Autopsia del reclutamiento policial: desafíos y fallas de un sistema

Diecisiete mil ochocientos ochenta. Es el número de jóvenes que, en marzo de 2026, se presentaron a la 37.ª promoción de la Policía Nacional de Haití (PNH) con la esperanza de conseguir una de las 1200 plazas que ofrece la Escuela Nacional de Policía. Con una proporción de un candidato seleccionado por cada quince, la PNH exhibe una selectividad digna de las escuelas de élite más prestigiosas, lo que, en apariencia, debería inspirar confianza en la calidad de los reclutas.

Sin embargo, esa cifra enmascara una realidad mucho más compleja. La cuestión no es saber cuántos candidatos quedan descartados, sino qué selecciona realmente el filtro. Una selectividad elevada pierde todo su sentido si el criterio declarado, el mérito, no es el criterio real de la criba. Cuando las plazas se vuelven escasas, su valor de mercado aumenta, y eso atrae tanto a los mejores elementos como a los peores.

Lo que se constata sobre el terreno contrasta con el riguroso proceso de selección descrito sobre el papel. Los relatos de los ciudadanos son de una constancia inquietante: agentes recién graduados que disparan al aire en sus barrios para asentar su autoridad, automovilistas extorsionados al borde de las carreteras en lugar de ser multados, puestos de control convertidos en peajes para las comerciantes y los transportistas.

Ante estos abusos, la reacción refleja consiste en apuntar a la disciplina de los agentes. Pero ese enfoque llega demasiado tarde. Cuando se intenta sancionar a un agente, este ya posee el arma, el uniforme y la autoridad del Estado. El problema no está en la disciplina, sino en la admisión. ¿Cómo puede un sistema que se supone tan selectivo dejar pasar semejantes perfiles?

La tesis es clara: el sistema de reclutamiento, bajo la presión de la masificación, no es simplemente defectuoso, sino «invertido». Un filtro defectuoso dejaría pasar a los candidatos al azar, mezclando a gente honesta y a depredadores. Un filtro invertido es mucho más peligroso: su propia estructura selecciona de manera preferente a quienes debería excluir. Endurecer este tipo de filtro es contraproducente, porque no hace sino subir el precio de pasar, un precio que solo están dispuestos a pagar los candidatos decididos a resarcirse a costa de la población.

La urgencia como trampa

La falta de efectivos policiales es una realidad que complica la respuesta en materia de seguridad. Si bien los efectivos oficiales suman 15 498 agentes según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el número real de agentes en servicio activo sería muy inferior. A mediados de 2025, The Haitian Times estimaba en unos 13 500 los agentes en servicio activo, una cifra mermada por las salidas al extranjero y por los asesinatos que documenta la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH): 35 agentes muertos entre junio de 2025 y junio de 2026. La relación entre policías y población, estimada en 1.3 por cada 1000 habitantes sobre la base de los efectivos oficiales, sigue muy por debajo de la referencia de 2.2 que suele citarse en las comparaciones internacionales.

Esa ecuación, menos policías frente a amenazas crecientes, es la que condujo al lanzamiento del programa P4000. El objetivo es ambicioso: formar a 4000 policías en 18 meses, es decir, cerca de un tercio de los efectivos en servicio activo.

Fuentes: RNDDH, informe del 12 de junio de 2026 sobre la PNH; Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH); Le Nouvelliste; comunicados de la PNH.

Esa urgencia es real, pero constituye una trampa temible para el proceso de selección. En todo el mundo, el argumento de la urgencia es el más eficaz para rebajar las exigencias. La presión se ejerce sobre dos palancas. Primero, la escasez de plazas, que se convierte en mercancía si la criba no se hace estrictamente por mérito. Después, la compresión del tiempo de formación, que ha pasado de siete meses de internado a unos tres. Ese tiempo en la escuela no se dedicaba solo a la instrucción: servía de segundo tamiz para observar y descartar a los reclutas no aptos. Al suprimir ese período, se ha trasladado todo el peso del control a la entrada, de modo que ese filtro se ha vuelto a la vez crucial y vulnerable.

La anatomía de un filtro poroso

Sobre el papel, el proceso parece sólido: pruebas intelectuales, físicas y médicas, investigaciones de moralidad. Sin embargo, el examen detallado revela fallas graves.

Las pruebas intelectuales y físicas, basadas en puntuaciones y tiempos cronometrados, son difíciles de falsificar de forma masiva y concentran, de hecho, la severidad aparente del proceso. El problema está en otra parte, en los mecanismos de moralidad.

El certificado de «buena vida y costumbres», pieza central del expediente, se ha convertido en un trámite administrativo que se cumple pagando unas tasas. No implica ninguna investigación real en el vecindario ni ninguna verificación a fondo. En realidad, este documento solo acredita la ausencia de condenas conocidas, lo que no basta para evaluar la probidad de un futuro agente.

Paralelamente, los registros policiales existentes están fragmentados y sin explotar. La pérdida de datos causada por la destrucción de 41 comisarías, la debilidad de los sistemas de información y las fugas masivas de 2024 han hecho extremadamente difícil la consulta de los archivos de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) y de las cárceles. En las zonas bajo control de las pandillas, la violencia a menudo ya no deja ningún rastro oficial. El Estado no es ciego, es miope, y esa miopía es curable con una mejor interconexión de los datos.

Otra palanca esencial es la referencia comunitaria. Desde septiembre de 2025 se exigen dos cartas de recomendación, una de ellas de un mando policial. Sin embargo, ningún dato público indica que esas referencias se verifiquen de forma sistemática, a pesar de la obligación de facilitar los números de teléfono de los firmantes. Una referencia a la que nadie llama es una señal de costo nulo y, por tanto, sin valor selectivo.

En la época de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), ese control lo ejercían terceros externos, como la RNDDH o la Unidad de Vetting, lo que permitía descartar perfiles no aptos (26 destituciones en la 17.ª promoción). Desde la salida de las fuerzas de la ONU, esa función de control externo nunca se internalizó realmente ni fue sustituida por una estructura propia, lo que deja el proceso vulnerable.

Por último, las etapas discrecionales, médicas y administrativas, se han convertido en el caldo de cultivo de las acusaciones de corrupción. El informe de ORDEDH del 29 de mayo de 2026, recogido por Vant Bèf Info, habla de un «atraco» al programa P4000, con candidatos descartados en favor de quienes pagaban hasta 75 000 gourdes o se beneficiaban de influencias. Esas acusaciones requieren una auditoría independiente, pero ponen de relieve una fragilidad estructural: la falta de motivación y de publicación de las decisiones favorece las derivas.

El mecanismo de la inversión: por qué gana el depredador

Para comprender por qué el sistema se invierte, hay que analizar el valor del puesto de policía. Este ofrece tres tipos de remuneración. Primero, el salario, un ingreso regular y valioso en una economía en crisis. Después, el dinero de la carretera: la extorsión, los peajes impuestos a las comerciantes, los arreglos con los delincuentes. Por último, el poder, es decir, la capacidad de ejercer autoridad sobre los demás y de proteger a los suyos, una importancia social poco común en un país donde el Estado se ausenta.

Quien entra en la policía para servir se conforma con el salario; para él, el valor del puesto tiene un techo. Quien entra para cobrar o dominar acumula las tres monedas, y para él el valor del puesto no tiene techo. En un sistema en el que el acceso se puede comprar, quien ve en el puesto una inversión rentable, el depredador, está dispuesto a pagar caro por entrar. El candidato honesto, en cambio, se desanima ante el costo o ante la necesidad de mover influencias, porque no puede «rentabilizar» su puesto. Así se produce la inversión: se criba a los candidatos según su apetito de dominación.

Este mecanismo no es teórico: se retroalimenta. Cuantos más reclutas buscan resarcirse, más visible se vuelve la depredación, lo que aumenta el valor del puesto a ojos de los futuros depredadores, y más caro se vende el filtro. Un filtro negligente produciría errores dispersos; un filtro invertido concentra las faltas de conducta allí donde está el dinero: los ejes viales y los puestos de control. La Inspección General podría confirmar esta deriva publicando los datos sobre faltas de conducta desglosados por promoción.

Las lecciones de la historia: filtrar en plena guerra

La idea de que es imposible filtrar durante una crisis queda desmentida por la experiencia internacional. Liberia, Bosnia y Georgia supieron reformar su policía en condiciones extremas, al considerar el filtrado como una operación de guerra indispensable para evitar una infiltración interna.

Cuatro pilares estructuraron esos éxitos. En primer lugar, la investigación a fondo: investigadores asignados a esa tarea, que llevan un número limitado de expedientes, verifican cada referencia y visitan los domicilios; la moralidad se convierte en un oficio, no en un trámite. En segundo lugar, el testimonio comunitario: en Liberia, la exposición pública de los nombres y las fotos de los candidatos permitió a los ciudadanos señalar antecedentes violentos, bajo la supervisión de un consejo mixto de vetting. En tercer lugar, el registro y la certificación: en Bosnia, el registro universal creó los archivos que faltaban y permitió una certificación expediente por expediente, acompañada de vías de recurso para evitar derivas jurídicas. Por último, el tiempo: el período de prueba, que se practica en América del Norte, mantiene la puerta entreabierta después de la formación, de modo que el comportamiento real en el terreno confirma o no el nombramiento definitivo.

Georgia demostró que a veces es necesario disolver una institución corrupta para reconstruir sobre bases sanas, mientras que Kenia ilustró los peligros de una reforma demasiado tardía aplicada a unos efectivos ya en funciones. Entre esos dos extremos, el mensaje es claro: hay que filtrar en la entrada. Por lo demás, la ley Leahy, que prohíbe la asistencia estadounidense en materia de seguridad a las unidades sobre las que existe información creíble de violaciones graves de los derechos humanos, constituye una palanca que los donantes pueden activar para exigir la integridad del filtrado.

Reconstruir: la cadena y la escuela

Para salir de este círculo vicioso, una reforma debe pasar por cinco estaciones auditables, en las que cada decisión es trazable.

La escuela debe recuperar su misión de filtro. Con la compresión de la formación a tres meses, la criba durante el curso casi ha desaparecido: en las dos primeras cohortes del P4000, menos del 2 % de los admitidos no llegó a graduarse, y la escuela se ha convertido en un simple «colador». Hay que restablecer ese tiempo de observación, quizá secuenciando la formación: tres meses de tronco común seguidos de seis meses de prácticas sobre el terreno, supervisadas por tutores certificados. Eso permite conservar el caudal y, a la vez, restablecer la calidad de la criba.

La batalla de la puerta

Haití no padece únicamente la policía que tiene, sino la que fabrica al ritmo más intenso de su historia. De esos 18 meses pueden nacer dos tipos de fuerza pública.

La primera, surgida de un filtro custodiado, llegaría a los barrios con una legitimidad propia, y cada control policial reforzaría la frontera entre el Estado y la pandilla. La segunda, surgida de un filtro vendido, llegaría con el peso de un precio por recuperar, y cada puesto de control borraría la diferencia con la depredación, convirtiendo el uniforme en un simple disfraz para la extorsión.

Nada de lo que hace falta para la primera opción está fuera de alcance. La cantera de candidatos es inmensa, existe el precedente del vetting de la MINUSTAH y los métodos de reforma son conocidos. La palanca de los donantes ya está inscrita en su propia ley. Lo que falta es una decisión política firme: tratar la puerta de entrada de la institución como un frente de guerra.

La reconquista del orden no empezará en los frentes de Kenscoff ni en el Artibonito, sino en una sala de evaluación de la Escuela Nacional de Policía. Se jugará ante un expediente que alguien elegirá, concienzudamente, motivar o, por el contrario, vender. Es a esa escala, en apariencia irrisoria, donde se decide el futuro: el día en que la comerciante vea acercarse un uniforme por la carretera, sabrá, o no sabrá, si la mano tendida es la de un protector. Todavía hay tiempo de elegir el sentido de esa mano.