¿Guerra de pandillas, paz de los cementerios? Salvar el alma de la policía para salvar la República

En el bochorno de Puerto Príncipe, entre los estigmas de un Estado debilitado y la furia de los territorios sustraídos a la ley, se desarrolla una tragedia que la historia nacional nunca había escrito de esta forma. Desde hace años, una fuerza civil, concebida originalmente para la mediación y la paz pública, se encuentra sola frente a la guerra. La Policía Nacional de Haití (PNH), último hilo que aún sostiene al país sobre el precipicio, ya no es solo una institución encargada de hacer cumplir el código penal: se ha convertido, por la fuerza brutal de las cosas, en el último baluarte de la soberanía.

Este desplazamiento tectónico no es anodino. Es el síntoma de una mutación necesaria pero peligrosa. Porque no basta con constatar, con una admiración mezclada de espanto, el valor de esos hombres y esas mujeres que van al frente cada mañana. Hay que tener la lucidez de decir que el heroísmo sin disciplina es un callejón sin salida, y que una policía que se militariza sin un marco doctrinal riguroso corre el riesgo mortal de perder su brújula moral. Ya no es momento de medias tintas ni de pudores periodísticos. Es hora de mirar la realidad de frente: Haití está en guerra, y su policía debe ser transformada, encauzada y protegida para ganar esta batalla sin perder el alma de la República.

I. El pecado original: anatomía de una anomalía institucional

Para entender la tensión que hoy atraviesa a la institución policial, es indispensable convocar a la Historia. La PNH no ha fallado por incompetencia; desde su nacimiento fue colocada en una situación de asimetría funcional rarísima en la historia de las instituciones de seguridad modernas. Cuando en 1994 el Estado haitiano opta por desmovilizar las Fuerzas Armadas, se lanza a un experimento inédito: confiar la totalidad del espectro de la seguridad a una fuerza única, civil por esencia.

La arquitectura concebida entonces, bajo la mirada de la comunidad internacional, era la de una policía de proximidad, inspirada en los modelos occidentales en tiempos de paz. Se imaginaban agentes equipados con silbatos, que dirigían el tránsito e investigaban delitos comunes. Ahora bien, el vacío dejado por el ejército nunca fue llenado por un pensamiento estratégico de defensa nacional. La PNH se encontró a cargo de todo: el mantenimiento del orden, la policía judicial, pero también, de facto, la defensa del territorio y la contrainsurgencia.

Esta situación es una anomalía institucional a escala mundial. Tomemos el modelo francés. La Gendarmería Nacional consigue salvar la enorme distancia que separa la policía rural de la guerra porque es una fuerza armada. Los gendarmes viven en cuarteles, están sometidos a la justicia militar y su formación insiste tanto en el código penal como en la disciplina de combate. Esa dualidad permite pasar sin sobresaltos del control de carretera a la intervención del GIGN, porque la disciplina militar garantiza el autocontrol bajo una presión extrema.

España ofrece un caso similar con la Guardia Civil, fundada en 1844. Esa fuerza atravesó las guerras carlistas, la Guerra Civil y la Transición democrática sin perder su legitimidad, precisamente porque su estatuto militar le imponía una distancia respecto de lo político y un rigor sin fisuras. Italia, por su parte, optó por la redundancia: frente a las Brigadas Rojas y a la Mafia, opuso a los Carabineros (militares) y a la Policía de Estado (civil). El general Dalla Chiesa, asesinado en Palermo en 1982, había comprendido que solo una fuerza híbrida, que combinara el rigor militar y el conocimiento policial del terreno, podía vencer a Cosa Nostra.

Haití, en cambio, tuvo que inventar en la urgencia y en la sangre un modelo híbrido sin esas salvaguardas: una policía civil con misiones de guerra, pero sin el marco jurídico del estado de sitio ni el rigor del código de justicia militar. Es por esa grieta arquitectónica por donde se cuela el peligro actual.

II. La necesidad vital de la fuerza: las lecciones de las guerras asimétricas

Hay que dejar de engañarse con palabras. Haití no atraviesa una crisis de inseguridad clásica. El país está inmerso en una guerra urbana asimétrica cuya intensidad recuerda la que Colombia vivió en las décadas de 1980 y 1990. El enemigo no se limita a traficar: conquista, controla el terreno, desafía la soberanía. Los grupos armados utilizan fusiles de asalto, armas de precisión y tácticas de saturación propias de la guerrilla.

La experiencia colombiana resulta aquí esclarecedora en su brutalidad pedagógica. En la década de 1980, la Policía Nacional de Colombia, fuerza civil, estaba totalmente desbordada por la potencia de fuego de los cárteles de Medellín y Cali. El giro se produce en 1989 con la creación del Bloque de Búsqueda, una unidad especial militarizada. Esa transformación era inevitable: Pablo Escobar había declarado la guerra al Estado.

Pero Colombia pagó el precio de esa militarización con una deriva brutal. Los escuadrones de la muerte y los «falsos positivos» (ejecuciones de civiles presentados como combatientes) estuvieron a punto de hacer perder a la policía su legitimidad popular. Solo con la reforma profunda de 2003, bajo el gobierno de Uribe, la policía colombiana recuperó un equilibrio, al instaurar un control interno draconiano y una separación nítida entre unidades combatientes (adscritas a la Policía de Carabineros) y policía de proximidad.

Brasil, por su parte, ofrece un contraejemplo trágico. En Río, el enfrentamiento entre la Policía Militar (PM) y las facciones del narcotráfico ha desembocado en un punto muerto sangriento. La PM brasileña, aunque militar, sufre un déficit de disciplina interna catastrófico. Los «autos de resistência» (homicidios justificados por la legítima defensa) se cuentan por miles y a menudo encubren ejecuciones extrajudiciales. ¿El resultado? Río tiene una de las tasas de homicidios de policías fuera de servicio más altas del mundo, porque la población de las favelas ya no distingue entre el uniforme y la pandilla.

Ante esta realidad, exigir a la PNH que siga siendo una «policía civil» en el sentido bucólico del término equivaldría a poner deliberadamente en peligro la vida de los agentes. La militarización de las unidades especializadas no es una deriva: es una necesidad de supervivencia. Sin embargo, la historia militar nos advierte: una fuerza que adquiere la potencia de fuego de un ejército sin adquirir su disciplina de hierro acaba a menudo pareciéndose a las bandas que combate.

III. Cuando la excepción agrieta la regla: la señal de alarma

Toda reflexión seria sobre el marco de actuación de la policía debe tener el valor de mirar de frente los hechos recientes. La deriva ya no es solo simbólica. Afecta ahora a lo esencial: la relación con la vida y con la ley. Circulan vehículos fuertemente armados sin identificación clara. Se zanjan disputas privadas con el arma de reglamento.

Estos dramas no son simples sucesos. Son los síntomas de que se está borrando la frontera entre el hombre y la función. Irlanda del Norte ofrece aquí un caso de manual. La Royal Ulster Constabulary (RUC) se militarizó progresivamente frente al IRA. Blindados, fusiles de asalto, cuarteles fortificados: esa militarización era necesaria para sobrevivir. Pero la RUC acabó perdiendo toda legitimidad ante la comunidad católica a causa de los abusos y de la falta de sanciones. Hubo que disolver la RUC en 2001 y crear una nueva policía (PSNI), con un sistema de control independiente (el Ombudsman), para restablecer la confianza.

Para la PNH, el riesgo es inmediato. El silencio o la prudencia excesiva ante las derivas, aunque a menudo dictados por el temor a debilitar a una institución asediada, producen el efecto contrario. A falta de sanciones visibles, se instala una ambigüedad peligrosa. No es necesariamente complicidad, sino una zona gris en la que el agente sobre el terreno puede acabar creyendo que el estado de excepción lo justifica todo.

Ahora bien, en toda guerra de contrainsurgencia, la población es el centro de gravedad. David Galula, teórico francés de la contrainsurgencia, lo repetía: «La verdadera batalla se libra por la lealtad de la población, no por el control del terreno». Si la población empieza a temer al policía tanto como al bandido, las fuentes de inteligencia se secan, las puertas se cierran y la policía se queda ciega. Proteger a la población de los abusos policiales no es debilitar a la policía: es garantizar su eficacia operativa.

IV. El rearme disciplinario: lecciones de otros lugares y de otros tiempos

¿Cómo encauzar entonces esta militarización necesaria sin perder el alma republicana? La respuesta reside en un concepto tan viejo como las legiones romanas, pero demasiado a menudo olvidado: el rearme disciplinario. No se trata solo de castigar, sino de devolver el sentido.

La historia nos muestra que las unidades de élite más temibles en combate son aquellas en las que la disciplina formal es más estricta. El GIGN francés impone un rigor que va mucho más allá del código penal. Esa disciplina crea un espíritu de cuerpo que permite a esos hombres asumir riesgos insensatos sin cometer jamás abusos.

Los Carabineros de Chile ofrecen otro modelo. Su formación insiste tanto en el derecho como en el manejo de las armas. Cada carabinero aprende que el uniforme verde oliva que lleva no es suyo: pertenece a la Institución, y toda falta lo mancha. Esa sacralización del uniforme ha permitido a los Carabineros atravesar los periodos turbulentos sin perder del todo su crédito.

Para la PNH, este rearme disciplinario implica varios frentes de trabajo concretos:

La sacralización del uniforme: El uniforme no es una prenda, es un lenguaje. Cada elemento visible (placa, insignia, grado) recuerda que la autoridad ejercida no emana del individuo, sino del Estado. Un policía que oculta su identidad sin razón táctica, o que mezcla el uniforme reglamentario con accesorios personales, enturbia ese mensaje. Se convierte en una figura ambigua, a medio camino entre el agente del Estado y el combatiente irregular. Esa ambigüedad es peligrosa: para el ciudadano, que ya no sabe con quién está tratando, y para el propio policía, que pierde sus referencias de conducta.

La doctrina del arma: El arma pertenece al Estado y solo sirve al Estado. Su uso en un ámbito privado debe convertirse en un tabú absoluto que acarree la destitución inmediata.

El papel de los mandos intermedios: En el ejército israelí, son los suboficiales quienes sostienen las unidades. Para la PNH, hay que revalorizar a esos mandos de terreno, a esos «cabos estratégicos» que deben tener el valor de decir «no» a sus propios compañeros cuando la línea roja está a punto de cruzarse.

Una justicia interna visible: La Inspección General no debe ser un enemigo, sino el sistema inmunitario del cuerpo. Para que la disciplina sea aceptada, debe ser justa, ejemplar y conocida por todos. La impunidad de uno solo mancha el uniforme de otros miles.

V. Hacia una separación funcional: preparar la paz

La militarización actual debe concebirse como una fase transitoria. Una República no puede vivir indefinidamente en estado de excepción. Desde ahora, la arquitectura de seguridad debe prever el regreso progresivo a la normalidad.

La Sudáfrica posterior al apartheid ofrece un ejemplo de transición. En lugar de disolver una policía militarizada, se llevó a cabo una reforma progresiva que creó un servicio de policía civil distinto de las unidades de intervención. Para Haití, esto implica pensar en una especialización más marcada. Las unidades combatientes (SWAT, UTAG, BIM) deben quedar blindadas, quizá transferidas a una forma de Gendarmería o de Guardia Nacional, distinta de la policía del día a día. Esas unidades tendrían un estatuto híbrido, una formación militar centrada en el derecho humanitario de la guerra, y se emplearían exclusivamente en las operaciones de gran envergadura.

Paralelamente, la policía de proximidad debe reconstruirse para los barrios pacificados, con una doctrina diferente: desarme relativo, mediación, investigación. Hay que preparar la desescalada, para que el policía que aprendió a limpiar una trinchera sepa, mañana, escuchar la denuncia de un ciudadano sin ver en él un blanco. Es el desafío psicológico que Estados Unidos afrontó después de Vietnam, cuando miles de veteranos se hicieron policías y trajeron a veces consigo reflejos de combate inadecuados para la calle.

Conclusión: la disciplina es la forma más alta de protección

La Policía Nacional de Haití es hoy el escudo de la nación. Si ese escudo se rompe bajo los golpes de las pandillas, llega la anarquía. Pero si se transforma en una espada ciega, llega la tiranía. El camino es estrecho, pero es el único digno de nuestra Historia.

Criticar las derivas no es debilitar a la institución. Al contrario, exigirle una conducta irreprochable es mostrarle el mayor respeto. Es considerar que es capaz de llevar sobre sus hombros no solo fusiles, sino también la ética de la República.

El desafío para el mando y para el poder político es inmenso: permitir que la policía libre una guerra implacable contra las pandillas sin dejar de ser una fuerza de la ley. Eso exige valor para sancionar, constancia para formar y una visión clara. Una policía temida por los bandidos y respetada por los ciudadanos es una policía disciplinada. Solo a ese precio la victoria sobre las pandillas no será el preludio de una nueva derrota de la democracia.

Ha llegado la hora de salvar el alma de la policía para salvar la República.