La paradoja fiscal haitiana: cuando la sobreimposición conduce al derrumbe

En 2024, el Estado haitiano solo movilizó el 5.2 % del PIB en ingresos tributarios, según el Banco Mundial, frente al 6.3 % en 2023. A ese nivel, Haití no solo se sitúa por debajo del umbral crítico del 13-15 % que Timothy Besley y Torsten Persson consideran indispensable para evitar la «trampa de baja capacidad fiscal», sino también muy por debajo del promedio regional. Al mismo tiempo, algunos bienes importados soportan gravámenes acumulados que alcanzan el 70 % de su valor inicial, y a veces más si se incluyen los gastos de corretaje y de matriculación.

Esta contradicción está en el centro de una paradoja fiscal inquietante: ¿cómo explicar que uno de los países que más gravan ciertas partidas figure también entre los que menos ingresos tributarios recaudan en proporción a su economía? La respuesta está en los efectos perversos de la sobreimposición en un contexto de baja capacidad institucional, en el que el exceso de imposición destruye los cimientos mismos de la base imponible.

Compresión institucional y dependencia de la trayectoria

Dani Rodrik describió la situación de los países en desarrollo como una «compresión institucional»: necesitan más recursos para financiar la seguridad, las escuelas o las infraestructuras, pero disponen de administraciones débiles para recaudar impuestos. Haití encarna esa compresión en su forma más brutal.

A modo de comparación, la República Dominicana, con un ingreso per cápita aproximadamente dos veces mayor, recauda cerca del 14 % del PIB en impuestos, según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. No es la riqueza relativa lo que explica la diferencia, sino la arquitectura fiscal: mientras la República Dominicana se apoya en un impuesto sobre la renta sólido y un IVA generalizado, Haití sigue dependiendo de los derechos de aduana para el 35 % de sus ingresos. Esa concentración hace que el sistema sea frágil, inestable e inevitablemente proclive a la sobreimposición de las importaciones.

El nuevo Código Fiscal, en vigor desde el 1 de octubre de 2024, ilustra esa paradoja institucional. Al fijar el Impuesto sobre el Volumen de Negocios (TCA) en el 10 %, moderniza algunos procedimientos pero deja intacta la superposición de derechos específicos. Ese fenómeno, que los economistas llaman «dependencia de la trayectoria», muestra cómo las estructuras fiscales complejas acaban reproduciéndose por sí solas, alimentadas por las rentas de quienes se benefician de su opacidad.

Radiografía de una importación

Para entender concretamente esta mecánica, basta con seguir paso a paso el recorrido fiscal de un automóvil usado importado. Un caso reciente revelado por Jean Ralph Gracia, director de control de la Administración General de Aduanas, ilustra perfectamente esa realidad: un Suzuki Grand Vitara comprado por 7000 dólares soporta nada menos que diez tipos de gravámenes distintos.

El desglose detallado revela la magnitud del sistema: arancel aduanero según la clasificación, impuesto selectivo al consumo del 15 %, tasa de verificación del 6 %, TCA del 10 %, impuesto de primera matriculación del 20 %, tasa turística del 10 %, impuesto de protección del medio ambiente del 25 % para los vehículos de más de 7 años, contribución al fondo de gestión del 2 %, sin contar los impuestos especiales.

El total alcanza el 104.82 % del valor del vehículo según los cálculos oficiales, es decir, más de 7300 dólares de impuestos sobre un vehículo de 7000 dólares. Esta situación supera incluso nuestras estimaciones teóricas más pesimistas y confirma que algunos vehículos pueden soportar cargas fiscales superiores a su precio de compra.

Esas cifras, tomadas directamente de las tarifas de la Administración General de Aduanas y confirmadas por casos concretos, no tienen en cuenta los gastos accesorios como el corretaje, el almacenaje o los trámites administrativos. El costo de acceso al mercado supera, por tanto, ampliamente el 100 % del precio FOB inicial, lo que convierte la importación legal de un vehículo en un lujo absolutamente prohibitivo para la gran mayoría de los haitianos.

El resultado es una distorsión importante: los consumidores prolongan la vida útil de los vehículos existentes o recurren a canales paralelos de abastecimiento en la República Dominicana. Como mostraron Joshua Aizenman y Yothin Jinjarak en su teoría de la fragmentación fiscal, esos «picos de imposición» conducen mecánicamente a la erosión de la base imponible formal.

Combustibles: gravar en exceso la sangre de la economía

La misma lógica se aplica a los combustibles, pero con efectos aún más sistémicos. La gasolina está gravada con casi un 90 %, y el diésel con un 40 %, según las tarifas de la Administración General de Aduanas. En una economía en la que la electricidad pública es deficiente, el diésel es el insumo energético central: alimenta casi todos los generadores eléctricos de las empresas, los hospitales, las escuelas e incluso los hogares.

La sobreimposición del diésel se traduce, por tanto, en un aumento inmediato de los costos de producción, que reduce la competitividad de las industrias haitianas en los mercados internacionales. Suphat Suphachalasai, en sus trabajos sobre los choques fiscales energéticos, mostró que ese efecto dominó provoca inflación generalizada, contracción de la inversión y pérdida de productividad.

El efecto frontera agrava el problema. Robert Schwab y Wallace Oates describieron ya en 1991 la movilidad de la base imponible: en una economía abierta, la sobreimposición de un bien desplaza la demanda hacia jurisdicciones vecinas. Es exactamente lo que ocurre en la frontera haitiano-dominicana. Una parte creciente del consumo de combustibles se satisface con importaciones paralelas desde la República Dominicana, que escapan por completo al fisco haitiano.

Esa fuga fiscal no solo empobrece al Estado en ingresos: también crea importantes externalidades negativas. Los combustibles importados de manera informal escapan a todo control de calidad, lo que genera riesgos ambientales y sanitarios. Más grave aún, esas redes paralelas desarrollan sus propias lógicas económicas y crean zonas de influencia que escapan parcialmente al control del Estado.

Más pernicioso todavía, esa competencia informal crea una economía de dos velocidades particularmente injusta. Los actores que tienen acceso a los circuitos paralelos se benefician de costos energéticos reducidos y de una ventaja competitiva decisiva, mientras que las empresas obligadas a abastecerse en el mercado formal soportan toda la carga fiscal. Esta distorsión recompensa sistemáticamente la informalidad en detrimento de la legalidad.

La experiencia caribeña: tres lecciones para Haití

La comparación regional muestra que son posibles otras opciones. Barbados aplica, ciertamente, impuestos elevados a los automóviles, que van del 110 al 160 % según los modelos, pero ha introducido exenciones masivas para los vehículos eléctricos, alineando así su fiscalidad con objetivos ambientales. Resultado: un diferencial incentivador de 50 a 80 puntos y unos ingresos tributarios que alcanzan el 28 % del PIB, según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias.

Jamaica ofrece el ejemplo más instructivo de aprendizaje por experimentación. Tras alcanzar tasas confiscatorias del 180 % sobre algunos vehículos, vio caer sus ingresos aduaneros un 23 % entre 2018 y 2020. Adoptó entonces una reforma gradual: redujo los derechos sobre los vehículos eléctricos del 30 % al 10 % y luego extendió la medida a los híbridos. Contrariamente a los temores iniciales, los ingresos se estabilizaron gracias a la ampliación de la base. Es un ejemplo perfecto de lo que Merilee Grindle llama el aprendizaje adaptativo en las políticas públicas.

Trinidad y Tobago optó por la sencillez: mantenimiento del arancel externo común de la CARICOM, del 10 al 20 %, impuestos selectivos focalizados y ausencia de superposiciones fiscales complejas. Los derechos de aduana solo representan allí el 11 % de los ingresos tributarios, frente al 35 % en Haití, y el país evita así las distorsiones más graves. Como había señalado Vito Tanzi, la sencillez fiscal suele ser la mejor estrategia para las administraciones de baja capacidad.

Los costos invisibles: productividad, tecnología, justicia social

Más allá de la pérdida de ingresos, la sobreimposición produce efectos insidiosos en el conjunto de la economía. Diego Restuccia y Richard Rogerson mostraron que las distorsiones fiscales explican entre el 30 y el 50 % de las diferencias de productividad entre países comparables. Chang-Tai Hsieh y Peter Klenow estiman que cada punto de sobreimposición sobre los insumos intermedios reduce la productividad entre 0.3 y 0.5 puntos. Ceteris paribus, con tasas efectivas del 60 al 70 %, eso equivale a una pérdida de productividad del 18 al 35 % para la economía haitiana.

A largo plazo, esta situación crea una verdadera trampa tecnológica. El acceso a las tecnologías modernas se vuelve prohibitivo y los agentes económicos recurren a equipos viejos, más contaminantes y menos productivos. Esta sustitución forzada mantiene la obsolescencia y bloquea la modernización de la economía. Paradójicamente, al querer desalentar la importación de automóviles mediante los impuestos, el sistema fomenta que sigan circulando vehículos viejos muy contaminantes en lugar de que se sustituyan por modelos más recientes y más limpios.

La injusticia social es flagrante. Los actores que tienen acceso a los circuitos paralelos, a menudo los mejor conectados y los más holgados financieramente, se benefician de costos reducidos, mientras que los operadores legales, a menudo más pequeños, pagan la totalidad de la carga fiscal. La fiscalidad haitiana recompensa, por tanto, la informalidad en detrimento de la legalidad, y socava los cimientos del Estado de derecho económico.

El análisis de las estadísticas espejo, que compara las declaraciones de exportación de los socios comerciales con las importaciones declaradas localmente, revela diferencias sustanciales que sugieren ajustes de comportamiento significativos ante la presión fiscal. En el caso de los vehículos automóviles, la diferencia media observada entre 2022 y 2024 alcanza el 28 %, un indicador objetivo de la ineficacia real de las políticas fiscales más allá de las meras declaraciones oficiales.

Una ventana de oportunidad en la crisis

La paradoja fiscal haitiana ilustra lo que Richard Bird llama la «fiscalidad de la desesperación»: multiplicar los gravámenes en la urgencia acaba minando la capacidad del Estado a largo plazo. Pero esta crisis también puede abrir una ventana de oportunidad, en el sentido de John Kingdon: un momento en que convergen la gravedad del problema, la existencia de soluciones técnicas y una presión política.

Las soluciones existen y están documentadas por la experiencia internacional. La simplificación radical del sistema, reduciendo las superposiciones, constituye un requisito previo absoluto. La eliminación de los márgenes de discrecionalidad administrativa y la estandarización de los procedimientos podrían generar ya ganancias de eficiencia sustanciales.

La diversificación progresiva de la base tributaria representa el objetivo estratégico a mediano plazo. El desarrollo de un impuesto sobre la renta y de un IVA eficaces, según el modelo dominicano, constituye la única salida duradera de la dependencia de los ingresos aduaneros. La inversión en capacidades administrativas y en digitalización condiciona el éxito de esas reformas, ya que los sistemas fiscales modernos requieren competencias técnicas y herramientas informáticas que no se improvisan.

La experiencia jamaicana sugiere que un enfoque gradual y experimental puede permitir probar la eficacia de las medidas antes de extenderlas, lo que reduce los riesgos políticos y presupuestarios. Esta metodología tiene la ventaja de crear una dinámica de aprendizaje institucional y de reducir las resistencias a los cambios.

La reintegración progresiva de Haití en los mecanismos caribeños de cooperación fiscal podría aportar la asistencia técnica y los conocimientos especializados necesarios para una reforma de gran alcance. La armonización gradual con los estándares de la CARICOM permitiría no solo aprovechar la experiencia regional, sino también crear sinergias comerciales que ampliarían de forma natural la base tributaria.

Como demostraron Daron Acemoglu y James Robinson, son las decisiones institucionales, más que las restricciones económicas, las que moldean el destino de las naciones. Haití tiene ahora ante sí una elección: persistir en una fiscalidad confiscatoria que se autodestruye o convertir la crisis actual en un trampolín para reconstruir una base tributaria viable y restaurar la legitimidad del impuesto. La magnitud de la crisis constituye quizá, paradójicamente, la oportunidad de esa reacción indispensable.