Pidieron la paz un jueves. El domingo, Kenscoff ardía

Carta, masacre, rehenes, arsenal: una negociación coercitiva a menos de cuatro meses de las elecciones.

El 20 de agosto circula una carta con el membrete «Gwoup Rebèl 400 Mawozo». En ella, Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, alza una «bandera blanca», reclama una tregua y pide un diálogo con facilitación internacional. Tres días después, en la noche del domingo 23 al lunes 24 de agosto, Kenscoff es golpeada: 47 muertos según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), entre ellos al menos cinco niños, más de cincuenta personas secuestradas, decenas de casas incendiadas. Luego, un video muestra a varios cautivos, mientras un hombre que se presenta como «Izo 2» se dirige con nombre y apellido al director general de la Policía Nacional de Haití (PNH) y anuncia que los matará si alguno de sus hombres resulta alcanzado. Las elecciones generales, las primeras en una década, están fijadas para el 13 de diciembre.

Tomados por separado, esos gestos se contradicen. ¿Por qué reclamar una tregua y luego atacar? ¿Por qué secuestrar a decenas de personas y amenazar con ejecutarlas? Dejan de contradecirse en cuanto se leen como piezas de una misma secuencia: una negociación coercitiva. La carta busca un interlocutor. La masacre demuestra una capacidad de hacer daño. La toma de rehenes restringe la respuesta. Se pide hablar al mismo tiempo que se fija la relación de fuerzas en la que tendría lugar esa conversación.

Hay que distinguir tres niveles de certeza. El asalto, los muertos, los secuestros, la orden de investigación dada a la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) y la amenaza proferida en video constan en fuentes públicas concordantes. La carta circula sin haber sido autenticada institucionalmente. Los videos de armas alineadas, difundidos después, no acreditan ni su fecha, ni su lugar, ni la procedencia estadounidense anunciada. El análisis versa, por tanto, sobre el mensaje que esos documentos ponen en circulación.

Hay que plantear de entrada una dificultad. La carta está firmada por 400 Mawozo. El asalto se atribuye a la coalición Viv Ansanm («vivir juntos» en criollo). La amenaza procede de un hombre que dice responder a Johnson André, alias Izo, cuya base está en Village de Dieu. Tres firmas para una sola secuencia. No puede deducirse de ello que un mando único haya ordenado esos gestos. Pero tampoco se sostiene lo contrario: Viv Ansanm es precisamente la estructura que ha dado a estos grupos la capacidad de actuar juntos, y lo propio de una coalición es producir efectos convergentes sin un plan único. La lectura que aquí se propone se refiere a efectos, no a intenciones.

La secuencia, del 20 al 26 de agosto

Cuadro 1. La secuencia del 20 al 26 de agosto de 2026 y el grado de certeza atribuido a cada pieza.

Una carta que habla menos de paz que de estatus

La elección de las palabras es central. El texto no habla como una pandilla. Habla de «rebeldes», de «territorios», de tregua, de mediación y de derecho de la guerra. Un bandido es, ante todo, asunto de la policía. Un terrorista es una amenaza que hay que aislar. La palabra «rebelde» abre otro imaginario, el del alto el fuego y el arreglo político. Jurídicamente, esa autoproclamación no crea nada: llamarse rebelde no otorga ni estatus de beligerante ni derecho a una tregua. Lo que ese vocabulario puede producir es de otro orden: un desplazamiento de la categoría en la que se lee al grupo, suficiente para volver pensable una interlocución que el derecho no le concede.

El resto del texto prolonga ese deslizamiento. La carta propone una tregua y un diálogo, pero no el desarme. Afirma que los grupos seguirán armados, pide que se respeten los límites de los territorios que controlan y cuestiona la autoridad de la PNH en esos espacios. La tregua se parece menos a una rendición que a un congelamiento de posiciones.

Si el objetivo es fijar mañana las líneas de control, cada posición conquistada hoy se vuelve más valiosa. Nada prueba que el ataque del 23 de agosto se decidiera en función de la carta del 20. Pero en una lógica de negociación territorial, conquistar antes de pedir el congelamiento no tiene nada de contradictorio. Cabe señalar también que ninguna respuesta pública siguió a la carta durante tres días, y que una oferta pública ignorada pone a su autor en la obligación de restablecer su credibilidad. Quizá sea parte de lo que se jugó entre el 20 y el 23 de agosto, aunque no pueda establecerse.

Kenscoff, por lo demás, no es un municipio cualquiera. Sus alturas dominan los accesos a Pétion-Ville y a la carretera del Sur. La BINUH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya habían señalado ese interés estratégico en su informe de abril de 2025, que contabilizaba al menos 262 muertos en dos meses de ofensiva. El comunicado de la PNH del 25 de agosto añade un hecho decisivo: el director general, André Jonas Vladimir Paraison, ordenó reforzar unidades especializadas y encargó a la DCPJ determinar si el ataque se debió a complicidad o a negligencia. La policía no dice que esos hechos estén establecidos. Reconoce que la ruptura del dispositivo merece una investigación, lo cual ya es un dato.

Los rehenes como veto a la respuesta

Durante el asalto se llevaron a más de cincuenta personas. No son simples víctimas adicionales, ni meras fuentes potenciales de rescate. Su cautiverio funciona como un medio de presión militar.

La formulación de la amenaza es más amplia de lo que parece. El hombre filmado advierte al director general de la PNH contra el uso de drones en la zona, y anuncia que matará a todos los cautivos si alguno de sus hombres resulta alcanzado. No es, pues, un veto a un medio concreto. Es un veto a cualquier resultado operativo, sea cual sea el instrumento. Conviene reparar en el blanco elegido: desde marzo de 2025, una fuerza de tarea dirigida por la Oficina del Primer Ministro emplea drones armados contra los grupos del área metropolitana. Es la ventaja táctica más clara de que dispone el Estado. Cuando un medio no puede neutralizarse militarmente, cabe intentar que su empleo resulte políticamente costoso.

La trampa tiene dos desenlaces, como señaló Romain Le Cour, de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime: si el Estado se abstiene, ha faltado a su deber de proteger; si actúa y mueren cautivos, se le imputarán esas muertes. Eso es lo que distingue esta toma de rehenes de un secuestro con fines de lucro. El valor del cautivo ya no reside en el dinero que reporta, sino en la acción que impide.

Lo que la coacción busca comprar

Lo que estos grupos intentan convertir en beneficio político no es territorio. Es una posición de fuerza militar. El territorio no es la legitimidad. Un arma no da una amnistía. Una barricada no da un asiento en la mesa. Para transformar el control armado en estatus, hace falta que otro actor acepte esa conversión. Los grupos pueden conquistar, cobrar impuestos y secuestrar. No pueden concederse a sí mismos una salida política.

De ahí la elección de los destinatarios. La carta sortea al Estado haitiano y se dirige a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Comunidad del Caribe (CARICOM), a la BINUH, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a organizaciones de defensa de los derechos humanos. El Estado haitiano no puede conceder un estatus sin desdecirse. Un tercero internacional tampoco lo concede: la OEA, la BINUH o el CICR saben hablar con un grupo armado sin reconocerle nada, y el CICR ha construido su práctica sobre esa distinción. Lo que la repetición del contacto puede instalar es de otro orden: no un reconocimiento, sino una normalización. Un grupo al que se recibe, cuyas demandas se transmiten, cuyos intercambios se facilitan, se convierte poco a poco en un interlocutor. Esa legitimación de hecho nunca se concede; se sedimenta.

Esa conversión tiene ya una fecha. El 13 de diciembre, Haití debe celebrar sus primeras elecciones generales en una década. Una cita electoral es el momento en que el poder se redistribuye legalmente, en que se negocian garantías, en que se protegen candidaturas y en que la cuestión de la amnistía deja de ser teórica. El International Crisis Group había señalado, en diciembre de 2025, la voluntad de la coalición de colocar aliados en la administración y de obtener una amplia amnistía. No puede establecerse que la carta se concibiera en función de esa cita, y el argumento no lo necesita. Basta con constatar que llega en la ventana en la que una normalización, aun informal, valdría más.

Qué hacer con los rehenes

Se plantean de entrada tres preguntas. ¿Hay que lanzar el asalto? No. ¿Hay que abandonar a esas personas? No. ¿Hay que suspenderlo todo? Tampoco. La respuesta se articula en tres tiempos: localizar y contener, imponer un canal único, mantener la opción final supeditada a condiciones.

Primero, el asalto, porque es lo que parece evidente sin serlo. El 5 de mayo de 2003, en Colombia, el Ejército se acerca al campamento donde las FARC mantienen secuestrados al gobernador Guillermo Gaviria y al exministro Gilberto Echeverri: sus custodios ejecutan a los dos hombres y a ocho militares cautivos antes del primer contacto. A la inversa, los dos éxitos que todo el mundo cita exigieron lo que Kenscoff no ofrece: en Lima, la operación Chavín de Huántar libera a 71 de los 72 rehenes de la residencia del embajador de Japón, pero tras 126 días de asedio, en un lugar único, cartografiado mediante meses de escuchas y de túneles; la operación Jaque, que saca a quince rehenes de manos de las FARC en 2008 sin un solo disparo, corona años de infiltración de las comunicaciones de la guerrilla. Esos precedentes no ofrecen ninguna regla mecánica. Dibujan una constante operativa: cuanto menos localizados y agrupados están los cautivos, y cuanto menos penetrado está el dispositivo adversario, más incertidumbre y más riesgo añade para ellos una intervención inmediata. Los de Kenscoff están dispersos, sin localizar, en terreno adversario. El asalto no lo impide, pues, la amenaza del secuestrador; lo impide el estado de la inteligencia, lo que señala cuál es la tarea de los primeros días.

Primer tiempo: localizar y contener. Nunca existirá ninguna opción sin saber dónde están las personas, y nada en la condición impuesta por el secuestrador impide buscarlas: observar no alcanza a nadie, y los medios que la amenaza pretendía congelar siguen disponibles. Contener, después, en lugar de entrar, porque el verdadero peligro de los primeros días tiene un nombre: Chibok. En 2014, las 276 alumnas de secundaria secuestradas por Boko Haram fueron divididas en pequeños grupos y dispersadas en pocos días; una parte nunca fue encontrada. El riesgo no es tanto que los cautivos permanezcan en Kenscoff como verlos repartidos por la zona metropolitana, donde se volverían imposibles de encontrar y negociables uno a uno. Si el cerco se mantiene, el tiempo cambia de bando: alimentar, custodiar y silenciar a cincuenta personas tiene un costo, y el grupo que las retiene pierde la movilidad que constituye su fuerza.

Segundo tiempo: un canal único. No hay que buscar el precedente en el extranjero: fue 400 Mawozo quien lo escribió, con los diecisiete misioneros secuestrados en octubre de 2021. Dos liberados a finales de noviembre, tres a principios de diciembre, la fuga de los doce últimos a mediados de diciembre, un pago parcial del que informó la prensa. Ese precedente no ofrece ningún modelo de salida, como demuestra la fuga final. Establece capacidades: sostener un cautiverio colectivo durante semanas, fraccionar el desenlace, negociar dinero, trasladar a los cautivos. El Estado sabe, pues, cómo será la duración; su tarea es organizarla a su favor. No centralizando posibles rescates: desde mayo de 2025, Viv Ansanm está designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, y toda transacción expuesta al sistema financiero estadounidense se vuelve jurídicamente peligrosa, tanto para los intermediarios como para los bancos. Lo que el Estado sí puede centralizar es todo lo demás: la notificación de cada contacto, la conducción de los intercambios, el acompañamiento de las familias, la explotación de la inteligencia. Colombia dio forma institucional a ese principio con los GAULA, que reúnen inteligencia, investigación, operaciones y fiscalía en un mismo circuito. La caída de los secuestros, de más de 3500 en 2000 a unos pocos cientos en 2008, debe mucho al vuelco militar de esos años, pero ese circuito contribuyó a ella, y es la parte trasladable: cada contacto declarado, cada persona liberada y entrevistada a tiempo, se convierte en una pieza del plan del adversario.

Queda el tercero humanitario. El Estado no le encarga misiones al CICR como a un contratista; puede solicitar su intervención, que obedece a sus propios principios y supone el acuerdo de las partes. En Chibok, las ochenta y dos liberaciones de mayo de 2017 se lograron gracias a una facilitación suiza, con el CICR como intermediario neutral para la entrega, y no gracias al ejército nigeriano. Pruebas de vida, evacuaciones sanitarias, prioridad a los menores y a las personas mayores: ese es el perímetro realista de una solicitud así.

Tercer tiempo: la opción final. No está prometida ni excluida: está condicionada. Jaque y Chavín de Huántar muestran cómo es esa condición: una localización precisa, cautivos agrupados, un dispositivo adversario penetrado. Si el cerco y el canal único producen algún día esos tres elementos, la opción existe. Si nunca se dan, la operación nunca tiene lugar, y eso no es una debilidad: ninguna fuerza que haya tenido éxito actuó de otro modo.

Lo que el Estado dice, lo que calla

Sobre su postura operativa, nada. Anunciar una suspensión de los drones concede públicamente la victoria al chantaje; anunciar que se hará caso omiso condena a los cautivos. Sobre el fondo, una única declaración, fría: ni territorio reconocido, ni estatus, ni amnistía, sea cual sea el número de cautivos. Y ninguna promesa de que todos volverán indemnes. El precedente de 2021 duró dos meses y terminó con una fuga; un gobierno que hubiera prometido un desenlace rápido habría sido desmentido cada semana, y un Estado desmentido acaba concediendo cualquier cosa.

Si, pese a todo, el Estado decide hablar más allá de las liberaciones, las condiciones se fijan antes, no durante: liberación de los cautivos como requisito previo, ningún reconocimiento de los territorios, ninguna suspensión general de las operaciones como precio de entrada, duración limitada y verificación por un tercero. El precedente colombiano no valida cada uno de esos puntos, pero establece lo esencial: el diálogo abierto en 2012 no exigió ni santuarios territoriales ni la suspensión previa de las operaciones de seguridad. Y si llega la calma, no se juzgará por el recuento de muertos: la tregua salvadoreña de 2012 redujo los homicidios mientras la extorsión prosperaba. Los indicadores que cuentan son los secuestros, los peajes, las carreteras reabiertas, los mercados accesibles y el regreso de la población.

La cuestión es política

La elección no es entre negociar y no negociar nunca. Los Estados a veces hablan con sus adversarios. La verdadera cuestión es quién escribe las reglas, y en qué momento. Una tregua que deja intacta la extorsión, una zona congelada en beneficio de quien la conquistó, una mediación obtenida bajo amenaza no son salidas de la crisis. Son conversiones de la violencia en poder.

Kenscoff impone una línea sencilla, y el calendario le da su urgencia. El Estado puede hablar si lo considera necesario, pero no puede enseñar a los grupos armados que matar, secuestrar y conquistar más da un mejor asiento en la mesa. El peligro no es que una pandilla pida entrar en política. El peligro sería que el Estado, a menos de cuatro meses de unas elecciones, le enseñara que la masacre es el camino más corto para entrar en ella.

Nota metodológica

El balance del ataque del 23 al 24 de agosto, la amenaza contra los cautivos, el comunicado de la PNH del 25 de agosto y el contexto de las operaciones con drones proceden de despachos de agencias y de la BINUH. Los datos sobre las ofensivas anteriores contra Kenscoff proceden del informe conjunto de la BINUH y el ACNUDH de abril de 2025. La «Deklarasyon Drapo Blan» del 20 de agosto de 2026 y los videos de armas se analizan como documentos que circulan en el espacio público haitiano, no como piezas autenticadas. Los precedentes utilizados están documentados públicamente: la ejecución de los rehenes de Urrao en Colombia (2003), las operaciones Chavín de Huántar (Lima, 1997) y Jaque (Colombia, 2008), los secuestros de Chibok (2014) y su desenlace mediante facilitación suiza e intermediación del CICR (2016 y 2017), el secuestro de los misioneros de Christian Aid Ministries por 400 Mawozo (2021), los datos públicos sobre los GAULA y la evolución de los secuestros en Colombia, la designación de Viv Ansanm por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (mayo de 2025), el proceso de negociación colombiano abierto en 2012 y el análisis de la tregua salvadoreña del International Crisis Group.