Queda el registro más delicado: varios testimonios mencionan pagos con cheque. Esta columna no ha podido examinar ninguno de los instrumentos en cuestión y, por tanto, no se pronuncia ni sobre la magnitud ni sobre la generalidad del fenómeno; cabe señalar solamente que el cheque no está ausente de los expedientes públicos: el Grupo de Expertos menciona la detención en la República Dominicana, en agosto de 2025, de una antigua representante local electa que llevaba divisas no declaradas y cheques, sospechosa de vínculos con pandillas. Un cheque, cuando existe, es una huella; pero hace falta que una investigación judicial y financiera vaya a levantarla.

Por último, esos mismos testimonios jerarquizan los dos pisos. Para los operadores afiliados, prácticamente ya no hay pagos en la carretera; las barricadas visibles siguen funcionando, pero con menos frecuencia, y ya solo representarían la parte más pequeña del rendimiento. Si esas proporciones son exactas, el piso invisible ya no es el complemento del sistema; bien podría haberse convertido en su núcleo. Todavía falta la medición, pero los indicios convergen, y el Grupo de Expertos llega, por sus propias vías, a la misma constatación: la menor visibilidad de las actividades de las pandillas no significa una menor capacidad de cobro, y los transportistas de productos de primera necesidad, en particular, siguen bajo control.

Dos elementos más antiguos completan el cuadro. El Grupo de Expertos documentaba ya en 2024 el caso de un directivo de empresa que financiaba a miembros de pandillas para proteger sus actividades y asegurar el transporte de sus mercancías: un arreglo permanente, sin barrera ni ventanilla. Hay que decirlo con claridad: pagar un derecho de paso bajo amenaza no constituye, en sí mismo, una colaboración; muchos operadores son ante todo víctimas de un sistema al que los obliga la falta de alternativas. La Global Initiative observaba por su parte, en la primavera de 2025, que algunas pandillas reducían la violencia indiscriminada en ciertas zonas precisamente para asentar en ellas un control económico mediante la extorsión: el comportamiento de un administrador que protege su base imponible. Y el informe final del Grupo de Expertos de septiembre de 2025 (S/2025/597) ya señalaba que, en el corredor que une la capital con el norte, los transportistas pagan elevadas cuotas de extorsión o rodean el eje por mar, y que en ambos casos el sobrecosto se traslada al consumidor. El desvío marítimo es la prueba que aporta el mercado: el corredor terrestre tiene un precio, conocido e integrado en los cálculos de los operadores. El impuesto invisible proyecta una sombra perfectamente visible: el alza de los costos y de los precios en los circuitos que grava.

Adónde va la renta

Pero antes de buscar adónde va el excedente, hay que decir qué paga la renta, porque esa fiscalidad cubre gastos permanentes, sin que haya que suponer una contabilidad central. La primera partida es militar: las armas y las municiones no se fabrican en el país, se compran, y sus circuitos de abastecimiento, principalmente desde Estados Unidos, los documenta informe tras informe el Grupo de Expertos; la incautación realizada en la aduana de Belladère en marzo de 2025 (armas, municiones, dinero y vehículos), que la prensa, citando a las autoridades departamentales, vincula con el asalto lanzado después contra Mirebalais, recuerda que el reabastecimiento es un gasto corriente. La segunda partida es la masa salarial: efectivos remunerados, reclutas pagados, acuerdos de reparto de ingresos entre grupos; una coalición de varios miles de hombres es ante todo un empleador, y la extorsión es su nómina. La tercera es suntuaria (residencias con aire acondicionado, estudios de música, vehículos), exhibida por los propios jefes y descrita en las denuncias públicas: ese consumo señala el estatus, acredita la solvencia del sistema y recluta mejor que cualquier discurso. A ello se suman los repartos clientelares documentados en algunos bastiones, que compran legitimidad allí donde el Estado no ofrece nada. Solo el saldo busca después en qué emplearse.

A ese saldo, los testimonios y las fuentes públicas le trazan tres destinos. Primero, la reventa: el producto de las razias en las ciudades de provincia, incluido el ganado robado, vuelve a ser mercancía en pocos días en mercados físicos bien conocidos por los actores locales y se funde en el comercio ordinario. Después, la incrustación, que exige sopesar cada palabra. Observaciones convergentes describen comercios cuya actividad aparente parece insuficiente, de forma duradera, para cubrir los costos y que, sin embargo, perduran: estaciones de servicio con volúmenes modestos, tiendas casi vacías que atraviesan los años, locales nocturnos de un lujo sin relación con la clientela observable. Una actividad visible escasa no prueba la ausencia de ingresos; la persistencia de esos perfiles constituye una señal de alerta, no una prueba, y solo el análisis de las cuentas, de los flujos y de los beneficiarios finales permitiría establecer si tales establecimientos cumplen una función de conversión. Pero para eso sirve precisamente una señal: para indicar dónde mirar.

Por último, la salida, que impone el mismo rigor. El informe final del Grupo de Expertos documenta una fuerte asimetría en las incautaciones de efectivo no declarado entre Haití y Estados Unidos: ciento nueve intercepciones por un total de casi 3.5 millones de dólares entre enero de 2022 y junio de 2025, de las cuales solo tres correspondían a fondos que entraban en Haití. Nada permite atribuir esas sumas a las pandillas; solo establecen la existencia de circuitos masivos de salida de efectivo no declarado, en los que ingresos criminales pueden confundirse con otros flujos. Lo que sí está documentado es la búsqueda de papeles en regla para lo acumulado: peticiones de amnistía señaladas por el Grupo de Expertos ya en 2024; el anuncio, en enero de 2025, de una transformación en partido político que no tuvo continuidad sustancial; la voluntad de influir en la composición de la próxima administración, que Crisis Group constató a finales de 2025; y hasta el sangriento escarmiento infligido, también a finales de 2025, a un jefe de la alianza que persistía en los secuestros desafiando el relato que la coalición pretende dar de sí misma. Una organización que disciplina a sus miembros para proteger su imagen política, y que pide una amnistía, no pide permiso para seguir arrebatando; pide el derecho a conservar.

Lo que significaría quebrarla

Si este modelo es correcto, la teoría del peaje lleva a un contrasentido operativo: destruir las barreras visibles es amputar al aparato su piso más expuesto, no el más productivo. Se pueden arrasar todas las instalaciones visibles de un corredor y reducir solo la fracción del cobro que todavía necesitaba una dirección. Los objetivos decisivos están en otra parte, y son tres. Primero, la base imponible: mientras el paso bajo control siga siendo el único camino entre la capital y el resto del país, la disposición a pagar es total; la seguridad efectiva y duradera de los ejes, o la existencia de alternativas, es la única política que la reduce. Después, los circuitos: las cuotas informales quedan anotadas en algún lugar de la contabilidad de las empresas que las abonan, existen rastros cuando los pagos pasan por instrumentos formales, y los perfiles comerciales atípicos se detectan tanto en los datos fiscales como en los flujos bancarios; el propio Grupo de Expertos recomienda poner plenamente en funcionamiento las unidades judiciales especializadas, entre ellas la dedicada a los delitos financieros, y es en ese terreno, austero y lento, donde se gana una guerra fiscal. Por último, la interfaz de conversión: toda discusión sobre una amnistía que no aborde la cuestión del patrimonio, de su origen y de su destino, no negocia el fin de una economía criminal; le organiza una salida airosa.

Queda la prueba, porque una tesis que no se deja refutar no vale nada, y hay que formularla con honestidad: los precios por sí solos no bastan, puesto que también se mueven con el combustible, el tipo de cambio, los desabastecimientos y las primas de riesgo. La prueba es, por tanto, compuesta. Tras la neutralización duradera de las instalaciones visibles de un corredor, habría que seguir conjuntamente las tarifas de flete, los tiempos de rotación, los volúmenes transportados, las primas de riesgo, los pagos que declaran los operadores y la diferencia de precio de los mismos productos entre los mercados abastecidos por ese eje y mercados comparables. Si los pagos persisten cuando las barricadas han desaparecido, la tesis de una recaudación desplazada y desmaterializada saldrá reforzada; si el conjunto de esos indicadores se relaja de forma duradera, la teoría del peaje habrá tenido razón, y esta columna se habrá equivocado. En uno u otro caso, por fin se sabrá qué se está combatiendo. Porque un impuesto no se suprime quemando sus ventanillas: se suprime secando su base imponible, cerrando sus circuitos, desalojando sus fachadas y haciendo imposible su conversión. Es en este último frente, el del patrimonio y su legitimación, donde se juega ahora la partida decisiva. Es también allí donde la coalición es sin duda más vulnerable, porque es allí, ahora, donde más tiene que perder.

Nota metodológica. Esta columna se basa en dos registros distintos, señalados como tales. Por una parte, entrevistas realizadas por separado, bajo anonimato, con operadores y responsables de los sectores del transporte, el comercio y la logística; solo se han retenido los mecanismos descritos de forma independiente y concordante por varias fuentes, y de ellas no se ha extraído ningún importe, ningún lugar, ninguna identidad ni ningún detalle que permita identificar a una empresa o una instalación. Por otra parte, fuentes públicas con las que se han contrastado esos elementos: el informe provisional del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas del 27 de marzo de 2026 (S/2026/241), en particular su sección sobre los flujos financieros ilícitos y su anexo dedicado a la extorsión; el informe final del 25 de septiembre de 2025 (S/2025/597) sobre las cuotas de extorsión, los desvíos marítimos, las incautaciones de efectivo y las unidades judiciales especializadas; el informe S/2024/704; el boletín de la Global Initiative de abril de 2025 y su estudio sobre la gobernanza criminal; el informe de International Crisis Group del 15 de diciembre de 2025; así como reportajes de la prensa haitiana e internacional, entre ellos los dedicados al municipio de Carrefour, y los reportajes citados en esos documentos. El impuesto sobre las viviendas mencionado en Carrefour se basa en testimonios sobre el terreno corroborados por denuncias públicas; no se ha recogido ningún importe al respecto. Se han omitido las cifras cuya fuente primaria no ha podido establecerse.