Haití no se derrumba, lo tienen sujeto

En el debate haitiano, la palabra «élites» funciona como una distracción nacional, una catarsis cómoda que evita interrogar el propio marco institucional. Se acusa a familias, a clanes, a individuos, pero se olvida que lo que determina sus comportamientos no es su origen, ni su riqueza, ni su personalidad. Es la arquitectura de los incentivos la que los precede, los moldea, los selecciona y, sobre todo, los recompensa. Las élites haitianas no son una anomalía moral. Son el producto óptimo de un orden institucional que fabrica mecánicamente la extracción, la fragmentación y la depredación.

¿Quiénes son esas élites de las que se habla?

La élite no es una casta única. Abarca a toda persona que tenga capacidad para bloquear u orientar los recursos. El funcionario que tiene bajo llave una dirección estratégica y negocia su visto bueno a cambio de una remuneración. El empresario que manipula un monopolio logístico controlando el acceso al puerto o a la aduana. El jefe de pandilla que controla un corredor y cobra su tributo a cada camión que pasa. El parlamentario que negocia presupuestos tomados como rehenes y vende su voto al mejor postor. El aduanero que puede bloquear o acelerar un contenedor. El técnico que tiene en sus manos un segmento del Estado fragmentado y vende el acceso a él.

Esta red, heterogénea pero coherente en su lógica profunda, produce una dinámica en la que las estrategias individuales convergen en un mismo punto: maximizar la extracción antes de ser derrocado, reemplazado o eliminado. Y en esta estructura, el pueblo no es un actor. Es el material de sacrificio. Mientras las élites negocian sus partes, hay madres que dan a luz sin anestesia en hospitales sin electricidad. Hay niños que mueren de cólera porque el agua potable no llega. Familias enteras huyen de su barrio sin más equipaje que lo que pueden cargar sobre la cabeza.

¿Qué es exactamente la extracción?

Hablemos en concreto. La extracción no es simplemente robar. Es captar riqueza sin crearla. Es organizar la economía de tal modo que los ingresos no provengan de la producción, sino del control de los puntos de paso.

Tomemos un ejemplo sencillo. Un importador que controla el acceso al puerto gracias a sus conexiones políticas. No construye almacenes más eficientes. No reduce los plazos de despacho. No mejora ningún servicio. Simplemente capta una renta sobre cada contenedor que pasa, porque dispone de un monopolio de hecho. Si un competidor intenta entrar, moviliza sus redes para bloquearlo por la vía administrativa. El sistema no lo recompensa por haber creado valor, sino por haber echado el cerrojo sobre un punto de control.

Otro ejemplo: el parlamentario que bloquea la votación del presupuesto hasta que se le adjudiquen, a él o a sus aliados, contratos públicos en su circunscripción. No produce ninguna ley de interés general. No propone ninguna reforma. Cobra por su capacidad de entorpecer. El sistema, también aquí, recompensa la obstrucción antes que la construcción.

Último ejemplo: la pandilla que controla un barrio e impone un tributo a cada actividad económica: transporte, comercio, envíos de dinero. No protege nada. No presta ningún servicio público. Cobra. Y si el Estado intenta recuperar el control, la pandilla dispone de armas y combatientes suficientes para que la operación resulte tan costosa que el Estado desista. El sistema, una vez más, convalida la depredación.

En los tres casos, la lógica es idéntica: quien capta los recursos no es quien los crea. Eso es la economía extractiva. Una economía donde las posiciones de poder rinden más que las actividades productivas. Una economía donde convertirse en intermediario vale más que ser empresario. Una economía donde bloquear vale más que construir.

¿Cómo fabrica el sistema esos comportamientos?

La crítica moral fracasa porque analiza a los individuos en lugar de analizar el sistema que los fabrica. Douglass North lo había anticipado: las instituciones funcionan como una máquina de seleccionar comportamientos. Producen élites adaptadas a su entorno. En un orden en el que las instituciones son extractivas, por usar los términos de Daron Acemoglu y James Robinson, las élites dominantes no tienen ningún interés objetivo en transformar la economía. Les interesa mantenerla en un estado semiorganizado que permita la circulación de las rentas.

Observemos cómo opera el sistema esa selección. En un entorno donde las reglas cambian al vaivén de las relaciones de fuerza, donde la justicia no garantiza ningún contrato, donde la violencia puede surgir en cualquier momento, donde el Estado no protege a nadie de manera fiable, ¿qué tipo de actor económico sobrevive?

No el que invierte en una fábrica a largo plazo. Su inversión inicial es considerable, sus primeras ganancias solo llegarán al cabo de varios años, y nada garantiza que entretanto un competidor no se beneficie de un trato de favor que lo arruine. No el que forma personal calificado. Sus empleados, una vez formados, se irán con un competidor o emigrarán, y él no tendrá ningún recurso legal para recuperar su inversión. No el que juega según las reglas oficiales. Sus competidores, por su parte, eluden las normas pagando a funcionarios, y él queda en desventaja.

El que sobrevive es el que sabe navegar en la inestabilidad. El que cultiva redes políticas para asegurar sus posiciones. El que puede mover sus activos con rapidez cuando cambia el viento. El que diversifica sus fuentes de protección financiando a varios bandos a la vez. El que, en el fondo, ha comprendido que en un sistema así apostar por la estabilidad es suicida y jugar la carta del caos es racional.

El sistema selecciona de forma natural a los depredadores y elimina a los constructores. No es una cuestión de moralidad. Es una cuestión de supervivencia adaptativa. Las «buenas» élites, las que querrían invertir, producir y respetar las reglas, son eliminadas sistemáticamente por la competencia. Las «malas» élites, las que comprenden que el juego real no tiene nada que ver con las reglas proclamadas, prosperan.

El bucle de retroalimentación: cómo se blinda el sistema

A menudo se confunde causalidad con responsabilidad. Si el país es débil, no es «porque las élites son malas». Si solo sobreviven élites capaces de prosperar en el caos, es porque el sistema es débil. Ese es el bucle de retroalimentación fundamental del subdesarrollo.

Así es como se cierra el círculo, paso a paso.

Un Estado débil no puede recaudar impuestos con eficacia. Los funcionarios no cobran con regularidad, la administración carece de medios, las fuerzas de seguridad están mal equipadas. Para compensar esa falta de ingresos, el Estado vende monopolios a actores privados. Concede exenciones fiscales generosas. Reparte licencias de importación exclusivas. Otorga concesiones sin licitación transparente.

Esos actores, una vez instalados en sus posiciones de renta, usan su riqueza para debilitar aún más al Estado. Corrompen a los funcionarios para bloquear cualquier reforma que amenace sus privilegios. Financian a políticos dóciles que defenderán sus intereses. Capturan a las agencias reguladoras que deberían controlarlos. Esquivan a los tribunales que podrían sancionarlos.

El Estado se vuelve todavía más débil. Su capacidad de recaudar impuestos disminuye aún más: ¿por qué pagarían los contribuyentes comunes si los más ricos no pagan? Su legitimidad se erosiona: ¿por qué respetaría el pueblo a un Estado que no lo protege? Sus funcionarios, mal pagados y desmoralizados, se vuelven aún más permeables a la corrupción.

Para sobrevivir, el Estado vende todavía más privilegios. Los monopolios se refuerzan. Las rentas se acumulan. La economía productiva se contrae. Y el ciclo vuelve a empezar, y cada vuelta del bucle hunde un poco más al país en el equilibrio bajo.

Es lo que se denomina una trampa institucional. Un sistema en el que comportamientos individualmente racionales producen un resultado colectivamente desastroso, y en el que cada actor encuentra ventaja en perpetuar el mismo sistema que lo atrapa. El problema no son, por tanto, «las élites» como personas, ni «el sistema» como abstracción. El problema es el equilibrio entre ambos, un equilibrio perverso en el que la debilidad del Estado se ha convertido en la infraestructura invisible de la reproducción de todos los poderes.

Los países que rompieron el bucle

Para entender cómo salir de ahí, hay que mirar a los países que rompieron con su estancamiento. Ruanda, Chile, Costa Rica, Botsuana, Corea del Sur. Ninguno de ellos avanzó por virtud. Todos avanzaron mediante una transformación brutal de los incentivos.

La Ruanda de Paul Kagame construyó uno de los Estados más disciplinados de África, no porque sus dirigentes fueran moralmente superiores, sino porque el sistema castiga de manera implacable el fallo administrativo. En concreto: cada funcionario, del ministro al técnico, firma un contrato anual de desempeño con objetivos precisos y medibles. Si no se alcanzan los objetivos, el funcionario es destituido. Sin negociación, sin excusas, sin protección política. Esa disciplina brutal transformó una administración corrupta en una máquina eficaz en menos de una década. El sistema cambió; los comportamientos lo siguieron.

El Chile de Pinochet impuso una disciplina tecnocrática bajo coerción autoritaria. Un equipo de economistas formados en la Universidad de Chicago, los famosos «Chicago Boys», reestructuró toda la economía apoyándose en el poder dictatorial para neutralizar las resistencias. Privatizaciones masivas, apertura comercial, disciplina presupuestaria rigurosa, independencia del banco central. Los resultados económicos fueron espectaculares, aunque el costo político y humano fue considerable. El punto crucial: esos tecnócratas podían actuar sin temer las presiones electorales de corto plazo. Su horizonte temporal era largo porque estaban protegidos de las turbulencias políticas inmediatas.

Costa Rica tomó una decisión radical en 1948: abolir el ejército. Esa decisión no era idealista. Era estratégica. Sin ejército, es imposible tomar el poder por la fuerza. Los golpes de Estado se vuelven impracticables. La única vía de acceso al poder pasa a ser la electoral, lo que obliga a las élites a construir coaliciones duraderas en lugar de apostar por la violencia. Resultado: Costa Rica se convirtió en el país más estable y más próspero de América Central, con instituciones democráticas sólidas y una amplia clase media.

La Corea del Sur de Park Chung-hee construyó un capitalismo productivo imponiendo a los conglomerados, los chaebols, una lógica de desempeño exportador so pena de muerte económica. El Gobierno concedía créditos preferenciales, protección arancelaria, exenciones fiscales. Pero a cambio exigía resultados precisos: metas de exportación, inversión en investigación, creación de empleo. Si un chaebol fracasaba, se le retiraban sus privilegios, que se redistribuían a un competidor. Esa disciplina transformó empresas familiares en campeones mundiales. Samsung, Hyundai, LG: todas se forjaron en ese sistema en el que el Estado recompensaba la inversión y castigaba la renta.

Botsuana transformó una renta minera potencialmente destructiva (los diamantes) en instituciones sólidas gracias a un pacto entre élites en el que el costo de la depredación individual superaba la ganancia inmediata. Los jefes tradicionales, que habrían podido luchar por el control de las minas, aceptaron un compromiso: centralización de los ingresos a escala nacional, redistribución transparente según reglas constitucionales y, sobre todo, mecanismos de control mutuo entre etnias. Ningún grupo podía capturar la renta por sí solo, de modo que a todos les interesaba mantener el sistema de reparto equitativo.

En todos estos casos, la clave nunca fue la moralidad de las élites. La clave fue un cambio de las reglas del juego lo bastante violento, claro e irreversible como para obligar a las élites a redirigir su inteligencia hacia la construcción en lugar de hacia la extracción. La transformación institucional empieza siempre por una fase de coerción, nunca por un consenso moral.

Observe el patrón: en cada caso, alguien o algo modificó radicalmente el cálculo costo-beneficio de los actores dominantes. En Ruanda, la destitución inmediata hizo que la corrupción fuera demasiado arriesgada. En Chile, la protección autoritaria permitió reformas impopulares a corto plazo. En Costa Rica, la abolición del ejército cerró la vía del golpe de Estado. En Corea, la disciplina del desempeño volvió la renta menos rentable que la exportación. En Botsuana, el control mutuo impidió la captura individual.

En cada ocasión, el sistema dejó de recompensar los comportamientos destructivos y empezó a recompensar los productivos. Las élites no cambiaron moralmente. Cambiaron estratégicamente, porque la estructura de los incentivos había dado un vuelco.

Lo que Haití debe hacer, en concreto

Haití solo podrá avanzar si crea un sistema en el que la depredación resulte costosa y la cooperación, rentable. Eso supone una reforma constitucional que establezca un poder ejecutivo fuerte pero limitado en el tiempo. En concreto: un mandato presidencial de doce años, no renovable, con amplios poderes para reformar la administración, reorganizar las fuerzas de seguridad, imponer disciplina presupuestaria y concentrarse en sectores económicos prioritarios. Doce años es el tiempo mínimo para que una generación que hoy está en la escuela entre en el mercado laboral, para que una infraestructura construida se vuelva rentable, para que una reforma produzca resultados visibles. Pero doce años no renovables significan que el presidente no puede organizar su reelección. Su único interés es dejar una huella duradera.

Esos poderes deben estar enmarcados por salvaguardas inalterables: imposibilidad de modificar la Constitución durante el mandato, obligación de publicar las cuentas públicas cada trimestre so pena de destitución, mantenimiento de un tribunal constitucional independiente capaz de sancionar los abusos, protección de las libertades fundamentales, calendario electoral fijo para el regreso a un régimen con contrapesos parlamentarios reforzados.

Paralelamente, la reconstrucción del Estado empieza por la reconstitución de su territorio. Los corredores estratégicos deben asegurarse en primer lugar. Un puerto funcional donde los contenedores no queden bloqueados por redes mafiosas. Una aduana disciplinada donde los aranceles se apliquen de manera uniforme. Un eje logístico seguro donde los camiones puedan circular sin pagar tributos ilegales a las pandillas. Esas zonas producen de inmediato más riqueza. Un importador puede calcular sus costos con certeza. Un exportador puede cumplir sus plazos. Un empresario puede planificar sus inversiones. Si esas zonas demuestran que el orden rinde más que el caos, las élites económicas cambian de cálculo. El sistema se invierte por la demostración, no por la moral.

Por último, la focalización sectorial. Haití no puede desarrollarlo todo a la vez. Debe elegir tres o cuatro sectores en los que disponga de ventajas reales y concentrar en ellos todos los recursos. Agricultura de alto valor agregado: mangos, cacao, cafés procesados localmente para la exportación. Industrias ligeras de ensamblaje, aprovechando la cercanía del mercado estadounidense. Servicios digitales deslocalizados: centros de llamadas, procesamiento de datos, desarrollo de software.

Para cada sector, el Estado concede ventajas claras, pero exige resultados precisos y medibles: metas de exportación, creación de empleo, formación de personal local, transferencia de tecnología. Si una empresa se beneficia de ventajas sin producir resultados, pierde sus privilegios, que se redistribuyen de inmediato a un competidor. Esa disciplina transforma progresivamente a la élite económica: los que prosperan ya no son los que captan rentas, sino los que producen y exportan.

Lo que realmente está en juego

Haití no es prisionero de una fatalidad. Es prisionero de un equilibrio estratégico. Mientras la depredación sea racional, prevalecerá. Mientras la cooperación sea una apuesta peligrosa, nadie entrará en ella. La transformación empieza cuando las reglas del juego invierten esa ecuación.

Lo que está en juego es claro: destruir el equilibrio institucional que hace indispensables a las élites. Destruir las estructuras que convierten sus intereses privados en lógica de gobernanza nacional. Lograr que las élites ya no tengan ni la posibilidad ni el interés de reproducir el caos.

Haití ya no necesita catarsis. Necesita ingeniería institucional. Necesita un sistema que castigue la depredación, recompense la inversión, proteja el largo plazo, discipline la arbitrariedad y haga imposible el regreso al caos.

Haití saldrá del abismo el día en que construir se vuelva racional. Y ese día el pueblo volverá a ser, no una víctima, sino la finalidad misma del orden político.